Eduardo Segura Valdez
Expediente 2521/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/11/2020
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Eduardo Segura Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que la última notificación de la resolución que por un lado sobreseyó y por otro negó el amparo y protección de la justicia federal, se efectuó el cuatro de septiembre del presente año, sin que se haya interpuesto recurso alguno, dentro del término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Por otra parte, con sustento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que de una parte se concedió la suspensión de los actos reclamados y de otra se negó, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se obtiene que el quejoso Cesar Manuel González Cruz, hizo del conocimiento por libelo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, el uno de julio del año en curso, en el expediente 457/2015 dictó un acuerdo respecto a una solicitud de levantamiento de las medidas precautorias ordenadas el seis de octubre de dos mil quince por dicha responsable, sin que en el mismo se haya acotado lo relativo a la suspensión otorgada en el presente incidente de suspensión; lo que originó, que no se le permitiera participar en la asamblea de treinta de julio de dos mil diecinueve, transgrediendose con ello la suspensión definitiva. Por tanto, a fin de poder resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable de previa mención, para que remita la totalidad de las constancias que dieron origen al auto de uno de julio de dos mil diecinueve, asimismo, el proveído aludido; así como, todas las actuaciones que guardan relación con la asamblea de ejidatarios celebrada el treinta de julio del año en curso, o bien, manifieste el impedimento legal que tuviere para ello. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil cuatrocientos cincuenta y seis, tomo XXXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se señalan las TRECE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para el verificativo de la audiencia incidental por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticinco de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a dicha parte procesal el cuatro de noviembre del año actual, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del seis al ocho de noviembre de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el seis de junio de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". a) Los artículos 24, fracción XXIII, 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como los diversos 76 a 82, de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la quejosa con fundamento en las disposiciones anteriores, en el comprobante de depósito de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, realizado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 17), exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa. (.) Sin que sea necesario requerir a dicha autoridad por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. c) Asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XXIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, así como los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; es decir, para que vigilara que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente, en el presente y en el futuro, tales numerales legales; y, B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones pagadas con motivo de la aplicación de los arábigos tildados de inconstitucionales; la cual debía ser actualizada Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque en el mes de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $9,485.06 (nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 06/100, moneda nacional), debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $9,433.99 (nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 99/100, moneda nacional), se le resta la comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $9,430.99 (nueve mil cuatrocientos treinta pesos 99/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese contexto, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y en el mes de octubre de este año, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de febrero a septiembre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del presente año entre el índice para el mes de febrero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079 y para el mes de septiembre del presente año 103.670; en ese contexto, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00573. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,485.02 (nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 02/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $54.03 (cincuenta y cuatro pesos 03/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $9,485.02 (nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 02/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa cantidad de $9,485.06 (nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 06/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $0.04 (cuatro centavos), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la peticionaria la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio del presente año, se remitió el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 928/2019, al que por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con domicilio en esta ciudad, a efecto de que resolviera dicho medio de impugnación, el cual fue registrado con el número 517/2019, de su índice; por tanto, gírese atento oficio a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, se reserva proveer en cuanto ordenar el archivo del sumario en que se actúa, de conformidad con el numeral 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, hasta en tanto, se resuelva el recurso de revisión indicado en el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar de manera personal al tercero interesado ***, la resolución emitida dentro del cuaderno auxiliar 709/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Mazatlán, Sinaloa, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad donde pueda ser notificada dicha parte procesal. Luego, del estado que guardan los presentes autos se aprecia que en diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 39) la actuaria judicial adscrita tuvo por notificado al tercero interesado Rogelio Hernández Aquino, por lista y por lista en una página electrónica el contenido del auto de trece de agosto de este año, en el que, entre otras cosas, se le requirió para efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al que quedara debidamente notificado, señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, bajo el apercibimiento respectivo; sin embargo, a la fecha en que se actúa no cumplimentó dicho requerimiento; en consecuencia, con la finalidad de no retardar la secuela del presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 26, fracción III, practíquese la notificación respectiva, así como las subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, hasta que la parte en mención señale domicilio procesal en esta ciudad. Notifíquese.
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