Eduardo Sánchez Crisantos
Expediente 1458/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Eduardo Sánchez Crisantos
Actuaciones
- Principal
VI) Toluca, Estado de México a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 29887/2019, por el que este juzgado le remitió las constancias ahí detalladas, y comunica que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Eduardo Sánchez Crisantos, contra el auto de ocho de noviembre del año en curso; medio de impugnación que se registró con el número de queja 393/2019. Atento a lo anterior, estese en espera de la determinación que realice el superior jerarquico en el medio de impugnación hecho valer. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado a ruego del quejoso por Marcial López Robles y con una huella dactilar, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se desprende que el plazo de tres días concedido al quejoso Eduardo Sánchez Crisantos, mediante proveído de ocho de noviembre pasado (fojas 45 a 53), para que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, feneció sin que lo haya realizado. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se ordena practicar las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, acorde con lo previsto en el ordinal 27, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Sánchez Crisantos, contra actos de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1458/2019-VI. Inicialmente, es importante establecer que en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los anexos exhibidos por el solicitante del amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama: El acta de visita de inspección número PROPAEM-2019-10/T-260, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación correspondiente. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su facción XX establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De la trascripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las razones que a continuación se exponen: En términos del artículo invocado, el juicio de amparo es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Lo que acontece en el presente caso, toda vez que la autoridad responsable a la que le es atribuido el acto reclamado son pertenecientes a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, por tanto, es evidente que no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa, donde el acto puede ser confirmado, modificado o revocado. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra los actos reclamados a las autoridades responsables, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora de la orden reclamada o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 187, fracciones I y II, y 229, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los preceptos invocados a la letra dicen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se le atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y..." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.)". Como consecuencia de lo anterior, los acto reclamados en la presente instancia constitucional no tienen el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de los citados actos impugnados, se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió la orden de suspensión reclamada, o bien, el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establecen los artículos antes señalados. Por lo que en la especie, dicho acto reclamado pueden ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.3o.C. J/39 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1214, Materia Común, Novena Época, con registro 171803, que establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". Así las cosas del código señalado, en la parte correspondiente a la sección cuarta, correspondiente al capítulo de suspensión del acto reclamado, se aprecia que no se contemplan mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto impugnado. Sobre este tenor, se colige que los actos reclamados, debieron combatirse a través del recurso de inconformidad ente la propia autoridad o juicio contencioso administrativo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para clarificar tal aserto, se tiene presente que la Ley de Amparo, en sus artículos 128, 132 y 135 establece los requisitos para conceder la suspensión, como sigue: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." En contraste, de los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establecen: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda." Como se advierte, en lo que aquí interesa, los artículos transcritos relativos a la suspensión del acto administrativo impugnado, prevén que la medida será concedida siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión y surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si la solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si ésta no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. De lo expuesto, resulta por demás evidente que en los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si los actos reclamados pueden ser combatido mediante el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso administrativo, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dado que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, entonces la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la determinación emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo I, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De igual forma, la determinación emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2013, el quince de mayo de dos mil trece, cuyos rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Y la Jurisprudencia II.1o.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1766, del tomo II, del Libro VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, registro 160114, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Atento a sus exposiciones, es menester precisar que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, es procedente contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, por lo que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; por lo que en ese sentido este Órgano de Control Constitucional considera que la quejosa en el presente asunto no agotó el principio de definitividad dado lo expuesto y fundado en la presente determinación; máxime que los actos reclamados en esta instancia constitucional no se ubican en ninguna de las excepciones al principio de definitividad que rigen en el juicio de amparo, por lo siguiente: Los actos reclamados no carecen de fundamentación, pues se fundó en diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Código para la Biodiversidad del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, entre otros. No se alegan sólo violaciones directas a la Constitución, ya que también se hacer valer cuestiones de legalidad, relacionas con violaciones al Código Administrativo del Estado de México. El medio de defensa no se encuentra contemplado en un reglamento, pues como se dijo, está previsto en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México. De ahí que al no actualizarse alguna de las excepciones señaladas se debió de agotar el principio de definitividad. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Eduardo Sánchez Crisantos, contra actos de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de México. Domicilio. En virtud de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, comisiónese al actuario judicial adscrito a efecto de que por única ocasión se constituya en el domicilio señalado para tal efecto y notifique al quejoso el presente proveído. Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes y aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor. Consulta electrónica. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "IOJEDAM", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizadas en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Alejandro Gómez Luna, Ismael Gerardo Ojeda Muñoz, Ángel Mauricio Ortega Vera y Karla Fabiola Santillán Montalvo por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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