Eduardo Silva Carreño
Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2023
Partes del expediente
- Eduardo Silva Carreño
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, MISMO QUE DICE: Tijuana, Baja California, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por Eduardo Silva Carreño, por derecho propio; contra actos del Director del Centro Penitenciario denominado "La Mesa" de esta ciudad de Tijuana, Baja California y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese el ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 627/2023-VI. Previo acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad, deficiencia o improcedencia en ésta, se acordara lo conducente, ahora bien los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.....De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre al estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia....Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causal de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ...Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta, así como la sesión remota de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que resolvió la contradicción de tesis 448/2019, y por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de la Ministra Ponente, cuyo contenido publicará en su oportunidad, que resolvió que contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe promoverse el recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de interponer juicio de amparo. Lo anterior, se invoca como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito visible en la página 804, Tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 183053, publicada con rubro y texto siguiente:...Así, una vez analizado el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para justificar la causal de improcedencia que nos ocupa, resulta necesario destacar que el Sistema Procesal Penal Acusatorio fue instaurado a nivel constitucional desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que derivado de ello, se estableció que habrían de crearse los ordenamientos legales necesarios, obviamente enfocados en desarrollar dicho sistema procesal, a fin de lograr su instrumentación. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente señaló como acto reclamado la ejecución de traslado del Centro de Reinserción Social "La Mesa" de esta ciudad Tijuana, Baja California, al Centro de Reinserción el Social "El Hongo", Tecate, Baja California. Ahora bien, la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, establece:...De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso previamente a instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, el peticionario de amparo debió cumplir con el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que, contra el actuar de la autoridad que reputan constitutiva del acto reclamado, existe un medio de defensa ordinario por virtud del cual pueden ser reinstalados en los módulos y estancias en las que se encontraba habitando, previsto precisamente en la ley que rige al acto, esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en razón de lo que disponen los normativos 1, fracción II, 2, 3, fracciones X, XI, XII, XVI, XVII y XXIV, 4, 5, 7, 9, fracciones I, IV, IX, X y XII, 24, 25 y 31 establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, siendo un ordenamiento de orden público y observancia general en la Federación y las entidades federativas, en todo lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas, derivadas de la comisión de hechos que la Ley penal considera como delictivos, sean competencia de los tribunales de fuero federal o local, partiendo de la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que forme parte el Estado mexicano, entre ellos, el aspecto que aquí nos atañe, esto es, la negativa de trasladarlo a diverso centro de reclusión, en lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el diverso movimiento administrativo: a) El TRASLADO VOLUNTARIO, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. b) El TRASLADO INVOLUNTARIO tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de APELACIÓN. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) El TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 522 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien, a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un controljurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la APELACIÓN, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una CONTROVERSIA JUDICIAL contra la determinación administrativa. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario (controversia judicial), o bien, excepcional (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. (controversia judicial o recurso de apelación, atendiendo al caso). En ese tenor, se aprecia que Eduardo Silva Carreño, reclama la ejecución de traslado del Centro de Reinserción Social "La Mesa" en esta ciudad Tijuana, Baja California, al Centro de Reinserción el Social "El Hongo", Tecate, Baja California. Entonces, partiendo de esa premisa y de lo expuesto en párrafos precedentes se obtiene que, el quejoso previo a acudir al amparo, debió agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III de la Ley de Ejecución Penal, y en caso desfavorable, interponer el recurso de apelación que prevé el numeral 131 de citada ley; lo que pone de relieve que tiene a su alcance un medio de defensa ordinario; y, por tanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Es importante mencionar que el criterio asumido por este órgano jurisdiccional en el presente asunto, atiende a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 449/2019; en el sentido de que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, como se puntualizó previamente, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Como se observa en el citado criterio, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 117, fracción III, y 132 concluyó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. En conclusión, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el los artículo 113 y 217, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR SER UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo promovida por Eduardo Silva Carreño, contra actos del Director del Centro Penitenciario denominado "La Mesa" de esta ciudad de Tijuana, Baja California y otras autoridades. Finalmente, se puntualiza que la determinación anterior, no contraviene lo dispuesto en el párrafo segundo del normativo 1 constitucional, mismo que obliga a todas las autoridades del país a interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia. Ello es así, por dos razones fundamentales. La primera, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, que resulta ser la norma que rige el acto reclamado, cumple con la previsión constitucional de favorecer a los destinatarios de la misma la protección más amplia y, la segunda, porque la observancia del principio pro persona, no implica que la autoridad soslaye los requisitos previstos en la ley para hacer procedente lo que no lo es, también por disposición legal y que, en el caso concreto, la improcedencia del juicio de amparo, no constituye un acto restrictivo de derecho humano alguno, en concreto el de acceso a la justicia, pues como ya se explicó solo se inclina a que se agoten los recursos internos al alcance del gobernado y, en caso de estimar que agotados los mismos la determinación que ahí se emita la estime violatoria de Derechos Humanos, ahí sí acudir a esta instancia constitucional. ...Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. De igual forma, se tiene como autorizado de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Roberto Carlos Traspeña Albarran, dado que tiene inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en derecho. Por otro lado, de conformidad con el artículo 2 fracción XIX del Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, se tiene al promovente señalando el siguiente número telefónico 664127-81-79, así como el correo electrónico robertotraspe@gmail.com, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este Juzgado Federal lo estime necesario. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles...
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