Eduardo Rigoberto Guluarte Casares

Expediente 1151/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1151/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Rigoberto Guluarte Casares

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO, EN EL CUAL SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, POR LO QUE SE DECLARA QUE DICHO FALLO HA CAUSADO ESTADO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN... SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TOLUCA...

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA HOY Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PARA SU CELEBRACIÓN.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Eduardo Rigoberto Guluarte Casares, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º y 17 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1151/2017-H. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, en caso de omisión, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Ahora bien, con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído, mediante oficio que se le remita, adjuntándole copia del escrito de demanda, para su emplazamiento. Autorizados y domicilio Se tiene como autorizada en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juana Aurora Appel Moreno y únicamente para oír y recibir notificaciones a Moisés Frausto Huerta, hasta en tanto, registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

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