Eduardo Reyes Rodríguez

Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
914/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Reyes Rodríguez
  • Eduardo Reyes Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    notifíquese personalmente

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PÉRSONALMENTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyes Rodríguez y Yazmin Adriana Reyes Rodríguez contra actos del Juzgado Quinto Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira., y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 914/2021-I-.A Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Invocación de hecho notorio. De conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y la ejecutoria de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)", de la que se obtiene que los órganos jurisdiccionales pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito invoca como hecho notorio las actuaciones que integran el juicio de amparo 899/2020 del índice de éste órgano jurisdiccional, donde los quejosos son Fernando, Eduardo, y Yazmin Adriana, todos de apellidos Reyes Rodríguez y donde reclamaron actos derivados del juicio especial de hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como acto destacado: La falta o ilegal emplazamiento al juicio especial hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas y todo el procedimiento seguido en su contra, incluso la sentencia. Desechamiento de la demanda. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Causa de improcedencia. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De acuerdo con dicho numeral, se entiende que una persona consiente un acto de autoridad, cuando no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen tres hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, la primera se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; y la tercera, cuando a partir de que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de la certificación hecha por el Secretario adscrito a este juzgado y corroborada con una consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acredita, en lo que interesa, que ante este juzgado, los hoy quejosos promovieron el juicio de amparo 899/2020, el cual fue presentada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en cuya demanda ostentándose como terceros extraños, señalaron como acto reclamado la cédula de notificación por estrados de treinta de noviembre de dos mil veinte, donde se ordena que en el término de tres días deben abandonar y hacer entrega el inmueble motivo del juicio especial hipotecario 164/2020 del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, residente en Altamira, juicio de amparo en el cual, se previno a los quejosos para que precisaran los actos reclamados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el término concedido para ellos, se tendría por no presentada dicha demanda, lo cual ocurrió el doce de febrero de dos mil veintiuno, ante la omisión de los quejosos de cumplir con la prevención que les fuera hecha, causando estado dicho auto el pasado cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Luego entonces, si desde el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fecha en que presentaron la diversa demanda de amparo radicada con el número 899/2020, tenían conocimiento del juicio especial hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado en el presente juicio (pues en el presente relaman la falta o ilegal emplazamiento al mismo juicio especial hipotecario mencionado), empezó a transcurrir a los peticionarios del amparo, a partir del día hábil siguiente de aquél en que se ostentaron sabedores del juicio seguido, que lo es cuando menos desde el catorce de diciembre de dos mil veinte, según la fecha estampada en la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo 899/2020 ya precisado. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo que motiva el presente el once de agosto dos mil veintiuno, es indudable que tal presentación se realizó fuera del plazo legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa no sólo tenía conocimiento del juicio en el que ahora se pretenden ostentar como terceros extraños a juicio, sino que además ya trataron de combatirlo en el diverso juicio de amparo ya mencionado. Entonces, es que se actualice la causa improcedencia de manera manifiesta e incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene. En tales condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por Eduardo, y Yazmin Adriana, ambos de apellidos Reyes Rodríguez, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, primer párrafo, 112 y 113, de la Ley de Amparo.. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Ofrecimiento de pruebas documentales y certificación. Se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la parte quejosa, misma que se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, de acuerdo a los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia; sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Martha Morales Reyes; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PÉRSONALMENTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyes Rodríguez y Yazmin Adriana Reyes Rodríguez contra actos del Juzgado Quinto Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira., y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 914/2021-I-.A Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Invocación de hecho notorio. De conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y la ejecutoria de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)", de la que se obtiene que los órganos jurisdiccionales pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito invoca como hecho notorio las actuaciones que integran el juicio de amparo 899/2020 del índice de éste órgano jurisdiccional, donde los quejosos son Fernando, Eduardo, y Yazmin Adriana, todos de apellidos Reyes Rodríguez y donde reclamaron actos derivados del juicio especial de hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como acto destacado: La falta o ilegal emplazamiento al juicio especial hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas y todo el procedimiento seguido en su contra, incluso la sentencia. Desechamiento de la demanda. Este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Causa de improcedencia. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De acuerdo con dicho numeral, se entiende que una persona consiente un acto de autoridad, cuando no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen tres hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, la primera se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; y la tercera, cuando a partir de que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de la certificación hecha por el Secretario adscrito a este juzgado y corroborada con una consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acredita, en lo que interesa, que ante este juzgado, los hoy quejosos promovieron el juicio de amparo 899/2020, el cual fue presentada en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en cuya demanda ostentándose como terceros extraños, señalaron como acto reclamado la cédula de notificación por estrados de treinta de noviembre de dos mil veinte, donde se ordena que en el término de tres días deben abandonar y hacer entrega el inmueble motivo del juicio especial hipotecario 164/2020 del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, residente en Altamira, juicio de amparo en el cual, se previno a los quejosos para que precisaran los actos reclamados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en el término concedido para ellos, se tendría por no presentada dicha demanda, lo cual ocurrió el doce de febrero de dos mil veintiuno, ante la omisión de los quejosos de cumplir con la prevención que les fuera hecha, causando estado dicho auto el pasado cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Luego entonces, si desde el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fecha en que presentaron la diversa demanda de amparo radicada con el número 899/2020, tenían conocimiento del juicio especial hipotecario 164/2020, del índice del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el acto reclamado en el presente juicio (pues en el presente relaman la falta o ilegal emplazamiento al mismo juicio especial hipotecario mencionado), empezó a transcurrir a los peticionarios del amparo, a partir del día hábil siguiente de aquél en que se ostentaron sabedores del juicio seguido, que lo es cuando menos desde el catorce de diciembre de dos mil veinte, según la fecha estampada en la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo 899/2020 ya precisado. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo que motiva el presente el once de agosto dos mil veintiuno, es indudable que tal presentación se realizó fuera del plazo legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa no sólo tenía conocimiento del juicio en el que ahora se pretenden ostentar como terceros extraños a juicio, sino que además ya trataron de combatirlo en el diverso juicio de amparo ya mencionado. Entonces, es que se actualice la causa improcedencia de manera manifiesta e incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene. En tales condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por Eduardo, y Yazmin Adriana, ambos de apellidos Reyes Rodríguez, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, primer párrafo, 112 y 113, de la Ley de Amparo.. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.115/2010, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Ofrecimiento de pruebas documentales y certificación. Se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa la parte quejosa, misma que se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, de acuerdo a los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia; sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Martha Morales Reyes; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID

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