Eduardo Rodríguez Torres
Expediente 454/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 40 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eduardo Rodríguez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, sin que se hiciera manifestación alguna; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 en relación con el diverso 196, párrafo cuarto, ambos de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, toda vez que de ellos se desprende que ha transcurrido la vista concedida a las partes mediante proveídos de veintiuno y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, respecto de los informes rendidos por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; procede establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO. Se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el trece de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: "En consecuencia, se estima que el acto de autoridad impugnado trasgrede el artículo 17 de nuestra Carta Magna, lo que es suficiente para conceder al quejoso ...el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, respecto del acto reclamado, para que la autoridad responsable Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias a fin de localizar y notificar a ...de la fecha y hora que tenga fijada para el desahogo de las pruebas confesionales a su cargo, o bien, informe la imposibilidad para ello; de igual modo, se efectúe el desarrollo de las pruebas testimoniales de ... todos en el expediente laboral ... dentro del plazo que marca la Ley Federal del Trabajo, con el resultado que proceda." Luego, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad laboral responsable informó que realizó diversas gestiones a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparatoria; empero, fue hasta el veinticinco de agosto de este año, cuando se tuvo al Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, informando que las partes en el juicio de origen ... celebraron un convenio con la finalidad de dar por concluido el expediente laboral de donde emana el acto reclamado. Asimismo, por diverso comunicado de veinte de septiembre pasado, la referida responsable remitió copia autógrafa del acuerdo de la misma fecha, en donde quedó precisado que las partes comparecieron al tribunal laboral de mérito, a efecto de dar cumplimiento al convenido celebrado el veinticuatro de agosto del año actual, en el que, el quejoso se da por pagado de todas y cada una de las prestaciones, pues aceptó y recibió el cheque a su nombre, por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago total de acuerdo al convenio celebrado entre las partes, de igual manera, en el citado acuerdo, se le tuvo por desistido lisa y llanamente de las acciones reclamadas en el citado juicio laboral, elevándose el referido convenio a la categoría de laudo consentido por las partes. Posteriormente, por oficio de veinticuatro de septiembre del año en curso, la autoridad responsable acompañó copia autógrafa del acuerdo de esa misma fecha, en donde indicó que el quejoso no informó nada respecto del cobro del título de crédito que le fue entregado el veinte de septiembre pasado, por lo tanto, se entendió que si fue posible su cobro y se ordenó el archivo del expediente laboral ... Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, por provenir de la citada autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES. Ninguna de las partes realizó manifestación al respecto. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El Secretario Encargado del Despacho estima que el fallo protector se encuentra cumplido. Lo anterior es así, pues aunque en el contradictorio de origen no se verificó el desahogo de las probanzas cuya omisión se reclamó de la responsable, lo cierto es que en los efectos de la concesión del amparo se precisó que debían llevarse a cabo las medidas necesarias y eficaces para lograr su desahogo, o en su defecto debía la responsable informar la imposibilidad para ello, lo que en la especie aconteció, dado que, como se vio, las partes celebraron un convenio con el cual se dio cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, y con ello, el quejoso se dio por cubierto y pagado de todas y cada una de las prestaciones establecidas en el mismo. Por lo que se concluye que el impetrante fue restituido en el goce de los derechos vulnerados. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. CONCLUSIÓN. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Al respecto, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." TÉRMINO PARA INCONFORMARSE. Hágase saber a las partes, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el término de quince días a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, para de considerarlo conforme a sus intereses, formulen su inconformidad. Notifíquese y personalmente.
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Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, mediante el cual informa el total cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 273, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente. "
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, mediante el cual informa el total cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de mérito dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de tres días, computados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 273, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente.
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