Eduardo Salvador Martínez López
Expediente 178/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/02/2019
Partes del expediente
- Eduardo Salvador Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, resulta pertinente hacer síntesis de las siguientes actuaciones practicadas en el presente juicio de amparo indirecto: I) Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se tuvo por recibido el testimonio del recurso de revisión número ** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por el cual, se confirmó la sentencia recurrida de treinta de mayo de dos mil diecisiete que concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes (fojas 97 a 111 y 138 a 155): "En ese contexto, a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, deberá: I) Emitirse una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica de la impetrante el numeral, incisos y fracciones controvertidas, para que no les sean aplicadas en el presente y en lo futuro; y II) Dejarse insubsistente el pago realizado por la parte quejosa contenido en el recibo oficial ***, de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, y se apliquen las tarifas menores previstas en el artículo 46 de la Ley de Ingresos controvertida, respecto a los derechos por refrendo de las licencias correspondientes; y por otro, se haga la devolución de la cantidad que hubiere pagado en exceso que, en estricto sentido, relativas a los derechos por la expedición del refrendo de las licencias de anuncios correspondientes al numeral decretado inconstitucional. Resulta trascendente establecer que las cantidades a devolver, deben actualizarse conforme a lo previsto en el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Tienen aplicación las jurisprudencias 2a./J. 13/2008 y 2a./J. 221/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros número 170268 y 170708, de rubros: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)"; así como "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS)". De igual forma, cabe precisar que la devolución de los montos enterados no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues estos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163321, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)". Por tanto, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Jalisco, a las que se les reclaman los actos legislativos no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la quejosa no puede quedar insubsistente; esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. En atención a lo anterior, corresponde a la Oficina de Recaudación Fiscal 000 de Guadalajara, Jalisco, dar cumplimiento con el fallo protector, sin que para ello sea obstáculo que a dicha autoridad no le revista el carácter de responsable en el presente juicio de amparo; en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia 236, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1003229, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO"". Por lo cual, se requirió a la autoridad responsable Oficina de Recaudación Fiscal 000 (cero, cero, cero) y al Tesorero -como autoridad vinculada-, ambas del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria constitucional. II) En autos de cuatro de octubre y seis de diciembre posterior se determinó hacer extensiva la protección constitucional contra los actos de aplicación de los numerales reclamados, contenidos en los recibos de pago oficiales números ***lo anterior, con fundamento en las razones que informaba la jurisprudencia P./J. 73/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 166796, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA". Por lo que, se requirió para tales efectos a la Tesorería y Presidente Municipal -como autoridad vinculada-, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco. III) Por oficios presentados el tres, once y treinta y uno de octubre, ocho, trece y veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como dos y diecisiete de enero, siete y veintidós de febrero, dos, veintidós y veintisiete de marzo, dos, veinte y veinticinco de abril, dos, cuatro y dieciocho de mayo, siete y dieciocho de junio, cuatro y veinticuatro de julio, diez y treinta y uno de agosto, y dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Director General Jurídica, Director de lo Jurídico Contencioso, Director de Ingresos y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, adujeron no contar con suficiencia presupuestal necesaria y solicitaron una prórroga para cumplir la ejecutoria de amparo (fojas 168, 245 a 246, 251, 273, 276, 330, 334, 335 a 337, 346, 350, 354, 361, 369, 376, 385, 389, 392 a 393, 400 a 402, 407 a 409, 413 a 417, 424 a 246, 431 a 438, 441 a 442, 449 a 450, 455, 460, 464, 470 y 475 a 494). En autos de dieciséis de octubre, catorce y veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, así como diecinueve de enero, ocho y veintiséis de febrero, ocho de marzo, tres y veinticuatro de abril, tres y veintidós de mayo, once y diecinueve de junio, seis de julio, catorce de agosto, tres y veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se les tuvo en vías de cumplimiento, se vinculó al mismo al Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco y se les concedió un término para lograrlo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría a cada uno de sus integrantes (Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco), una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procedería a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV) Por oficios presentados el tres, cinco y veinticinco de octubre, así como quince de noviembre del año pasado, la Director de lo Jurídico Contencioso y Tesorero, ambas correspondientes a la entrante administración del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, adujeron no contar con suficiencia presupuestal necesaria y solicitaron una prórroga para cumplir la ejecutoria de amparo (fojas 499 a 503, 509 y 515); lo anterior, con fundamento implícitamente en la jurisprudencia 1a./J. 29/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 173014, de rubro: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO". En autos de nueve y veintinueve de octubre último, se les tuvo en vías de cumplimiento, se vinculó al mismo al Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco y se les concedió un término para lograrlo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría a cada uno de sus integrantes (Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco), una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procedería a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV) Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve la parte quejosa por conducto de su autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifestó la recepción y cobro de la cantidad $1´264,321.84 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil trescientos veintiún pesos 84/100 moneda nacional) por concepto de cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo; numerario, que fue determinado por el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, una vez aplicada la tarifa de $4.20 (cuatro pesos 20/100 moneda nacional) al área de los anuncios correspondientes al refrendo de las licencias números **. No obstante lo anterior, infórmesele al Ayuntamiento (Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco) Presidente Municipal, Tesorero, Director General Jurídico y Director de lo Jurídico Contencioso, totalidad de autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco -COMO AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, que el cumplimiento implica una obligación de pago a su cargo y en favor de la parte quejosa; por lo que, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, aquéllas deberán realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República; lo anterior, con fundamento en las razones que informa la tesis P. XX/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 187083, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO". En ese orden de ideas, es menester establecer que las aludidas autoridades deben necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 8/2011 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números de registros 162469 y 162470, de rubros: ""SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN" y "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia se requiere al Ayuntamiento (Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco) Presidente Municipal, Tesorero, Director General Jurídico y Director de lo Jurídico Contencioso, totalidad de autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, como AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, para que dentro del término de diez días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello; a saber: *) Deberán hacer la devolución de manera actualizada de la cantidad pagada en exceso correspondiente a los derechos por la expedición del refrendo de licencias de anuncios números *** *) En su caso, que el monto correspondiente tanto a los "RECARGOS" COMO AL IMPUESTO PARA LA "CONSERVACIÓN Y MEJORA Y MEDIO AMBIENTE" SEAN ACTUALIZADOS DE CONFORMIDAD AL ANTERIOR NUMERARIO $138.60 CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL; lo anterior, con fundamento en las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 75/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 188086, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL". *) Por último, SE EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADA DE LA CANTIDAD QUE EN EXCEDENTE RESULTE EN FAVOR DE LA PARTE QUEJOSA. Con el APERCIBIMIENTO que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se les impondrá a cada uno de ellos (Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico y Regidores en términos del artículo 10 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como Presidente Municipal, Tesorero, Director General Jurídico y Director de lo Jurídico Contencioso, totalidad de autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara), una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo efectivo para ello; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que informan los criterios:
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que en relación a la ampliación de la demanda suscribe el Director General Jurídicos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y hagan uso de sus derechos, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; y, como domicilio procesal la residencia oficial de dicha dependencia. En cuanto a las causas de improcedencia que hace valer, dígasele que serán analizadas en el momento procesal oportuno. Luego, toda vez que la autoridad oficiante, no rindió su informe justificado con la anticipación que permitiera hacerlo del conocimiento de las partes conforme lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para que estuvieran en aptitud de preparar las pruebas que en su caso lo desvirtuaran. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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