Eduardo Rafael Nieto Magaña

Expediente 832/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
832/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
21/12/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Rafael Nieto Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido al auto de doce de noviembre de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil quince. Agréguese sin mayor proveído el informe previo rendido por el Comandante "C" de Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad; en la inteligencia de que en interlocutoria de diez de noviembre del año en curso, se resolvió respecto de los actos atribuidos a esta autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDOS DE DOCE DE NOVIEMBRE RE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. En atención a lo anterior, se hace el mismo del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que se acompaña al oficio de cuenta. Ahora bien, toda vez que en el caso el quejoso reclamo la orden de aprehensión librada en su contra; y mediante resolución pronunciada el diez de noviembre del año en curso, en la causa penal 80/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Eduardo Rafael Nieto Magaña, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de violencia familiar cometido en contra del orden de la familia de Itzel Herrera Lemus; por tanto, es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, dentro del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, actualizándole de esta manera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En otro aspecto, y considerando que en el presente juicio no existe oposición expresa por el quejoso en cuanto a la publicación del presente proveído, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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