Eduardo Salazar de la Cerda

Expediente 768/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
768/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Salazar de la Cerda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en contra de la resolución sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Eduardo Salazar de la Cerda, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene tal carácter como ordenadora: --- 1.- JUECES DE CONTROL ADSCRITOS AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA, CON SEDE EN CIUDAD DE TORREÓN. ---2.- AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA MUJER CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA, (LIC. RUBI RODRÍGUEZ VILLADO,). 3.- EL C. HILARIO JESUS ROSALES MIER, ENCARGADO DE CAUSAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN, DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO C.P. 0003-2021 JEVF. A) IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas en los puntos 1, 2,3, se les reclama. --- 1.- La emisión de una orden de aprehensión girada en contra del suscrito EDUARDO SALAZAR DE LA CERDA, por la comisión de algún ilícito que corresponda al fuero federal o fuero común, la cual desde este momento manifestamos desconocer, en caso de existir, su contenido, evidentemente porque en muchos de los casos se solicitan y otorgan dichas ordenes de cautela. --- 2.- Así como lo todo lo actuado dentro de la causa penal número C.P. 0003-2021 JEVF por el delito de violencia familiar que se agrega dentro del suscrito. --- 3.- La emisión de cualquier orden relacionada con técnicas de investigación del ministerio público, de arraigo, presentación, citación y/o comparecencia y de intervención de comunicaciones, así como la formulación de imputación que se llevara a cabo en audiencia citada para el día 23 de Junio del 2021, a las 11:30 horas. --- 4.- La falta de intervención en alguna causa penal que se siga ante los jueces señalados como responsables donde el suscrito EDUARDO SALAZAR DE LA CERDA aparezca como inculpado". En la demanda de amparo, la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, los cuales son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, se radicó la demanda de amparo registrándose con el número 768/2021, y por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se admitió parcialmente a trámite la demanda, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de actos reclamados a una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: La orden de aprehensión, la orden relacionada con técnicas de investigación del ministerio público, de arraigo, presentación, citación y/o comparecencia y de intervención de comunicaciones, emitidas en su contra; y, ii. La ejecución; Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila y Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Mujer, con residencia en Matamoros, Coahuila, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Atento a lo anterior, este juzgado estima que tal hecho actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". En efecto, del precepto transcrito se colige que el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso Eduardo Salazar de la Cerda, reclama en este juicio la orden de aprehensión, la orden relacionada con técnicas de investigación del ministerio público, de arraigo, presentación, citación y/o comparecencia y de intervención de comunicaciones, emitidas en su contra por parte de las autoridades responsables. Sobre el particular, importa destacar que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, informó que por auto de tres de agosto del año en curso, se le formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia física, esto dentro de los autos de la causa penal 3/2021-JEVF. Así las cosas, si bien existe certeza en cuanto a los actos reclamados, debe indicarse que dichos actos han quedado sustituidos con la nueva situación jurídica del quejoso, pues sus consecuencias quedaron insubsistentes con la nueva imputación realizada del quejoso, lo que implica que no pueden ser analizadas por tratarse de un nuevo acto, es decir de un estado procesal diferente del que generó los actos reclamados por el quejoso. Dicho de otro modo, no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente substituida con el auto de vinculación a proceso, cuyas consecuencias legales contemplan cuestiones distintas que pueden ser combatidas en diferentes aspectos legales mediante los recursos ordinarios. Apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se lee bajo el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas condiciones, al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Además, lo anterior se corrobora con la presentación del diverso juicio de amparo 1053/2021 radicado ante este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso, en el que señala como acto reclamado el mencionado auto de vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 3/2021-JEVF. Lo anterior constituye un hecho notorio, para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, por formar parte del conocimiento público, atendiendo a la accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento, de conformidad con la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1373, libro XXVI, tomo 2, noviembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obra la totalidad de las constancias de las cuales deriva el acto reclamado; en tales condiciones, no obstante que mediante proveídos de veintidós de junio y diecinueve de julio de dos mil veintiuno se requirió a la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, las constancias relativas a los actos reclamados, sin obtener resultados positivos, requiérase de nueva cuenta, por tercera ocasión, a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir que quede debidamente notificada del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación diez de enero de dos mil diecinueve. Diferimiento. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido

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