Eduardo Ponce Onofre

Expediente 623/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Ponce Onofre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 623/2021-III: R e s u l t a n d o : Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, Eduardo Ponce Onofre, presentó demanda de directo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, recibido el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el veintidós de junio siguiente al Primer Tribunal Colegiado en esa Materia, quien se declaró incompetente por razón de grado y, por ende, la demanda se recibió el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México y turnada el uno de julio siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. Segundo. Recepción y trámite. Previa aclaración por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; sin que haya solicitado el informe justificado a la responsable en razón de que ya obraba en autos; dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; por reclamarse un acto dictado por autoridad judicial administrativa que no tiene ejecución material y porque la demanda se presentó en este Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En cumplimiento de lo anterior, de un análisis íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el siguiente acto: - El sobreseimiento dictado en el recurso de revisión 1194/2020, del índice de la responsable, interpuesto en contra del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio administrativo 464/2020, del índice de la Quinta Sala Regional de Nezahualcóyotl del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; por el que no se acordó favorablemente su escrito de ampliación de demanda. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el órgano jurisdiccional antes señalado, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente administrativo 464/2020 y el recurso de revisión 1194/2020; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cuarto. Procedencia del juicio. Previo al análisis del acto reclamado, sea que las partes lo aleguen, o no, se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente" Del precepto legal antes transcrito se desprende que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial; o bien, administrativo seguido en forma de juicio. b) Que exista una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo resulte o no constitucional. Al respecto, el cambio de situación jurídica se produce en relación al quejoso cuando la situación anterior en que se encontraba en virtud del dictado del acto reclamado, ha variado por otra nueva situación, por la emisión de otro acto que es nuevo, y que deja irreparablemente consumadas las violaciones que se hubieren producido con el acto anterior, que es en contra del cual se promovió el amparo, por no poder decidir en el mismo la litis planteada, sin afectar la nueva situación jurídica en la cual se encuentra, por lo que en esa hipótesis, el juicio constitucional se torna improcedente. Ello es así, precisamente porque no puede el juzgador emitir decisión alguna respecto del fondo de la litis, sin afectar el nuevo acto emitido, produciéndose así, un cambio en la situación jurídica del quejoso, que hace que las violaciones alegadas en el juicio constitucional, se tornen irreparables y al ser de ese modo, no pueden ser objeto de estudio ni de protección de la justicia federal. Primeramente, es importante destacar que la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de México, admitió la demanda promovida por el quejoso Eduardo Ponce Onofre en contra del Subdirector de Normatividad dependiente de la Coordinación de Regulación Sanitaria y Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Instituto de Salud del Estado de México, de quienes impugnó la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del expediente 1276/2019, a través de la cual, se le impuso una multa por la cantidad de $507,193.47 (quinientos siete mil ciento noventa y tres pesos 47/100 moneda nacional), asignándole el número de expediente 464/2020. Posteriormente, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Sala del conocimiento, llevó a cabo la celebración de la audiencia de ley, en la que determinó no acordar de conformidad la ampliación de demanda ofrecida por el aquí quejoso. Resolución que fue impugnada, por lo que se radicó el recurso de revisión 1194/2020, ante la responsable Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; órgano colegiado que mediante resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, resolvió el citado medio de impugnación, decretó el sobreseimiento, porque el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte emitido en el expediente administrativo 464/2020, no es una determinación impugnable a través del recurso de revisión. Esta última resolución, es la que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Posteriormente, el uno de marzo de dos mil veintiuno, la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dictó sentencia definitiva en el expediente administrativo 464/2020, cuyo punto resolutivo es: ".PRIMERO. Se reconoce la VALIDEZ de la resolución impugnada de fecha nueve de marzo del dos mil veinte, dictada en el expediente 1276/2019, emitida por el Subdirector de Normatividad Sanitaria del Gobierno del Estado de México derivada del acta de verificación sanitaria número 15-25-VS-Q-GR-011101-2019, de fecha veinticinco de julio del dos mil diecinueve, de conformidad con lo señalado en el Considerando Quinto de la presente sentencia". En esas condiciones, la determinación dictada por la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, constituye una nueva situación jurídica dentro del procedimiento, por cuanto al acto que se hizo consistir en: El sobreseimiento dictado en el recurso de revisión 1194/2020 de la responsable, interpuesto en contra del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio administrativo 464/2020, del índice de la citada Quinta Sala Regional; por el que, no