Eduardo Pineda Rodriguez

Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
908/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Pineda Rodriguez
  • EDUARDO PINEDA RODRIGUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual Daniela Cecilia Félix Chávez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b1 25/12/22 16:14:58 remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 23/2022, en el cual se resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Eduardo Pineda Rodríguez e Ivonne Pineda Martínez por propio derecho, contra el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en el juicio de amparo indirecto 908/2021. SEGUNDO. El presente asunto no tiene relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese de recibo al Tribunal de alzada; ahora, toda vez que se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Daniela Cecilia Félix Chávez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b1 25/12/22 16:14:58 ??????????????? Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda, el oficio que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja, interpuesto por los quejosos, en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno y le correspondió el recurso de queja número 23/2022 del índice del citado Tribunal; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por Eduardo Pineda Rodríguez e Ivonne Pineda Martínez, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído emitido el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual desechó la demanda de amparo en el presente juicio y, expresa los agravios de su intención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. En ese tenor, con fundamento en artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, desechó la demanda interpuesta por el promovente, en los términos precisados en el citado acuerdo. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para la substanciación del aludido medio de impugnación; debiendo recabar constancia de su envío para que obre como corresponda. Sin que resulte necesario previamente efectuar notificación alguna a las demás partes, como lo establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que en esta hipótesis se trata del auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, no se proveyó respecto al conocimiento de las partes, acorde al artículo 5 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Eduardo Pineda Rodríguez e Ivonne Pineda Martínez, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 908/2021-F. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Señalamos como acto reclamado de la Autoridad Responsable la SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA (03) TRES DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), publicada en el boletín judicial del Estado número 14,198 de fecha 07 de diciembre de 2021 - la cual no trae aparejada notificación personal-, interlocutoria que resuelve el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por nuestro abogado procurador en contra del auto de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en lo concerniente a la regulación del procedimiento practicada por la ahora Autoridad Responsable dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, bajo número de expediente 1062/2020-B seguido ante el JUZGADO DECIMO PRIMERO CIIL ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, igualmente reclamo todas las actuaciones posteriores que se dicten en tal procedimiento y que tengan relación directa y/o se hayan ordenado o realizado como consecuencia de la resolución combatida." Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito inicial la demanda, con apoyo en lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con el 107, fracción V -interpretado a contrario sensu-, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la ley de la materia, este órgano de control de la constitucionalidad estima que debe desecharse la demanda de amparo por la manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia aludida, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto; el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo indirecto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo no será procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación no originan afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona, ni dejan huella determinante en su esfera jurídica. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido redefinido por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo la óptica de la nueva Ley de Amparo, en el sentido de que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos de las personas. Así, resulta innecesario analizar el acto que reclama la parte quejosa consistente en la Sentencia Interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veintiuno que resuelve el recurso de revocación dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1062/2020-B, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil Especializado en materia Mercantil, en esta ciudad, pues se concluye que lo reclamado no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal acto reclamado no afecta directa e inmediatamente prerrogativas fundamentales de la persona (ningún derecho sustantivo, o propiedades, posesiones, vida, libertad, etcétera), es decir, no constituye un acto de imposible reparación que transgreda materialmente en perjuicio de la parte agraviada algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, del Tomo II, mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen textualmente lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Luego, en el caso concreto, el acto reclamado en el presente juicio consiste en la sentencia interlocutoria dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, en esta ciudad, dentro del expediente 1062/2020-B, en la que se declaró infundado el recurso de revocación en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el cual entre otras cosas se proveyó sobre la admisión de la prueba pericial en grafodocumentoscopía ofrecida por la parte actora en el juicio de origen. Circunstancia que pone de manifiesto que la resolución reclamada, por su naturaleza y consecuencias jurídicas, no puede considerarse como aquellas de imposible reparación, pues sus efectos, a saber, revocar un auto en el que se proveyó entre otras cosas sobre la admisión de la prueba pericial en grafodocumentoscopía, sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que aun cuando no se desahogue dicha probanza la parte quejosa podría obtener un fallo favorable a sus intereses y, aun cuando ello no ocurriera, estaría en aptitud de hacer valer dicha circunstancia como violación procesal en el juicio de amparo directo que, en su caso, promoviera. Por tanto, deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que produce efectos formales o intraprocesales, al no adquirir la naturaleza de irreparables, ya que como se anticipó la sentencia que se dicte pudiere ser favorable para la aquí quejosa, con lo que las consecuencias del acto reclamado pueden extinguirse en la realidad, sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. De ahí que el acto reclamado precisado no queda comprendido dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que únicamente produce efectos intraprocesales, sin que se trasgredan derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.J/13, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo III, Junio de 1996, publicada en la página 538, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En ese sentido, no procede el amparo indirecto para reclamar la resolución interlocutoria de tres de diciembre de dos mil veinte, en atención a que no constituye un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal, sino que solamente genera efectos procesales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro seis, tomo tres, página mil quinientos treinta y nueve, de mayo de dos mil catorce, materia común, de rubro y texto del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En tales condiciones, al estar demostrado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V (aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Señalamientos de autorizados y domicilio. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios que establece dicha disposición a Alexander Cifuentes Osorio, Guadalupe Sánchez Merecías y Alberto Rodríguez Rosales, dado que tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente que los acredita como licenciado en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, asimismo se autoriza para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. En otro tenor, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de cuenta. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente.

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