Eduardo Ravelo Rodríguez
Expediente 768/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Ravelo Rodríguez
- Secretario de Relaciones Exteriores, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad, por medio del cual, manifiesta que por autos de catorce de febrero y dos de marzo, ambos de la presente anualidad, dictados dentro del incidente de suspensión 69/2022 de su índice, solicitó a este Juzgado Federal copias certificadas de la resolución emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 768/2021, sin que se le hayan remitido, razón por la que solicita de nueva cuenta la remisión de las constancias indicadas. Atento a ello, infórmese a la autoridad oficiante que dentro de los autos que integran los cuadernos incidentales en que se actúa, no existe constancia de que haya solicitado las copias certificadas que refiere; y, de la certificación de cuenta se advierte que no existe promoción alguna pendiente de atender dentro de los presentes autos. Por otra parte, se hace de su conocimiento que tal y como se advierte de la certificación de cuenta, mediante sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada en el expediente principal del cual derivan los cuadernos incidentales en que se actúa, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda amparo promovido por Eduardo Ravelo Rodríguez, y mediante oficio 3144/2022, se remitió el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, así como los cuadernos relativos al incidente de suspensión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del juicio de amparo; información que constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Se vincula expediente y se comisiona analista SISE. Con independencia de lo anterior, mediante oficio que al efecto se libre del presente proveído, hágase del conocimiento del Juzgado oficiante que a efecto de tener acceso y eficientar recursos materiales y humanos, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico en que se actúa para efectos de su vinculación con el expediente 69/2022 de su índice. Asimismo, para un mejor entendimiento, se le hace saber que puede comunicarse vía telefónica a la extensión 1184, en un horario de 7:45 a 13:45 horas, correspondiente al Analista Jurídico SISE, a fin de que si se requiere, se haga posible la vinculación del expediente electrónico en los términos antes señalados. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acuse de incompetencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, por medio del cual con transcripción del auto dictado el siete de marzo de dos mil veintidós, hace del conocimiento que tuvo por recibido el oficio 4172/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que le remitió el juicio de amparo 137/2022 de su estadística, así como el original y el duplicado del incidente de suspensión, formado con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Asimismo, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto registrándolo bajo el número 161/2022-l, de su índice; y, que al tomar en cuenta que el asunto se encuentra integrado ordenó poner los autos en estado de resolución. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; dado que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal e incidente). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, así como del cuadernillo relativo al incidente de suspensión, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa de recibo el oficio 3144/2022 de tres de febrero del año en curso, por medio del cual se le remitió el juicio de amparo en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión y un anexo -un tomo de pruebas-, e informa que declinó la competencia al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que ordenó remitirle los autos originales del juicio de amparo 768/2021, los cuadernos incidentales derivados del mismo y el tomo de pruebas, para que de estimarlo procedente se avoque al conocimiento del juicio en que se actúa, por estar relacionado con los actos que se reclamaron en el diverso juicio de amparo 418/2020 de su índice, en relación con el procedimiento de extradición 2/2019, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la ciudad de México antes 1/2011-V de la estadística del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. En consecuencia, estese a la espera de que el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se pronuncie sobre la aceptación o no de la competencia declinada a efecto de que se provea lo que en derecho corresponde. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 768/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido el quince de agosto de dos mil veintiuno, Eduardo Ravelo Rodríguez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 apartado A y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, previa ratificación de la demanda de amparo se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Incompetencia. Al analizar las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver del juicio de amparo en que se actúa, tal como se evidenciará en los siguientes párrafos. En primer término, es pertinente señalar que la competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, previo a resolver el asunto que se somete a este órgano jurisdiccional, se debe precisar si se tiene o no la competencia legal para resolver. Así, para evidenciar que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, es necesario evidenciar los motivos que así lo justifican. En primer término, dada la obligación de definir el acto que se reclama en esta contienda jurisdiccional, contenida en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial el acto reclamado se hace consistir en: De las autoridades responsables 1) Secretario de Relaciones Exteriores; 2) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 3) Comandante de la Guardia Nacional; 4) Titular de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México; 5) Secretario de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de México; 6) Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán; y, 7) Director del Centro de Readaptación Social "Lic. David Franco Rodríguez", ubicado en Charo, Michoacán. -La extradición del país rumbo a los Estados Unidos de Norte América a pesar de encontrarse sujeto a proceso penal en el territorio nacional. -La ejecución de esas órdenes. Respecto de la orden de extradición, el Secretario de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México al rendir el informe de ley, manifestó que el uno de noviembre de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo mediante el cual concedió la extradición del quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez a los Estados Unidos de América, asimismo, que por oficio ASJ-28379 de veinte de julio de dos mil veintiuno, puso al citado quejoso a disposición de la Fiscalía General de la República, a efecto de realizar su entrega material. Al respeto, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que: La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que está en su territorio a otro Estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a un juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta; acto cuyo procedimiento se encuentra regido en la Ley de Extradición Internacional. Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Extradición Internacional establece que el procedimiento de extradición inicia con una petición dirigida al Estado Mexicano que recibirá y examinará la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si la encontrare procedente, en términos del artículo 21 de la aludida ley, enviará requisitoria al Fiscal General de la República, a fin de que promueva ante el juez de distrito competente una solicitud para que dicte auto mandándola cumplir y se ordene la detención de la persona reclamada. Luego, una vez detenida la persona reclamada, se le hará comparecer ante el respectivo juez de distrito quien le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se acompañen a la solicitud. Una vez que hubiese sido escuchado el detenido, el juez deberá resolver en términos de los artículos 26 y 27 de la ley citada, y dará a conocer a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica respecto de lo actuado y probado ante él, en la inteligencia de que la propia Secretaría de Estado antes citada dictará resolución en términos del artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional. En ese sentido, el procedimiento de extradición tiene como finalidad poner a un gobernado a disposición de otro Estado por la comisión de algún delito, y se sustenta en la cooperación internacional para evitar la impunidad de los delitos, ya que permite el reconocimiento de procesos y sentencias penales extranjeras, permitiendo que los responsables de la comisión de un delito no se puedan sustraer de la acción de la justicia al escapar del territorio donde cometieron el delito y refugiarse en otro país. Lo anterior, con el fin de optimizar el derecho a la libertad personal del gobernado sujeto a un procedimiento de extradición y el interés de la sociedad de que se cumplan los acuerdos de cooperación internacional que tienen como finalidad evitar la impunidad de delitos. Así, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Extradición Internacional, el juez de distrito que interviene en el procedimiento de extradición tiene una participación activa ya que, por una parte, se encarga de dictar las medidas necesarias a fin de asegurar la retención de la persona requerida para el desahogo del procedimiento respectivo y, por otra, tiene el deber de emitir su opinión en torno a la extradición solicitada. En el caso, de la vinculación de los expedientes 1378/2019, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán y 1397/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, se advierte que, en el primero de los sumarios mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve -auto inicial- determinó carecer de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por el quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, en la que reclamó el Acuerdo de Extradición Internacional dictado con fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 2/2019 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; ordenando como consecuencia, remitir el expediente al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del mismo. Por su parte, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1397/2019, y ahí mismo dictó resolución, en la que por lo que respecta al aquí quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, de igual forma determinó carecer de competencia, en tanto que de las constancias que de manera oficiosa recabó del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, respecto del juicio de amparo 1103/2019 de su índice, advirtió que se instruye un procedimiento de extradición al quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, del cual tiene conocimiento el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en el que emitió su opinión jurídica el veinte de septiembre de dos mil diecinueve en el sentido de que, en el caso, se reunían los requisitos establecidos en la Ley de Extradición Internacional para conceder la colaboración solicitada por los Estados Unidos de América. Con motivo de ello, también ordenó remitir los autos del sumario de referencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del mismo. De esa manera este órgano de control constitucional, con base en los datos advertidos en los expedientes electrónicos vinculados, por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó recabar oficiosamente las constancias necesarias para constatar el número de expediente y el órgano jurisdiccional en el que se autorizó la extradición de Eduardo Ravelo Rodríguez, de las que se obtuvo que en efecto, en acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento de extradición 1/2011 por el que se concedió la entrega del aquí quejoso en extradición a los Estados Unidos de América, fue dictado por el extinto Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, procedimiento que ahora corresponde al Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, quien lo tiene registrado con el número 2/2019. Determinación que quedó firme con motivo de la ejecutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del amparo 168/2020-lll y su acumulado 418/2020, en revisión 40/2021, que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Sentado lo anterior, se reitera que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para seguir el conocimiento del juicio en que se actúa, ello, porque la competencia legal es un presupuesto para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En ese orden a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde residiera la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, se debe atender al lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismo tenga ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa inmediata, sí lleva una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamadas y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde reside la autoridad responsable. De