Eduardo Sánchez García

Expediente 1258/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1258/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Sánchez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la Justicia Federal, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1258/2021 III-A, promovido por Enrique Molina Segura, en su carácter de abogado defensor de Eduardo Sánchez García, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Refiere el quejoso que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, presentó una petición ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación I de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II de la Fiscalía General dela República, en el que solicitó se dictara el no ejercicio de la acción penal y se archivara la carpeta de investigación FED/OAX/0000724/2021, al no existir delito que perseguir. A través de los oficios 569/2021, 580/2021 y 582/2021, de fechas dieciocho y veintiséis de noviembre, y uno de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, autoridad responsable emitió la respuesta a la petición del quejoso, en los términos siguientes: "En atención a su escrito de fecha veinte de octubre del año en curso, con fundamento en los artículos 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, 4°, 73, 74, 76, 127 al 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del presente le hago de su conocimiento lo siguiente: Que la carpeta de investigación número FED/OAX/OAX/0000724/2021, actualmente se encuentra en proceso de integración, motivo por el cual, esta Representación Social de la Federación NO se encuentra en condiciones de dictar el no ejercicio de la acción penal como lo plantea, lo cual es facultad exclusiva del ministerio público. En atención a lo antes manifestado, se hace de su conocimiento que una vez que se realicen los actos de investigación correspondientes y si así lo considera la suscrita, se procederá a determinar en definitiva la carpeta de investigación en comento. Así mismo se hace de su conocimiento que los alegatos que refiere en su escrito de veinte de octubre de la presente anualidad, serán tomados en cuenta al momento de resolver en definitiva la presente carpeta de investigación. (.)" El oficio 582/2021, se notificó el uno de diciembre de dos mil veintiuno al aquí quejoso. Luego, mediante resolución de veintitrés de diciembre del año próximo pasado, el Agente del Ministerio Público responsable decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación en comento; la que el quejoso manifestó tuvo conocimiento el catorce de junio del año en curso. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Enrique Molina Segura, en su carácter de abogado defensor de Eduardo Sánchez García, presentó un escrito el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló los derechos fundamentales violados; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó en el día de su presentación a este órgano jurisdiccional; quedó registrada con el número 1258/2021 y se admitió a trámite el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el informe justificado rendido por Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación I de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II de la Fiscalía General dela República. Mediante sentencia de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. En ejecutoria pronunciada el veintiséis de abril del presente año, en el amparo en revisión 17/2022, la Superioridad revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para que se notificara personalmente al quejoso el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno y se le previniera para que, de convenir sus intereses, ampliara la demanda de amparo. Por acuerdo de veinte de mayo del año en curso, se dio vista al quejoso en los términos impuestos por el Tribunal de Alzada y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El ocho de junio siguiente, se tuvo por recibido el escrito del quejoso en el que amplío la demanda inicial respecto del acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000724/2021 y se admitió a trámite. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de junio de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables que emitieron los actos que en esta vía se combaten tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito de ampliación de ésta, permiten sostener que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II de la Fiscalía General de la República: La omisión de contestar lo peticionado a través de escrito presentado ante la responsable el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000724/2021. El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se da respuesta a su ocurso. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público responsable, ya que a la fecha de presentación de la demanda, aún no había emitido respuesta a lo peticionado por el quejoso; y en respuesta al escrito de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo de uno de diciembre de la misma anualidad. Asimismo, se corrobora con las constancias que al rendir su informe justificado exhibió la autoridad responsable; constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a), el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página treinta y ocho, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, para evidenciar el por qué se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, se destaca que al rendir su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II de la Fiscalía General de la República informó que en atención al escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo de uno de diciembre posterior, mismo que se notificó en esa propia fecha. Luego, si la quejosa acudió a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal para controvertir la omisión atribuida al mencionado Agente del Ministerio Público, respecto de la petición elevada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, pero su escrito se atendió a través del auto de uno de diciembre del año pasado y se notificó ese mismo día, es inconcuso que cesaron los efectos de éste. Lo anterior, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado. Por tanto, como se adelantó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el pasado veinte de octubre, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VIII. ESTUDIO DEL ASUNTO Ahora corresponde abordar el estudio del diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000724/2021. En esencia, el quejoso refiere que la respuesta que recayó a su petición (en la que solicitó que se dictara el no ejercicio de la acción penal), no está debidamente fundado y motivado. Para determinar si le asiste la razón a la parte quejosa, debemos precisar lo dispuesto por los numerales 8° y 16 constitucionales: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" Por imperativo del artículo 8° Constitucional, el Estado -a través de sus funcionarios o empleados- está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formulen los gobernados, al tenor de los requisitos que enseguida se precisan: a) Toda petición que se haga a la autoridad debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un plazo breve. En ese orden de ideas, una autoridad cumplirá con la obligación que le impone el mencionado precepto de respetar el ejercicio del derecho de petición, cuando dicte un acuerdo, por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Asimismo, no basta con el dictado del acuerdo respectivo, sino que el artículo 8° constitucional también impone la obligación de hacerlo del conocimiento del peticionario en breve plazo; de modo que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud respectiva es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo de que se trata. En relación con los elementos o presupuestos que integran el respeto al ejercicio del derecho de petición, es importante mencionar que la obligación de la autoridad de emitir un acuerdo no se cumple con el dictado de éste, sino que de conformidad con la interpretación jurisprudencial del artículo 8°, la respuesta relativa debe atender de manera completa y coherente a lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo congruentemente lo planteado y notificarlo al gobernado. