Eduardo Sanchez Romero

Expediente 573/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
573/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Sanchez Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 404-3, dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, adscrito a la Fiscalía General del Estado (Nadia Guzmán Catarino), con la leyenda "destinatario inexistente". Sin embargo, de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, se advierte que la referida autoridad responsable ha sido notificada dentro del presente sumario constitucional bajo dicha denominación (foja 211). Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 1410, signado por la Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla - autoridad no responsable- y, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 404-1, de esta estadística, mediante el cual se le devolvió el disco versátil formato DVD, remitido mediante oficio 676 de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, (foja 53), de lo que esta potestad federal queda enterada. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 201 a 204), donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del trece de septiembre al cuatro de octubre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable 1. Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, remitiera como justificación de su informe, (y con la que se ordenó formar anexo I, en acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve), devuélvase la misma a la autoridad antes referida. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad responsable 1. Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. En esa misma tesitura, como resulta innecesario conservar la documental que la autoridad no responsable Jueza de Control Región Judicial Centro-Poniente, remitiera a este órgano de control constitucional, consistente en un disco versátil formato DVD, que obra agregado a foja cincuenta y cinco de autos, devuélvase el mismo a su lugar de origen, Asimismo, se solicita a la autoridad en cita a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción del citado disco en formato versátil (DVD). Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que considerara oportuno respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría), a la ejecutoria de amparo, lo cual hizo por escrito presentado ante este juzgado de Distrito el veintiséis de agosto del actual (fojas 183 a 190); en tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si fue acatada, para lo cual se toman en cuenta tanto los datos que obran en este expediente, como lo manifestado por el quejoso. Por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintidós de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo solicitado por los vicios de forma advertidos, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En virtud de las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución, donde se concedió el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se exponen los efectos de dicha concesión. Ahora bien, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, debe realizar lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca penal 7/2019, en la que confirmó la determinación del juez de control de no embargar las cuentas bancarias de los imputados. II. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: 1. Deberá analizar y dar respuesta exhaustiva y congruente a todos los agravios planteados por el apelante en el recurso de apelación. 2. Resolver el recurso de apelación y notificarlo a las partes. Lo anterior, pues sólo así, se restituirá al quejoso en el goce las garantía violada, al darle respuesta congruente a sus agravios; ya que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". (fojas 127 vuelta a 128). Mediante proveído de trece de agosto dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento del fallo protector al Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Amador Coutiño Chavarría) (fojas 139 a 140). En respuesta, el magistrado de Sala responsable envió el oficio 2650 de diecinueve de agosto del dos mil diecinueve (foja 152), al que adjuntó la resolución de la misma fecha, dictada en el toca 7/2019, en la cual realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el indicado toca penal. 2. Con libertad de jurisdicción, dictó otra resolución en la cual confirmó la determinación del Juez de Control de la Región Judicial Centro -Poniente con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, emitida en audiencia de once de marzo de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial 27/2018/CJP/SANMARTÍN, que niega la medida precautoria de inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentren registrados en el sistema financiero a nombre de los terceros interesados Arturo Noé Arciniega Valverde y/o Arturo Arciniega Valverde, así como Juan Manuel Connors García, con la finalidad de garantizar la reparación del daño. Se observa, además, que el magistrado responsable purgó los vicios formales destacados en el fallo protector, ya que dio respuesta exhaustiva y congruente a los agravios planteados por el ahora quejoso, dentro del recurso de apelación 7/2019, como se desprende del análisis comparativo entre los motivos de disenso esgrimidos en dicho recurso (fojas 38 a 44, anexo I de prueba), y los argumentos que fueron materia de estudio por la citada autoridad responsable. Por otra parte, en oficio 2691 de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (foja 166), el magistrado responsable remitió copia certificada de las constancias de notificación de la resolución dictada en cumplimiento al fallo de amparo (fojas 167 a 171). Consecuentemente, se considera cumplido el fallo constitucional, habida cuenta que el magistrado de Sala responsable: a) dejó insubsistente la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca penal 7/2019, b) en lugar de la anterior, dictó otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, estudió todos los agravios vertidos por el apelante, aquí quejoso, y c) notificó la nueva determinación a las partes. No obsta a lo anterior, lo sostenido por el quejoso en su escrito presentado el veintiséis de agosto del año en curso (fojas 183 a 190), en el sentido de que el magistrado de Sala responsable, intencionalmente, omite cumplir el fallo protector, porque en la nueva resolución: - Insiste que carece de elementos suficientes para decretar la medida precautoria solicitada sobre la base de que el denunciado (Arturo Noé Arciniega Valverde y/o Arturo Arciniega Valverde) no acepta que los balances sean suyos; sin embargo, no niega ser titular de los fondos crediticios, además de que fue éste quien le proporcionó la información de las cuentas bancarias al momento de realizar los pagos. - Refiere que no es deber del juez de control ni de la Sala penal pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero pasa por alto que el particular no puede obtener información de los depósitos o cuentas existentes en las instituciones de crédito, por tratarse de información protegida por el secreto bancario. Lo anterior, toda vez que el amparo se otorgó por violaciones de forma advertidas en la resolución reclamada, originadas por falta de estudio de los agravios vertidos por el quejoso en el recurso de apelación 7/2019, es decir, incongruencias por omisión en su dictado, y no por trasgresiones de fondo como las planteadas por el solicitante del amparo. En efecto, a diferencia de las violaciones de fondo que se relacionan con aspectos de orden sustancial que resuelven una controversia, las transgresiones formales son infracciones de carácter adjetivo que se cometen al momento de dictar la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio o recurso, como en la especie sucede, en la que no se examinaron varios puntos litigiosos. De manera que si la materia de cumplimiento versa sobre el resarcimiento de violaciones formales que fueron reparadas y no aspectos de fondo, es que se declara acatado el fallo protector. Es ilustrativa, por las razones ahí plasmadas, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido se transcribe: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad" . Tampoco se está en el caso de hacer efectivo el apercibimiento de multa con que se conminó al magistrado responsable; de remitir los autos al tribunal colegiado en materia penal que corresponda para iniciar el trámite de inejecución de la ejecutoria de amparo, así como dar vista a la ministerio público adscrita a este juzgado de Distrito a fin de que inicie indagatoria contra de la referida autoridad responsable, en términos del ordinal 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Se vierte tal aseveración tomando en cuenta que los dos primeros apercibimientos se formularon al magistrado responsable únicamente en el caso de que, en forma injustificada, no cumpliera con lo ordenado en la sentencia de amparo, como se lee del auto de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 139 a 140), lo cual no sucede. Por lo que respecta a dar vista a la representante social adscrita a este juzgado federal para que, conforme a sus facultades, inicie carpeta de investigación, debe decirse que no hay datos para afirmar que la precitada responsable se resistió a cumplir algún mandato de este órgano de control de constitucionalidad, específicamente, de cumplir la ejecutora de amparo, como lo dispone el normativo que cita; y en todo caso, el quejoso tiene expedito su derecho a denunciar ante la autoridad competente, si lo estima oportuno. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, agréguense a los autos dos sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 275-2 y 306-1, que se giraron a la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla (Arturo Copalcuatzin Rodríguez); con la siguiente razón: "cambió domicilio". No obstante ello, notifíquese el presente acuerdo y reexpídanse los oficios 275-2 de trece de agosto de dos mil diecinueve, y 306-1 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, a la licenciada Nadia Guzmán Catarino, agente de Ministerio Público de San Martín Texmelucan, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla con domicilio en Avenida Tlaxcala, número 100 Esquina Vicente Guerrero, Colonia Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, Puebla.

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