Eduardo Pérez Pineda

Expediente 365/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
365/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Pérez Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado Eduardo Pérez Pineda, quien se ostenta como representante legal de FIRST CASH S.A. de C.V., mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de marzo del año en curso, exhibe escritura pública número tres mil cuatrocientos veintidós libro noventa y ocho, folio 019446 de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que se reconoce la calidad de apoderado legal del aquí quejoso. En atención a lo anterior, en tiempo se tiene al promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia, en el sentido de que acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, es decir, como apoderado legal de la parte quejosa FIRST CASH S.A. de C.V., y se procede a proveer sobre la demanda de amparo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que procede desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir si se actualiza improcedencia del juicio en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda y anexos que se acompañen, para poder de su análisis determinar si se llega a la certeza y plena seguridad de su existencia, de tal forma que a pesar de las pruebas que posteriormente se pudieran aportar al juicio, en nada variaría la actualización de la causa de improcedencia advertidos; en circunstancia contraria, es decir, si se tiene duda de la actualización de la improcedencia del juicio, no debe ser desechada porque con ello se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio....Ahora bien, analizado el acto reclamado se aprecia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia concatenado con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales los cuales refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]." En efecto, la fracción del numeral recién citado establece el principio de definitividad del juicio de amparo, esto es, dispone que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento. Además, prevé que es optativo para el quejoso interponer el medio ordinario de defensa cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Asimismo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.'' "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.'' "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido tienen derecho a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Además, de acuerdo con los artículos mencionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, en su caso, las víctimas u ofendidos podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, si el promovente se duele de la actuación omisiva de la autoridad responsable al dejar de continuar con el procedimiento de integración de la carpeta de investigación 1038/2022, es decir, la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr su consignación, en la que el aquí quejoso figura como parte ofendida -como se desprende del propio capítulo de acto reclamado al referir que la carpeta de investigación se inició en contra de diversa persona por el delito de robo dependiente y abuso de confianza cometido en una de las sucursales de su representada-, es necesario que previamente a acudir al juicio de amparo, interponga el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, por contradicción de tesis 233/2017, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, llegó a la conclusión de que derivado de una interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, 109, fracción XXI y 258 del Código de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido del delito, tienen el derecho de impugnar ante el Juez de Control todas aquellas omisiones o negligencias en que incurra la autoridad ministerial en la investigación de delitos, mediante el medio de impugnación innominado que prevé el mencionado artículo 258 del código adjetivo en cita, a pesar de que la expresión "omisiones" no se contemple de manera taxativa en su texto. Por tanto, el citado recurso no se limita únicamente a las determinaciones de abstención de investigar, archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, la omisión del Ministerio Público que reclama la parte quejosa, se trata de una abstención que está relacionada con el desempeño de su labor investigadora, pues precisamente la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente, son actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas, y por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos de los Ministerios Públicos, por lo que se estima sujeta a control judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control verifique si el Agente del Ministerio Público investigador cometió o no alguna negligencia en el desempeño de sus funciones durante la etapa de investigación y en su caso conminarlo a que cese ese estado de las cosas. Consecuentemente, ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, resulta indispensable agotar el principio de definitividad antes de promover un juicio de amparo indirecto, cuando se pretendan reclamar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigación. De tal suerte que, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión en que incurrió el Agente del Ministerio Público Investigador, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, y por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ...Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado Eduardo Pérez Pineda, quien se ostenta como representante legal de FIRST CASH S.A. de C.V., mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de marzo del año en curso, exhibe escritura pública número tres mil cuatrocientos veintidós libro noventa y ocho, folio 019446 de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que se reconoce la calidad de apoderado legal del aquí quejoso. En atención a lo anterior, en tiempo se tiene al promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia, en el sentido de que acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, es decir, como apoderado legal de la parte quejosa FIRST CASH S.A. de C.V., y se procede a proveer sobre la demanda de amparo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que procede desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir si se actualiza improcedencia del juicio en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda y anexos que se acompañen, para poder de su análisis determinar si se llega a la certeza y plena seguridad de su existencia, de tal forma que a pesar de las pruebas que posteriormente se pudieran aportar al juicio, en nada variaría la actualización de la causa de improcedencia advertidos; en circunstancia contraria, es decir, si se tiene duda de la actualización de la improcedencia del juicio, no debe ser desechada porque con ello se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio....Ahora bien, analizado el acto reclamado se aprecia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia concatenado con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales los cuales refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]." En efecto, la fracción del numeral recién citado establece el principio de definitividad del juicio de amparo, esto es, dispone que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, por el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y establece como excepciones a dicha regla, las que se enuncian: Tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado pueda afectar la libertad personal del quejoso; En caso de que quien acude al amparo sea una persona extraña al procedimiento. Además, prevé que es optativo para el quejoso interponer el medio ordinario de defensa cuando su procedencia se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Asimismo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.'' "Artículo 109. Derechos de la Víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.'' "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del referido numeral constitucional se desprende que la víctima u ofendido tienen derecho a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Además, de acuerdo con los artículos mencionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, en su caso, las víctimas u ofendidos podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, en el término de diez días ante el Juez de Control, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; esto es, cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese contexto, si el promovente se duele de la actuación omisiva de la autoridad responsable al dejar de continuar con el procedimiento de integración de la carpeta de investigación 1038/2022, es decir, la omisión de tomar las medidas necesarias para lograr su consignación, en la que el aquí quejoso figura como parte ofendida -como se desprende del propio capítulo de acto reclamado al referir que la carpeta de investigación se inició en contra de diversa persona por el delito de robo dependiente y abuso de confianza cometido en una de las sucursales de su representada-, es necesario que previamente a acudir al juicio de amparo, interponga el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, por contradicción de tesis 233/2017, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, llegó a la conclusión de que derivado de una interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, 109, fracción XXI y 258 del Código de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido del delito, tienen el derecho de impugnar ante el Juez de Control todas aquellas omisiones o negligencias en que incurra la autoridad ministerial en la investigación de delitos, mediante el medio de impugnación innominado que prevé el mencionado artículo 258 del código adjetivo en cita, a pesar de que la expresión "omisiones" no se contemple de manera taxativa en su texto. Por tanto, el citado recurso no se limita únicamente a las determinaciones de abstención de investigar, archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, la omisión del Ministerio Público que reclama la parte quejosa, se trata de una abstención que está relacionada con el desempeño de su labor investigadora, pues precisamente la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente, son actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas, y por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos de los Ministerios Públicos, por lo que se estima sujeta a control judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control verifique si el Agente del Ministerio Público investigador cometió o no alguna negligencia en el desempeño de sus funciones durante la etapa de investigación y en su caso conminarlo a que cese ese estado de las cosas. Consecuentemente, ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, resulta indispensable agotar el principio de definitividad antes de promover un juicio de amparo indirecto, cuando se pretendan reclamar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigación. De tal suerte que, si la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de impugnación eficaz para impugnar la omisión en que incurrió el Agente del Ministerio Público Investigador, pero no lo agotó previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional, y por ende, como se dijo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ...Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se requiere informe al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos la intervención ministerial firmado electrónicamente por el licenciado Rafael de Santillana Gómez, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo; y en atención a su contenido, sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento, toda vez que, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto. Notifíquese. e.

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