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, constitucional establece el principio de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; esto es, que la ley establezca una situación concreta para la cual resulte procedente realizarlo, es decir, que exista una ley que así lo prevea, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que ésta les permite. La motivación implica que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto de molestia, sea de aquéllos a que alude la disposición legal fundatoria; así, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular se subsumen dentro del marco general establecido, por lo que, si una determinada conducta no corresponde a lo dispuesto en la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación, por más que se hubiese contemplado en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. Esto es, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere la prerrogativa de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto que las origina se subsume en los supuestos de la norma que cita. Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de sus manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación y motivación cuando en el acto de autoridad se cita el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en discrepancia con el contenido de la norma legal que se aplica. Señalados los requisitos que deben satisfacer los actos de autoridad, contenidos en los artículos 8° y 16 constitucionales, es necesario hacer referencia al caso concreto. La ahora quejosa presentó una escrito el veinte de octubre de dos mil veintiuno, al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II de la Fiscalía General de la República, solicitando que se dictara el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen. En respuesta, la autoridad responsable emitió el oficio 582/2021, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, notificado en esa propia fecha, en el cual hizo del conocimiento del aquí quejoso que, hasta ese momento, no se encontraba en condiciones de dictar el no ejercicio de la acción penal como lo plantea, lo que es facultad exclusiva del ministerio público; además, le precisó que una vez realizados los actos de investigación necesarios y de considerarlo así, procedería a determinar en definitiva la carpeta en comento, fundamentando su respuesta en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, 2°, 3°, 4°, 73, 74, 76, 127 a 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la autoridad responsable sí fundamentó en las disposiciones aplicables (destacando las obligaciones que tiene como Ministerio Público, como lo es el determinar el no ejercicio de la acción penal), para poder determinar que aún era necesario realizar actos de investigación que le pudieran decidir si ejercería la acción penal o no. Así, de lo antes narrado e interpretación de los numerales expuestos, se concluye que el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa deviene infundado, sin que se advierta queja que suplir en términos del numeral 79, fracción III de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque no debe perderse de vista que aún no se terminaban de realizar los actos de investigación correspondientes, por lo que no era factible que se acordara su petición de manera favorable. Pues bien, este órgano jurisdiccional considera que lo expresado por la responsable en el oficio 582/2021 de uno de diciembre de dos mil veintiuno, no adolece de congruencia, fundamentación y motivación, que requiere el acto de autoridad en atención al derecho de petición, puesto que la autoridad responsable explicó al quejoso que por el momento, no era viable dictar el no ejercicio de la acción penal. En otras palabras, la repuesta resulta ser congruente fundada y motivada al cumplir con los imperativos de los preceptos constitucionales analizados previamente, porque el derecho de petición no tiende a asegurar que se conteste en determinado sentido a las pretensiones del solicitante, ni se acuerde favorablemente su petición, sino solo garantiza que se dé respuesta en breve término en relación a los aspectos pedidos, respuesta en la que se expusieron las razones y fundamentos de la decisión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Materia(s): Común, Página 162, registro 176546, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Aunado a lo expuesto, debe precisarse que al rendir el informe justificado respecto de la ampliación de demanda, el Agente del Ministerio Público responsable informó que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, decretó el no ejercicio de la acción penal; de ahí las manifestaciones del propio quejoso en el sentido que el acto reclamado es inexistente, pues ya se dictó el acuerdo que favorece sus intereses. IX. DECISIÓN Al resultar infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja que suplir a su favor, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Sánchez García, por conducto de su defensor Enrique Molina Segura, en contra del acto que reclamó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Sánchez García, por conducto de su defensor Enrique Molina Segura, en contra del acto que reclamó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II, en términos del apartado VI de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Eduardo Sánchez García, por conducto de su defensor Enrique Molina Segura, en contra del acto que reclamó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II, en términos del apartado VIII de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; dese vista a las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el autorizado del quejoso ****, manifiesta que recibió copia autorizada del acuerdo de no ejercicio de la acción penal, por lo que solicita que se sobresea en el juicio ya que el acto reclamado es inexistente. En consecuencia, ténganse por hechas sus manifestaciones y provéase lo que en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual ****, en su carácter de abogado defensor del directo agraviado ******, amplía la demanda de amparo en relación al acuerdo dictado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0000724/2021, por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I de Atención Temprana y Tramitación Masiva de Casos del Equipo de Investigación y Litigación II. Admisión de ampliación de demanda. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la ampliación de la demanda. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágasele de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Audiencia constitucional. En el entendido que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notificación y traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple del escrito de ampliación de demanda y entréguesele reproducción íntegra de esta determinación para su conocimiento. Pruebas. Respecto a lo solicitado por el quejoso en el sentido que se requiera a la autoridad responsable copia cotejada y auténtica de todos los actos de investigación y datos de prueba que consten en la carpeta donde emana el acto reclamado, resérvese proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto se reciba el informe justificado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. - PARTE QUEJOSA-

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