Eduardo Rodriguez Torres

Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
879/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Rodriguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Informe en el que acepta la existencia del acto reclamado. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la oficiante designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Manifestación. Se tiene a la autoridad responsable informando que localizó registro de diversos juicios de amparos promovidos por la parte quejosa, que trata de actos que derivan del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado con los números de juicio 1587/2021, 331/2017, 1143/2016 y 2674/2014 del índice de este Juzgado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante. Personalidad. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable se advierte la personalidad de ******, como apoderado legal de la parte quejosa ******; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo se tiene por reconocido tal carácter. Causa de improcedencia. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo que depositó el cinco de julio de dos mil veintidós, reclamó la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó que se dictara, entre otras cosas, auto de ejecución respecto del laudo dictado dentro del juicio laboral 01/2978/12-JE1. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el doce de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el dieciocho de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 01/2978/12-JE1, y en consecuencia decretó auto de ejecución de sentencia. Asimismo, la junta responsable allega copia certificada de la constancia de notificación a la actora (aquí parte quejosa), respecto del acuerdo referido en el párrafo que antecede, realizada personalmente el catorce de julio del año en curso. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al cinco de julio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado por la parte quejosa, y por ende su no notificación, lo cierto es que como quedó asentado en párrafos precedentes, el doce de julio de dos mil veintidós, acordó el escrito y el catorce de julio siguiente, se lo notificó a la parte actora en el juicio de origen de manera personal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo signada por ******, quien se ostenta como apoderado legal de *****, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; personalidad que se advierte de la constancia que adjunta a su demanda, pudiera estar acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado; por lo que dé inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 879/2022 y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada expresamente dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De la celebración de la audiencia. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Tercero Interesado. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesado a la contraparte del quejoso, quien es la parte demandada en el juicio laboral de origen, ya que la sentencia que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la jurisprudencia VI.T. J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 1751, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Registro digital: 2000923, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Notifíquese.

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