Eduardo Santos Aldama
Expediente 856/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eduardo Santos Aldama
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 856/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ************, e informa que se avocó al conocimiento del mismo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y se archiva el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 20 del citado acuerdo, al ser un cuaderno de antecedentes, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señalada. Lo anterior, toda vez que, del contenido del citado acuerdo, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, se recibieron las constancias que remitió la Apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en alcance a su informe justificado, mismo que le fue notificado a las partes el veintiuno de abril de este año; por tanto, aún se encuentra transcurriendo el término que refiere el artículo 117 de la Ley Amparo, para que las partes se impongan del contenido del mencionado informe. En tal virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que estaba señalada para este día, y en su lugar se fijan para su celebración las once horas con veintitrés minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa José del Carmen Díaz López. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realice las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, misma que se concedió para los efectos siguientes: "1 Deje insubsistente la sentencia condenatoria emitida en la audiencia de juicio oral, así como su versión escrita. 2 Reponga el procedimiento desde el inicio de la etapa intermedia. En el entendido de que en la audiencia respectiva deberá requerir al imputado para que nombre un defensor distinto al nombrado en dicha etapa, con conocimiento en el sistema penal acusatorio, y, de no hacerlo, se le designará uno de oficio; se precisa que en caso de que José del Carmen Díaz López, opte por llevar el juicio oral, deberá ser un Tribunal de Enjuiciamiento diferente al que resolvió la primera ocasión; y, Para garantizar de manera plena los derechos de la víctima de iniciales J.X.D.B., quien resulta ser menor de edad, debe atender en todo momento el interés superior de la menor, a fin de evitar cualquier forma de daño a su salud física y mental o, incluso, ponerla en riesgo." Hecho que sea lo anterior, remitan copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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