Eduardo Peralta Salgado
Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Peralta Salgado
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y las actuaciones de este expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la legislación aplicable, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veintisiete de abril pasado, por medio del cual se desechó la demanda promovida por ***, por derecho propio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo, ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula de este expediente la tarjeta informativa correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, regístrese bajo el número 128/2023-III y realícense las anotaciones correspondientes. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se procede a exponer. El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la omisión de ejecutar el embargo y requerimiento de pago del quince de diciembre de dos mil veintidós ordenado en el laudo del catorce de septiembre de ese año, dictado en el juicio laboral ***. Al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en torno a la ejecución del laudo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo. En razón de ello, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al Tribunal de Trabajo para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades. Lo anterior, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuando la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes", o bien, el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento. De la contradicción de tesis 339/2011 emergieron las jurisprudencias 2a./J. 15/2011 (10a.) y 2a./J. 16/2011 (10a.), publicadas en las páginas 2771 y 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros digitales 2000011 y 2000025, de rubros: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"., y "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". Por ende, al reclamar la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, dicho acto tiene la naturaleza jurídica de inexistente puesto que requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10L(10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2019185, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO". Máxime que aun cuando acude al amparo por la omisión de dar cumplimiento al requerimiento de pago y embargo del quince de diciembre de dos mil veintidós, tal actuación es tendente a la ejecución del laudo por lo que ante tal dilación que aduce se generó, es su obligación procesal la prosecución del procedimiento de ejecución conforme a lo que se argumentó en párrafos precedentes, lo que según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad no se advierte que haya acontecido. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Diana Marisol Reyes Gómez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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