Eduardo Ramirez Orona

Expediente 209/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
209/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Ramirez Orona
  • Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se recibe testimonio queja. Visto el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite un tomo de cuadernos de pruebas, así como copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de queja 370/2018, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO.- Se declara fundado este recurso de queja.". Además, en la parte considerativa, se indicó la siguiente: En atención a lo anterior, es inconcuso que resulta ilegal la determinación recurrida, pues, en principio, desatiende lo que establecen los principios de congruencia y exhaustividad a que aluden los arábigos 74 y 75 de la Ley de Amparo. A esa conclusión se arriba, toda vez que, tal y como lo indica la autoridad recurrente, en la resolución cuestionada el juzgador Federal sólo se limita a cuantificar el monto que considera debe pagarse por concepto de actualización del importe de indemnización de daños y perjuicios, pero sin hacer pronunciamiento alguno sobre si son o no fundados los argumentos defensivos y si, en su caso, es viable o no otorgar eficacia demostrativa a las pruebas allegadas con el oficio presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos pretendidos por la autoridad recurrente. Pero además, le asiste razón a la responsable en cuanto al fondo (lo que aquí se estudia conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo), con motivo de que, efectivamente, la peticionaria de garantías no se inconformó oportunamente por el monto y los términos en que fue actualizada y cuantificada la cantidad que debía pagar el Gobierno del Estado de Jalisco, como indemnización en cumplimiento sustituto del fallo protector. Así es, según lo narrado por la quejosa, que se corrobora con el contenido de las constancias certificadas remitidas por el a quo (las cuales cuentan con plena eficacia demostrativa, según los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2o. de esta última), el valor comercial por metro cuadrado aplicable a la superficie de terrenos expropiados que debía pagarse por la autoridad en cumplimiento sustituto, se fijó inicialmente en la cantidad de $198.48 (ciento noventa y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos); valor que fue actualizado conforme al dictamen en materia de valuación emitido por Elsa Patricia Cortés Chávez, hasta el mes de septiembre de dos mil dieciséis a razón de $224.40 (doscientos veinticuatro pesos con cuarenta centavos) por metro cuadrado. Ante eso, la pretensión que se deduce del incidente de actualización del importe de indemnización de daños y perjuicios hecho valer dentro del procedimiento de cumplimiento, consiste esencialmente en actualizar de nueva cuenta el monto a enterar desde el mes de septiembre de dos mil dieciséis y hasta la fecha en que se hizo el pago por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, esto es, al veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, a fin de que sean liquidadas las diferencias resultantes. No obstante, se afirma que es sustancialmente fundada una parte de lo que alega la inconforme, con motivo de que lo relativo con esa actualización tenía que haberse cuestionado conjuntamente con la interlocutoria dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, habida cuenta que en ella se hizo la cuantificación del monto a pagar y, por lo mismo, desde que se emitió esa determinación judicial ya le causaba perjuicio la forma y términos en la cual se llevó a cabo la actualización del monto referido. "En las relatadas condiciones, esto es, tomando en cuenta que la peticionaria de garantías no formuló de manera oportuna la respectiva impugnación de la interlocutoria antes mencionada y, por el contrario, sólo se limitó a recibir el pago por parte de la autoridad, así como a extender el finiquito correspondiente (donde además refiere no haberse reservado acción o derecho alguno que pueda ejercer contra el Gobierno del Estado de Jalisco); entonces, resulta claro que existe un consentimiento tácito sobre la apuntada temática y eso impide volver a retomarla con el argumento de resolver la incidencia de la cual deriva la resolución aquí cuestionada. Consecuentemente, deberá declararse fundado este recurso y revocarse la interlocutoria recurrida, al ser improcedente la pretensión de la quejosa, por el consentimiento tácito derivado de la falta de impugnación de la diversa interlocutoria dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho." Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el legajo certificado y acúsese recibo. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado procesal y la ejecutoria emitida por la superioridad, de la cual como se expuso en líneas anteriores, por las consideraciones ahí vertidas se revocó la resolución recurrida, por lo que, tomando en cuenta que antes de emitir la resolución al incidente planteado, el juicio de amparo, se regía por el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en el cual, declaró firme la resolución en la cual se determinó procedente el incidente de liquidación de daños y perjuicios, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Resolver el incidente de cumplimiento sustituto 6/2014, a favor de los accionantes constitucionales, mediante resolución veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en los presentes autos, en donde, se requirió al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, diera cumplimiento a la resolución de mérito, esto es: Inmediatamente pague a los quejosos la cantidad de $1´044,702.95 (un millón cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 95/100 moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído: Acredite, que pagó a los quejosos la cantidad de $1´044,702.95 (un millón cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 95/100 moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho; esto es, se le impondrá al Gobernador del Estado de Jalisco, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numerales 236 y 237 en relación con el 259, de la Ley de Amparo y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidenta Especial y Secretaria, ambas de la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, remite diversas constancias, y, por ende, se ordena dejar sin efecto el apercibimiento contenido en el proveído de referencia. Admisión de pruebas. Con fundamento en los artículos números 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas las pruebas documentales que adjunta a su oficio de cuenta, mismas que se tomarán en consideración en la audiencia de ley.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la autorizada en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó como prueba a su demanda de amparo, así como una póliza de fianza; al respecto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y devuélvasele los documentos ofrecidos como prueba, previa toma de recibo y razón que de ello se otorgue en autos mediante persona autorizada para tal efecto. Finalmente, respecto a la póliza que menciona, indíquesele que en el presente juicio de amparo no obra agregada la misma; empero, dicha solicitud deberá ser nuevamente dirigida al incidente de suspensión.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada del título de crédito expedido a favor de la parte quejosa con motivo de la protección constitucional; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, esto es, acredite haber entregado a la parte quejosa el título de crédito correspondiente o en su caso notificar que el mismo se encuentra a su disposición. Se informa domicilio procesal. En esa medida, a fin de que la autoridad responsable este en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector, dígasele que el domicilio procesal señalado por el quejoso para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el presente asunto es el ubicado en: La finca marcada con el número 2530 de calle La Luna, colonia Jardines del bosque, en Guadalajara, Jalisco. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Finalmente, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Tesorera Municipal del aludido ente público, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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