Eduardo Ponce Miralrio
Expediente 605/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Ponce Miralrio
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el proveído de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 13 a 16), por lo que se declara que ha causado estado. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental, por lo que se establece como fecha probable para tal efecto el treinta de julio de dos mil veintidós. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa exhibió un documento original en el sumario constitucional en que se actúa, dígasele que conforme al artículo undécimo, párrafo tercero del citado acuerdo, se deja a su disposición por el término de noventa días; apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, éste seguirá agregado al presente asunto y tendrá igual suerte que este expediente.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxx, apoderado de xxxxxxxxxx, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. Fórmese expediente y regístrese con el número 605/2017-VII en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, con fundamento en los numerales 6 y 10 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la personería con la que se ostenta xxxxxxxxxx, como apoderado de xxxxxxxxxx, con copia certificada del instrumento número veintiséis mil setecientos cinco, pasado ante la fe de Anel Sosa Errasquin, titular de la Notaría Pública número nueve, con sede en Lerdo de Tejada, Veracruz. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es: "A. La Audiencia Preliminar de fecha 15 de Junio del año 2017, en la cual se desechan las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de los autos del expediente 42/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, consistente en las marcadas con las letras d), en relación a los puntos señalados por los numerales 7 y 8, g) e i), la primera denominada INPECCIÓN (sic) JUDICIAL y las últimas denominadas DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME". Se considera que lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal. No es de imposible reparación, al versar sobre aspectos de calificación sobre la admisibilidad de pruebas, es decir, la audiencia celebrada el quince de junio del año en curso, en el expediente 42/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que se desecharon las pruebas de inspección judicial y documental en vía de informe ofrecidas por la parte impetrante de derechos humanos. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. En ese sentido, es necesario trascribir el artículo 172, fracción III de la Ley en cita, que dice: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." En ese orden de ideas, es evidente que en la audiencia celebrada el quince de junio pasado, reclamada, en la que se desecharon las pruebas mencionadas con antelación ofrecidas por el aquí quejoso, en nada violenta sus derechos humanos, ya que tal proceder no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino se trata de una violación a las leyes del procedimiento que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de la resolución respectiva, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, en la sentencia que se dicte, resultara favorable a los intereses del impetrante. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la calificación de la admisibilidad de pruebas y en consecuencia, el desechamiento de dichas probanzas ofrecidas por la aquí parte quejosa; asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Arturo Ricardo Torres Rergis, apoderado de Eduardo Ponce Miralrio, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
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