Eduardo Reyes Castro
Expediente 491/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Reyes Castro
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyes Castro, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 491/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte que el objeto de estudio del presente juicio lo constituye la omisión de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del expediente 1248/1-2015 de su índice. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a en sentido contrario, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; y, del segundo de ellos, que los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Esto último de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/20152, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que por regla general el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente, a menos que del contenido de la propia demanda se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el punto de excepción que se alude en aquella ejecutoria, la citada Sala al resolver la diversa contradicción tesis 294/2018, señaló que a fin de proporcionar un estándar mínimo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio, en tratándose de asuntos de la Ley de Amparo, aborales, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ese fallo derivó la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la página 1643, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Ahora, aun cuando en ese criterio se alude a plazos y disposiciones legales que rigen los juicios laborales, las consideraciones que lo sustentaron resultan aplicables a asuntos de cualquier materia; si se toma en consideración que también en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, tolera un plazo máximo para que el juicio permanezca inmóvil y en el caso es de tres meses, conforme se advierte de su artículo 151, en el que prevé las notificaciones personales en los supuestos de que el juicio quede inactivo; sin embargo, este juzgado de Distrito estima razonable el plazo ahí referido contado a partir de aquel en que fenezca el plazo en que debió legalmente pronunciarse el acto procesal reclamado, esto, tomando en consideración que el juicio natural se rige bajo la facultad de iniciación del proceso, la cual conforme con el artículo 8º queda reservada a las partes. Bajo ese contexto, si el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó su escrito de petición en el expediente 1248/1-2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y conforme con el numeral 143, del código procesal de la materia, el cual prevé que el plazo para dictar resoluciones es de tres días a partir de la fecha de que se reciba la promoción o actuación judicial, si se tratase de autos; por tanto, se tiene que el término previsto en dicho numeral concluyó el veintitrés de marzo del año en curso. De ahí que, se estima que en este asunto no se esté en presencia de una dilación abierta en el procedimiento que provoque su paralización total, dado que a la fecha en que fue presentada la demanda -ocho de abril de dos mil veintiuno-, solo han transcurrido dieciséis días naturales. De manera que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en ese contexto, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Vicente Guerrero, (callejón Guinea, número 180), Barrio del Teconche, Colonia Centro, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Bedolla Venancio, Alejandro Justo Cortes, Juan de Dios Becerra Hernández y Cristian Marín Noyola, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. DATOS DE CONTACTO. Asimismo, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como dato de contacto el correo electrónico proporcionado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica al promovente del amparo que de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. Notifíquese personalmente.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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