Eduardo Rodríguez Berlanga
Expediente 628/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 05/06/2018
Partes del expediente
- Eduardo Rodríguez Berlanga
- Agente del Ministerio de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 628/2017, testimonio de la resolución emitida en la inconformidad 12/2018 y un anexo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el citado tribunal resolvió declarar infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, ya que no es necesaria la retención del anexo proveniente de la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse. Por último, en cuanto a las restantes constancias del cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, del que se advierte que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 11149 de dieciséis del mes y año en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el proveído de cuatro de abril del presente año, dictado en el juicio de amparo del que deriva este expediente, quedando registrado con el número INCO. 12/2018.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el ocurso de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de inconformidad contra el proveído de cuatro de abril de este año, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 202, párrafo primero, y 203, ambos de la Ley de Amparo, así como el punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, remítanse los autos, el escrito de cuenta y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. Comuníquese lo anterior a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hayan realizado. Consecuentemente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Así, por sentencia terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la que interpuso el recurso de revisión del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y en sesión de uno de febrero de dos mil dieciocho, por mayoría de votos revocó la sentencia materia de la revisión y concedió la protección constitucional para el efecto de que el agente del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República realizara lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/089/2016 y, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, que podrá ser en diverso sentido o en el mismo, pero purgando los vicios formales apuntados que afectan al acto reclamado." El dieciséis de febrero del presente año se requirió a dicha responsable el cumplimiento de la misma. Así, mediante oficio recibido el veintitrés de febrero de esta anualidad, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable dejó sin efecto el acto de agravio. Además emitió una nueva resolución el dieciséis de marzo de este año, en la que acató los lineamientos por los que se concedió la protección constitucional; es decir, señaló con base en actuaciones de la indagatoria, los hechos materia de investigación de los antisociales contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. También, citó los preceptos legales que en su caso, son aplicables a los supuestos de hecho atribuidos al quejoso, precisó la punibilidad de cada uno de esos delitos y estableció los plazos de prescripción. Incluyó en su estudio el análisis de los diversos Contra la Salud y Delincuencia Organizada; estableció que no es necesario requisito de procedibilidad para el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también estableció que el delito que merece mayor sanción es el que consideró para efectos de la prescripción. Y dichos aspectos son los que precisó el Tribunal Colegiado en mención. Por ende, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Por último, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
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