Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara

Expediente 275/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
275/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    agréguese el oficio de cuenta, signado por la Juez Interina Cuarto de Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia definitiva en el presente juicio de amparo. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra de la sentencia de seis de abril del presente año, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. ." se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese al presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ." agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por Juez Interina Cuarto de Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio 3434/2021, a través del cual se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    ." PROCEDENCIA 1. Negativa de señalar al actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no señaló como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México. Para evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta los numerales invocados, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearla, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables". De los preceptos transcritos se extrae que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda no se exprese la autoridad o autoridades responsables, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En consecuencia, la parte quejosa tiene el deber de señalar en su denominación correcta a las autoridades responsables a fin de que se constituya válidamente la relación jurídico- procesal, ya que sólo de esa manera se podría llamar a juicio a dicha entidad para que ocurra al proceso en defensa de la actuación que se combate y, por tanto, de ser procedente el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional estará en aptitud de analizar la constitucionalidad de la conducta autoritaria, porque de lo contrario, no podrá vincular ese análisis al acto de una autoridad que no formó parte de esa relación, en virtud de que no se le permitiría hacer uso de su derecho a la defensa. En el caso el impetrante, en su carácter de tercero extraño por equiparación, reclamó la falta de notificación del auto de treinta de abril de dos mil veinte, dictado en la controversia del orden familiar 502/2020, en el que se decretó una pensión alimenticia a favor de Jaqueline Martínez Zavala y del menor hijo de las partes, equivalente al 30% (treinta por ciento) de sus percepciones ordinarias y extraordinarias, y se ordenó girar oficio al representante legal del corporativo Office Depot, para que se realizara el descuento respectivo y la cantidad resultante fuera entregada a los acreedores alimentarios. Ahora, mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al actuario judicial adscrito al Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo apercibimiento que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. En respuesta a lo anterior, mediante escrito con número de registro 1743, Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara manifestó expresamente lo siguiente: "En términos del requerimiento efectuado por el presente órgano jurisdiccional manifiesto que No deseo señalar como autoridad responsable al actuario judicial adscrito al Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Familiar de la Ciudad de México". Así las cosas, la voluntad expresa del impetrante de no querer señalar al actuario en mención como autoridad responsable del acto que le afecta, impide examinar su constitucionalidad, lo que conlleva a que se surta la causal de improcedencia de mérito. En ese orden de ideas, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. 2. El quejoso no tiene el carácter de tercero extraño. Este Juzgador considera, que en el presente asunto también se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, debido a que en la controversia de origen no se ha dictado sentencia definitiva. En efecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone, que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Por su parte y con relación al concepto de persona extraña a juicio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo que se promueve ante un Juez de Distrito es procedente cuando se pide por personas extrañas a juicio, sean morales o físicas, distintas de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila. Así, la procedencia del juicio constitucional fundada en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, comprende tanto a la persona extraña al procedimiento que no tiene la calidad de parte material, como a quien sí figura en el juicio con la calidad de actor o demandado, pero que no fue emplazado o éste es ilegal, y ya no está en aptitud de hacer valer sus derechos; de modo que lo trascendente en ambos casos es que tienen un desconocimiento total del procedimiento de donde surge el acto reclamado y que, por ende, no están en posibilidad de promover los medios ordinarios de defensa en dicho proceso. Así, lo característico de ambos supuestos es que no existe una real vinculación al juicio de origen de los actos que les afectan, porque en el primer caso como persona extraña que no es parte material, los actos no están dirigidos a su persona, pero su ejecución sí afecta a su esfera de derechos; mientras que en el segundo, aunque es parte material y están dirigidos en su contra, el planteamiento de ilegalidad, defecto o inexistencia del emplazamiento, genera la posibilidad de que la vinculación que surge del emplazamiento no exista, puesto que ante la falta de llamamiento a juicio no se habrá integrado la relación procesal entre juez, actor y demandado. En ese sentido, por regla general, cuando el peticionario de garantías no es emplazado a juicio o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, ocasionándole con ello un desconocimiento total, se le equipara a una persona extraña a juicio y procede el juicio de amparo indirecto contra la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, sin que pueda exigírsele que agote previamente los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento. Empero, esa regla general sólo es aplicable si el quejoso no emplazado o indebidamente citado a juicio, adquiere conocimiento de ese acto cuando el juicio se hubiere resuelto mediante sentencia, en cuyo caso es equiparable a un tercero extraño al juicio, por no haber tenido la oportunidad de agotar los recursos previstos en la ley que rija el acto. Sin embargo, no opera cuando el impetrante, siendo parte del procedimiento, toma conocimiento de su existencia antes de la emisión de la sentencia respectiva, dado que en este caso, debe considerarse que por ser parte en el juicio, puede comparecer a hacer valer sus derechos y tiene la obligación de combatir los actos que considere le son adversos, a través de los recursos y medios de defensa previstos en la ley procesal civil, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. ."En la especie, de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe, se advierte que mediante comparecencia de treinta de abril de dos mil veinte, Jaqueline Martínez Zavala, por propio derecho, demandó en la vía de controversia del orden familiar de Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara, la guarda y custodia del menor de iniciales S.H.R.M, así como una pensión alimenticia en favor de éste y de la actora. Por razón de guardia, tocó conocer al Juez Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, mismo que en ese mismo acto admitió a trámite la demanda registrándola con el número 502/2020, ordenó emplazar al enjuiciado para que contestara el líbelo incoado en su contra, decretó la guarda y custodia provisional a favor de Jaqueline Martínez Zavala y fijó a favor de ésta y su menor hijo una pensión alimenticia equivalente al 30% (treinta por ciento) de las percepciones ordinarias y extraordinarias del Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara, por lo que ordenó girar oficio al representante legal del corporativo Office Depot, para que se realizara el descuento respectivo y la cantidad resultante fuera entregada a sus acreedores alimentarios. En proveído de diez de agosto siguiente, el juez natural tuvo por asentada la razón, en la que el actuario judicial hizo constar las razones por las cuales no le fue posible emplazar al demandado. En cumplimiento a lo ordenado por el a quo, mediante oficio 1366 el Director de Recursos Humanos de Office Depot informó que a se efectuaría el descuento mensual correspondiente al 30% (treinta por ciento) de las percepciones ordinarias y extraordinarias de Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara, por concepto de pensión alimenticia, y que la cantidad resultante sería entregada por medio de cheque en beneficio de la accionante. Hasta aquí el estado procesal que guarda la controversia del orden familiar de la que derivan los actos reclamados. Así las cosas, como se aprecia de los antecedentes narrados, en la controversia de origen no se ha dictado sentencia, por lo tanto, dicha circunstancia desvirtúa el carácter de tercero extraño con el que el peticionario del amparo promovió este juicio constitucional. En esas condiciones, como parte en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, Eduardo Sinuhe Rodriguez Alcantara está en aptitud de comparecer a hacer valer sus derechos e impugnar las determinaciones que consideren les son adversas. En las relatadas condiciones, si el quejoso promovió el juicio de amparo con la referida calidad, sin tenerla en realidad; esto es, sin tener el carácter de persona extraña, se actualiza el supuesto de improcedencia del juicio de amparo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. VIII. DECISIÓN. En las relatadas consideraciones, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo. R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara, por propio derecho contra los actos reclamados de los Jueces Primero al Trigésimo Sexto y del Trigésimo Octavo al Cuadragésimo Segundo Familiar, así como de los Jueces Primero al Décimo de Proceso Oral Familiar, todos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando V. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Sinuhe Rodríguez Alcántara, en contra de los actos reclamados al Juez Trigésimo Séptimo Familiar de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

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