le acordó favorablemente su escrito de ampliación de demanda. En efecto, la existencia de una determinación posterior en la que se convalidan determinadas actuaciones, cambia las consecuencias jurídicas de la situación anterior, pues esa nueva resolución excluye las repercusiones de las acciones decretadas con antelación, puesto que resuelve en definitiva la litis natural. Por lo tanto, si el quejoso reclamó en este juicio de amparo, la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al resolver el recurso de revisión 1194/2020 que decretó el sobreseimiento de dicho recurso, interpuesto en contra del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, la Quinta Sala Regional del citado Tribunal, no acordó favorablemente el escrito de ampliación de demanda presentado por el aquí quejoso; es evidente que en el caso se surte un cambio de situación jurídica. Lo anterior se afirma, pues al existir una determinación definitiva, posterior a la reclamada, implica que aquella sustituye procesalmente a la diversa actuación impugnada; de ahí que el presente asunto se torna improcedente. Además, deja irreparablemente consumadas las posibles violaciones o trasgresiones cometidas dentro de ese procedimiento, resultando imposible su examen por esas circunstancias; pues de hacerlo, se afectaría la nueva situación generada con la emisión de la sentencia definitiva. Orienta lo anterior, el criterio obtenido de la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, parte segunda-1, página 91, que señala: "AMPARO IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Del texto de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo se aprecia que la causa de improcedencia a que se alude se surte cuando dentro de un proceso judicial o de un procedimientos administrativo seguido en forma de juicio se producen los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, c) y que esta resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aún a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia de la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Para que el tercero de estos supuestos se actualice, es preciso que entre las actuaciones procesales que generaron una y otras situaciones jurídicas, no exista un vínculo de subordinación, sino que sean autónomas entre sí, que una no derive ni sea consecuencia necesaria de la otra, pues de lo contrario, la segunda de ellas no podría subsistir si la primera adolece de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica sólo así la nueva situación podría permanecer incólume aunque la primera se invalidara. Por esa razón se habla, en estos casos, de una consumación irreparable de las violaciones que pudieran derivar del acto reclamado, ya que al no apoyarse la nueva situación jurídica en el amparo no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse, no se modificaría la nueva situación jurídica." Por lo tanto, como ya se dijo, la resolución de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al resolver el recurso de revisión 1194/2020, interpuesto contra el acuerdo dictado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, la Quinta Sala Regional determinó no acordar de conformidad el escrito de ampliación de demanda presentado por el aquí quejoso en el juicio administrativo 464/2020, es improcedente su estudio en el presente juicio de amparo, pues no puede decidirse respecto de su constitucionalidad sin afectar la nueva situación creada; precisamente generada por la sentencia definitiva de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, que reconoció la validez de la resolución de nueve de marzo de dos mil veinte dictada en el expediente 1276/2019, emitida por el Subdirector de Normatividad Sanitaria del Gobierno del Estado de México, derivada del acta de verificación sanitaria antes referida. En tal virtud, se modificó el entorno respecto del cual se emitió el acto reclamado, siendo jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer el presente juicio en términos de lo expuesto por el diverso numeral 63, fracción V de la misma legislación. Sobre este aspecto se invoca la tesis 2a. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, novena época, registro digital 199808, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así, virtud a lo anterior, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dichos aspectos corresponden al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el presente juicio de garantías, como en la especie aconteció. Por lo antes expuesto y fundado se: R e s u e l v e : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Ponce Onofre por propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el punto considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso en cumplimiento al auto de tres de agosto de dos mil veintiuno; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la tercera interesada y autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, se advierte que a las nueve horas con cinco minutos del once de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se turnaron los autos para la elaboración de la resolución que en derecho corresponda. Por lo tanto, a efecto de no dejar promoción pendiente de acordar, se abre cuaderno de antecedentes con el escrito signado por la parte quejosa Eduardo Ponce Onofre, mediante el cual formula alegatos; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento toda vez que su presentación resulta extemporánea toda vez que fue presentado en la oficialía de partes común a las doce horas con cuarenta y siete minutos, y recibida en este órgano jurisdiccional a las trece horas con cuarenta y dos minutos del quince de febrero de la anualidad; es decir, posterior al horario en que se celebró la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; virtud de que por auto de veintiséis de enero del año en curso, se recibió idéntica misiva y se acordó lo conducente. Notifíquese..."

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