la lectura de la demanda de amparo y de la apreciación íntegra del acto reclamado, se colige que el quejoso reclama el Acuerdo de Extradición Internacional dictado con fecha primero de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 2/2019 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; asimismo que el quejoso se encuentra recluido en el interior del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en el Municipio de Charo, Michoacán. Luego, la suscrita juzgadora estima carecer de competencia legal, por territorio, para conocer del asunto atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos, que como en el caso, requieren ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello, porque cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 116/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 318/2013, publicada en la página 853 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, registro 2005229, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. De los artículos 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y 37 de la vigente a partir del día siguiente -normas que fijan los criterios de competencia de los jueces de distrito-, deriva que cuando el acto reclamado tenga ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del juez que ejerza jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la que se instruye el procedimiento de extradición y promueve juicio de amparo contra la resolución definitiva mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores la concede, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, pues si bien es cierto que dicha resolución es la que da la pauta para la entrega del reclamado, también lo es que el artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento al que debe sujetarse esta entrega, la cual se realizará al personal autorizado por el Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o, en su caso, a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. De lo anterior se advierte que el cumplimiento de la resolución que concede la extradición comienza con la extracción del reclamado del lugar de su reclusión, a fin de ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por ser ésta la encargada de su entrega al Estado reclamante en el lugar convenido, el cual, por estar sujeto al sitio donde se acuerde la entrega, puede no coincidir con la jurisdicción del juez del lugar donde se encontraba recluido el reclamado. Este criterio obedece al propósito de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que bien podrían ser contradictorias". Asimismo, es aplicable la tesis aislada I.2o.P.22 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2496, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2004415, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN. SI EL INCULPADO ESTÁ INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL TRÁMITE RESPECTIVO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE ÉSTA RADICA. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 (36 de la ley anterior ), por regla general, la competencia para conocer del juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, cuando el acto se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y si la acción impugnada no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, tratándose del procedimiento de extradición, dada su especial conformación, sus efectos implican, por una parte, dejar al quejoso privado de su libertad y, por otra, a disposición del Juez hasta que emita su opinión y, posteriormente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, si el inculpado promueve el juicio de amparo contra dicho procedimiento y está interno en un centro de reclusión de una jurisdicción distinta a la de la autoridad que conoce del trámite respectivo, debe considerarse que el Juez de Distrito competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción de la autoridad que conoce de ese procedimiento de extradición, ya que es ante su potestad que la persona se encuentra sometida, en atención precisamente a la revisión detallada de la naturaleza de la propia petición y a la de sus efectos. Lo anterior, porque apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión para determinar la competencia, da lugar a considerar que es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el acto reclamado, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, concentración y, por ende, la seguridad de los asuntos de esta naturaleza, máxime que los efectos del acto reclamado, se trasladan directamente al procedimiento que se tramita y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión; de ahí que sea el órgano judicial del lugar donde se tramita la extradición quien conozca de la problemática que se llegue a presentar". Por tanto, la competencia se surte en favor del juez de distrito en cuya jurisdicción reside el juez instructor del procedimiento de extradición respectivo, en el caso, en la Ciudad de México, ya que como ha quedado establecido, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México es el que conoce del expediente 2/2019 relativo al procedimiento de extradición instruido a Eduardo Ravelo Rodríguez. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 50, fracción II, 51 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, remítase expediente original del juicio de amparo en que se actúa, así como los cuadernos relativos al incidente de suspensión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del juicio en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese cuaderno de antecedentes tanto del juicio principal como de los cuadernos incidentales. SEGUNDO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada confidencial o referente a datos personales. TERCERO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Este juzgado se declara incompetente para conocer de la demanda amparo promovido por Eduardo Ravelo Rodríguez, tal y como quedó precisado en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Remítase el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, así como los cuadernos relativos al incidente de suspensión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en la Ciudad de México, para la substanciación del juicio en que se actúa. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando segundo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el tercero considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista que se publique en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
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