Eduardo Ruffo López Valdez

Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ruffo López Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito, transcurrió del veintiocho al treinta de marzo de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. De igual forma, del contenido de la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso **********, haya recurrido el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese por lista al quejoso.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Fenece término concedido a la parte quejosa. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de veinte de febrero de la presente anualidad, transcurrió sin que se haya desahogado en sus términos el requerimiento formulado dentro del plazo de ley que se le concedió; ello es así, toda vez que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno, no se encontró promoción tendente al respecto. En ese sentido, y en virtud de que las partes no realizaron manifestación de impedimento derivado de la designación de la suscrita como titular de este órgano jurisdiccional, se procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Antecedentes. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el veintinueve de junio del dos mil veintidós, se terminó de engrosar la sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al menor de identidad reservada de iniciales de iniciales J.E.O.C., respecto del acto atribuido a las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia." Inconforme de dicha resolución el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, interpuso recurso de revisión que por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en diez de febrero del año en curso resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Erwin Olvera Arzate, en representación de su menor hijo de identidad reservada con iniciales J.E.O.C., por las razones y motivos expuestos en el sexto considerando de la sentencia recurrida." No obstante, se tuvo por recibido en auto de siete de octubre de dos mil veintidós las constancias -en cumplimiento al fallo protector- del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por medio del cual manifestó que el menor quejoso cuenta con el esquema completo de vacunación. Valoración de cumplimiento Ahora, del análisis las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable Director General del Instituto de Salud del Estado de México, se advierte lo siguiente: 1. Aplicó la primera dosis del biológico Pfizer- BioNTech al menor quejoso en veintitrés de marzo de dos mil veintidós 2. Aplicó la segunda dosis del biológico Pfizer- BioNTech al menor quejoso en veintiocho de abril de dos mil veintidós. Fallo protector cumplido. Por lo anterior, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, esto es, aplicar el esquema completo de vacunación al menor quejoso del biológico Pfizer-BioNTech, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notificación a las partes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Destrucción o depuración del expediente. De conformidad con los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISIDCCIONALES", este expediente es susceptible de DEPURACIÓN POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, con base en lo previsto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de referencia, se hace constar que el ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la medida cautelar definitiva; en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar con residencia en Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 294/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Consideraciones previas. Ahora, atendiendo a la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso **********, no estampó su firma autógrafa, pues fue omiso en firmar su demanda de amparo, tal como se asentó en la papeleta de turno que se obtuvo al recibir la demanda de amparo, en la que se asentó que recibía sin firma autógrafa, tal y como se aprecia de la siguiente imagen: De lo anterior, se ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma autógrafa, debe desecharse. Por tanto, dado que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma autógrafa del inconforme, no hay forma de saber si es voluntad de esa persona, promover el juicio constitucional. En consecuencia, dado que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de las referidas personas en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desecharla, al no existir petición de dicho quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis aislada visible en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Domicilio del quejoso. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en **********, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los diversos profesionistas que refiere en su ocurso; por tanto, una vez que hayan registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, los que fueron autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, podrán válidamente promover en términos del dispositivo legal invocado. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese.

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