Eduardo Sierra Gonzalez

Expediente 809/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
809/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Sierra Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. (...) Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que no obran en el juicio de amparo en que se actúa las constancias de notificación de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, se ordena la expedición de tales oficios a fin de que se encuentren debidamente notificadas las autoridades responsables. Por recibido el escrito signado por signado electrónicamente por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en el presente juicio de amparo. Por lo que hace a la devolución de documentos, infórmese al quejoso que una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, podrá solicitar nuevamente su devolución, ya que de conformidad con el artículo 280, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos ofrecidos por las partes pueden ser objetados, por lo que no es procedente ordenar la devolución de los mismos en esta etapa procesal; no obstante lo anterior queda expedito su derecho de solicitar copias certificadas de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número P./J. 22/2000, Tomo: XI, Marzo de 2000, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a la página 24 que a la letra dice: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo." Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 809/2020-VI, promovido por *******, por propio derecho y en representación de Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana, del Sindicato Nacional de la Industrita de Medios Audiovisuales Similares y Conexos de la República Mexicana, de la********************, así como de********************, contra actos que reclama del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete de agosto de dos mil veinte, turnado el veintiocho siguiente a este juzgado, ******, por propio derecho y en representación de Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana, del Sindicato Nacional de la Industrita de Medios Audiovisuales Similares y Conexos de la República Mexicana, de la********************, así como de********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio... 2) Director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, con domicilio... IV. ACTOS RECLAMADOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA La abstención de remitir el acuerdo de fecha 4 de junio de 2018 suscrito por el Director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, para su integración y valoración dentro de la carpeta de investigación ******. Acuerdo suscrito por el titular de la UIF mediante el cual da de baja de la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diversas personas entre las que se encuentran el suscrito y las personas morales a las que represento. DEL DIRECTOR DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. La abstención de remitir el oficio 75/2019 de fecha 9 de enero de 2019 suscrito por el Director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, para su integración y valoración dentro de la carpeta de investigación *****. Oficio suscrito por el director de procesos legales de la UIF, mediante el cual informa al suscrito, que mediante el acuerdo de 4 de junio de 2018 se dieron de baja en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al suscrito a las personas morales a las que represento." SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La quejosa señaló como derecho fundamental vulnerado en su perjuicio el contenido en los artículos 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Admisión de demanda. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se registró bajo el número de juicio de amparo 809/2020-VI, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete CUARTO. Verificación de audiencia. En la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede y concluye con la siguiente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades administrativas residentes en esta ciudad. SEGUNDO. fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda y de su aclaración, se advierte que se reclama: La omisión de remitir el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, a la carpeta de investigación *****. La omisión de remitir el oficio 75/2019, de nueve de enero de dos mil diecinueve, a la carpeta de investigación ****. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Titular y al Director General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera, consistente en la omisión de remitir el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho y el oficio 75/2019, de nueve de enero de dos mil diecinueve, a la carpeta de investigación ****, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 148 a 151). Negativa que se corrobora, del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo que se conoce que mediante oficio ***, de veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera remitió al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, en relación con la carpeta de investigación ****, el acuse del oficio ****, de nueve de enero de dos mil diecinueve, e hizo de su conocimiento que no se cuenta con procedimiento administrativo en contra de las personas referidas en el oficio de referencia, así como que se encuentra imposibilitado para proporcionar copia del Acuerdo emitido el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en razón de que los acuerdos emitidos por el titular de dicha Unidad de Inteligencia Financiera, tienen soporte en los reportes de operaciones que recibe dicha Unidad por parte de las entidades financieras y demás sujetos obligados a ello, los cuales son considerados de carácter confidencial, además de que dicha información también es de carácter reservado. Ahora, del escrito inicial de demanda se conoce que fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete de agosto de dos mil veinte. De lo anterior se advierte que, como lo afirman las autoridades señaladas como responsables, no incurrieron en la omisión reclamada, toda vez que el oficio que identifica el quejoso como 75/2019, de nueve de enero de dos mil diecinueve, fue remitido a la carpeta de investigación ****, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, es decir con antelación a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Por lo que hace a la omisión de remitir el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable manifestó la imposibilidad para remitir dicho acuerdo, así como el documento soporte, por las consideraciones que expuso en el referido oficio. Lo anterior sin que la parte quejosa hubiere aportado al presente juicio de amparo prueba alguna en contrario o de autos se advierta alguna que desvirtúe dicha negativa, así como la omisión de la autoridad de actuar en el sentido que refiere. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así como la diversa jurisprudencia número (V Región)2o. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo III, página 2351, con número de registro 2017654, que establece: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en relación con dichos actos.. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *****, por propio derecho y en representación de Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados Similares y Conexos de la República Mexicana, del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana, del Sindicato Nacional de la Industrita de Medios Audiovisuales Similares y Conexos de la República Mexicana, de la********************, así como de********************, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, uno de octubre de dos mil veinte. Por recibido el INFORME JUSTIFICADO remitido vía correo electrónico institucional por la Directora General en representación del Titular y del Director General de Procesos Legales, en su denominación correcta, todos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, respecto de los delegados de las autoridades responsables citadas, debe decirse que en el oficio de cuenta, manifestaron que los nombres de las personas a la que se les dio dicho carácter eran omitidos, al tratarse de información reservada y confidencial, en términos del pronunciamiento del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de once de abril de dos mil diecinueve, por lo que, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por designados como delegados de su parte a persona alguna. Se dice lo anterior, pues si bien, se deben de seguir los postulados que, en materia de transparencia, prevén la Constitución y las leyes secundarias, las partes en los juicios constitucionales, así como sus autorizados y/o sus delegados, deben estar debidamente identificados para que exista certeza jurídica respecto de las personas que intervienen, actúan y tienen interacción en los expedientes. De manera que, aunque se haya determinado como información reservada o confidencial aquella relativa a los datos de identificación de los servidores públicos de la Unidad mencionada, dicha reserva no puede, en aras de salvaguardar la seguridad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, servir como fundamento para tener como delegados de las responsables aludidas a personas que no se encuentran debidamente identificadas. Notifíquese.

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