Eduardo Soto Arias
Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Soto Arias
- Esteban García De Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 531/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta y hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguna. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio del año en curso, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Eduardo Soto Arias, Esteban García de Jesús, Froylan Miranda Cruz, Felipe Torres Carrillo, J. Jesús Ruiz Zamudio, Luis Martínez Rivera, Gilberto Miranda Camargo, Jorge Martínez Trinidad, Luis Abigael Sandoval Aguilar, Carlos Silva Pardo, Juan Antonio Ortiz Montoya, Noé Luna Arriaga, Ángel Hernández Rivera, Ignacio Montelongo Rodríguez, Ricardo Echeveste Cortez, Miguel Ángel Sánchez García, Enrique Sánchez Espino, Andrés López López, Felipe Bolaños Medina, José Guadalupe Ramírez Ruiz, Albino Domínguez Carrillo, José Emmanuel Ávila Martínez, Rosendo Albino Segura García, Miguel Socorro Mora Mejía, Fernando Ulises Acuña Téllez, José Albino Pérez Acosta, Karina Villegas Coss, Rogelio Guzmán Trujillo, Alejandro Terrazas García, Kelvin Garduño Huerta, Rigoberto Castulo García, Luis Alberto Mejía Chigüindo, María del Rosario Palacios Alcántar, José Carmen Escamilla Vega; y Omar Rodríguez Acevedo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: * Presidente Constitucional de Ciudad Hidalgo, Michoacán; * Director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SAPA) de Ciudad Hidalgo, Michoacán; * Director de Seguridad Pública, Tránsito y Viabilidad del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán; * Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán; * Tesorero Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán; y, * Subdirector Técnico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado SAPA) de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Actos reclamados: 1. La privación de la libertad emitida contra los quejosos, así como su ejecución; 2. La orden de desaparición forzada y detención; 3. La orden de reprimir la manifestación pacífica de los quejosos, misma que llevaron a cabo en reclamo de que se respete su derecho al trabajo y a decidir por sus gobernantes de manera libre y secreta; y, 4. La orden de confiscar sus teléfonos celulares y aparatos de videograbación. Segundo. Admisión de la demanda. El veinticuatro de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda que originó el presente expediente; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter positivo atribuido a autoridades responsables ejecutoras, con residencia en este Distrito Judicial, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, así como las facultades de este órgano jurisdiccional se tiene como acto reclamado los siguientes: 1. La privación de la libertad emitida contra los quejosos, así como su ejecución; 2. La orden de desaparición forzada y detención; 3. La orden de reprimir la manifestación pacífica de los quejosos, misma que llevaron a cabo en reclamo de que se respete su derecho al trabajo y a decidir por sus gobernantes de manera libre y secreta; y, 4. La orden de confiscar sus teléfonos celulares y aparatos de videograbación. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, adicionado y reformado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Soto Arias, Esteban García de Jesús, Froylan Miranda Cruz, Felipe Torres Carrillo, J. Jesús Ruiz Zamudio, Luis Martínez Rivera, Gilberto Miranda Camargo, Jorge Martínez Trinidad, Luis Abigael Sandoval Aguilar, Carlos Silva Pardo, Juan Antonio Ortiz Montoya, Noé Luna Arriaga, Ángel Hernández Rivera, Ignacio Montelongo Rodríguez, Ricardo Echeveste Cortez, Miguel Ángel Sánchez García, Enrique Sánchez Espino, Andrés López López, Felipe Bolaños Medina, José Guadalupe Ramírez Ruiz, Albino Domínguez Carrillo, José Emmanuel Ávila Martínez, Rosendo Albino Segura García, Miguel Socorro Mora Mejía, Fernando Ulises Acuña Téllez, José Albino Pérez Acosta, Karina Villegas Coss, Rogelio Guzmán Trujillo, Alejandro Terrazas García, Kelvin Garduño Huerta, Rigoberto Castulo García, Luis Alberto Mejía Chigüindo, María del Rosario Palacios Alcántar, José Carmen Escamilla Vega; y Omar Rodríguez Acevedo, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las autoridades siguientes: * Director del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SAPA); y, * Subdirector Técnico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SAPA), ambos de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes justificados que rinden las autoridades siguientes: * Presidente Constitucional del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán; * Tesorero Municipal de Ciudad Hidalgo, Michoacán; y, * Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Eduardo Reyes Barrera716/2018
- Eduardo Rogelio Ponce Contreras584/2020
- Eduardo Ruiz Gomez223/2019
- Eduardo Ruiz Gomez1048/2021
- Eduardo Sanchez Ramirez1118/2022
- Eduardo Sosa Huerta29/2018
- Eduardo Tena Flores673/2018
- Eduardo Tena Flores434/2019
- Eduardo Vivanco Alvarez904/2019
- Eduin Jonas Delgado Soria462/2020
- Edward Abel Cornejo Rodríguez1064/2019
- Edward Stew Standfield1133/2019