Eduardo Reyes Arroyo
Expediente 324/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Reyes Arroyo
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el licenciado Hiram Baruch Osorio Mendoza, en su carácter de autorizado del quejoso, mediante el cual solicita la devolución de la factura original de un vehículo marca *********, tipo ********, modelo *******, con número de serie ************, un peritaje y promociones. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvase únicamente la factura antes mencionada, así como la promoción dirigida al Director General del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de veintiuno de marzo del año en curso, el cual contiene firma autógrafa y sello de recibido, y téngase por autorizada para recibirla a la persona que señala, previo desglose y copia certificada que se deje en el expediente, quien deberá firmar por su recibo, para debida constancia. Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de devolución de un peritaje; atento a su contenido, dígasele que no ha lugar acordar favorable su solicitud, en virtud de que de autos no se advierte que el mismo fuese exhibido, de ahí lo inatendible de su petición.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente Eduardo Reyes Arroyo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le practicara por acuerdos de quince y veinticuatro de abril y quince de mayo del año en curso. Al respecto, se le tiene por desahogado el requerimiento dictado en el juicio de amparo ....... Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el suscrito determina procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO EN CUESTIÓN, en virtud de que ésta es extemporánea, sujetándose a lo establecido por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no encuadra con la naturaleza del juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el promovente Eduardo Reyes Arroyo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le practicara por acuerdos de quince y veinticuatro de abril y quince de mayo del año en curso. Al respecto, se le tiene por desahogado el requerimiento dictado en el juicio de amparo 324/2019, informando al efecto bajo protesta de decir verdad que señala únicamente como autoridad responsable a Grúas Utrera S.A. de C.V., a quien le reclama el cobro indebido de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100, moneda nacional), que le pretende hacer por concepto de corralón y almacenaje del vehículo Volkswagen, tipo jetta, modelo 2015, con número de serie 3VWRV09MX5M072033, color rojo, placas YJV-4488, dentro del corralón de Grúas Utrera, señalando que aproximadamente en enero del año dos mil dieciséis, se autorizó la liberación de su vehículo del corralón de la autoridad responsable, pero que por falta de dinero no pudo pagar. Asimismo, manifiesta que ya no desea tener como autoridades responsables a las que inicialmente señaló en su escrito de demanda, precisadas en el inciso c) del acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Grúas Utrera S.A. de C.V., lo siguiente: El cobro indebido de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100, moneda nacional), que le pretende hacer por concepto de corralón y almacenaje del vehículo Volkswagen, tipo Jetta, modelo 2015, con número de serie 3VWRV09MX5M072033, color rojo, placas YJV-4488, dentro del corralón de Grúas Utrera, señalando que aproximadamente en enero del año dos mil dieciséis, se autorizó la liberación de su vehículo del corralón de la autoridad responsable, pero que por falta de dinero no pudo pagar. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A.J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo subrayado es propio). De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente, que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la Jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Lo subrayado es propio). En ese sentido, es necesario precisar que el quejoso Eduardo Reyes Arroyo manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Preciso que aproximadamente en enero del año 2016, se autorizó la liberación de mi vehículo del corralón de la responsable, pero por falta de dinero, no pude pagar lo que se me reclamaba, pese a no haber tenido responsabilidad del percance." En este punto, conviene invocar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, el diverso juicio de amparo 247/2017 del índice de este juzgado, por ser un asunto tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual puede tomarse en consideración válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes, pues basta esa circunstancia para conocer su contenido. Lo anterior tiene sustento por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial". El mencionado juicio de amparo fue promovido por el propio quejoso Eduardo Reyes Arroyo, en contra de la retención de su vehículo modelo Jetta, marca Wolkswaguen, color rojo, con placas de circulación YJV-4488, con número de identificación vehicular 3VWRV09MX5M072033, en el depósito oficial de vehículos Grúas Utrera S. A. de C.V., condicionando su devolución al pago de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100/), por concepto de servicios de arrastre, depósito y custodia de los días en que se tuvo asegurada y resguardada la unidad. En el cual, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Propietario de la negociación denominada "Grúas Utrera", con sede en esta ciudad, señaló que el aquí quejoso tuvo a su disposición la entrega del vehículo desde el siete de marzo de dos mil dieciséis, pero fue hasta el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, esto es, trescientos treinta días después de haber recibido el oficio de liberación número SP-PV-156, que acudió a sus oficinas a solicitar la devolución del vehículo de su propiedad modelo Jetta, marca Wolkswaguen, color rojo, con placas de circulación YJV-4488, con número de identificación vehicular 3VWRV09MX5M072033, por lo que se le indicó que debería correr a su cargo el pago correspondiente por los servicios de arrastre, depósito y custodia de los días en que se tuvo asegurado y resguardado, para proceder a su entrega. Cabe destacar que tal controvertido se sobreseyó mediante sentencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que lo reclamado no constituía un un acto de autoridad, pues la persona moral no tenía el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De modo que, resulta evidente para quien esto provee, que al menos, desde el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el quejoso Eduardo Reyes Arroyo tuvo conocimiento del acto reclamado, pues fue en esa data cuando acudió a las oficinas de Grúas Utrera, a solicitar la devolución del vehículo Volkswagen, tipo jetta, con número de serie 3VWRV09MX5M072033, color rojo, placas YJV-4488, en donde se le indicó que debería correr a su cargo el pago correspondiente por servicios de arrastre, depósito y custodia de los días en que se tuvo asegurado y resguardado, para proceder a su entrega. En ese contexto, se debe de tener como fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado para todos los efectos legales a que haya lugar, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; de ahí que, como se dijo de inicio, el suscrito estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que combate en esta vía. Se afirma lo anterior, en virtud de que del sello estampado en el escrito de demanda, se advierte que la misma fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el once de abril de dos mil diecinueve; y, el plazo que tuvo el quejoso para promover la demanda de amparo, transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil diecisiete; en el entendido de que el plazo empezó a computarse a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Lo anterior, tiene sustento en la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Amparo, que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Lo subrayado es propio). En ese orden de ideas, debe destacarse que la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo; lo cual no puede estimarse que resulta contrario al acceso a la justicia. Ello, porque las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Lo anterior, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a esas garantías. De ahí que, por regla general, las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. En efecto, el texto Constitucional y en la legislación secundaria se pueden establecer válidamente condiciones para la procedencia de ciertos medios de impugnación, sin que ello implique una vulneración a los derechos humanos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014, con rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." (Lo subrayado es propio). En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es menester precisar que al caso no es aplicable lo que dispone la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En virtud de que los efectos jurídicos del acto reclamado no transgreden la esfera jurídica del quejoso en los supuestos que describe el precepto antes transcrito. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el suscrito determina procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO EN CUESTIÓN, en virtud de que ésta es extemporánea, sujetándose a lo establecido por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no encuadra con la naturaleza del juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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- Eduardo Romero Martinez977/2022
- Eduardo Ruben Montes González704/2018
- Eduardo Sabbagh García981/2021
- Eduardo Tello Villalobos373/2020
- Eduardo Trejo Veytia984/2019