Eduardo Paul Aguilar Gomez
Expediente 700/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eduardo Paul Aguilar Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 103 a 108), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual informa que en diligencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, compareció de manera voluntaria a ese órgano jurisdiccional Ma. Griselda López González, a emplazarse dentro del expediente 1741/2011 de su índice, por lo cual corrió traslado con el escrito de demanda del incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Eduardo Paul Aguilar Gómez; circunstancia de la cual se toma conocimiento. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del informe que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir el acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte del quejoso dentro del expediente 1741/2011, del que se advierte como antecedentes: El nueve de agosto de dos mil diecisiete, se presentó ante el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el incidente relativo a la cancelación de la pensión alimenticia que hasta entonces proporcionaba a la señora Ma. Griselda López González y sus hijas de nombres M.G.A.L. y D. M.A.L. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, solicitó el expediente al archivo judicial para darle el trámite correspondiente, (fojas 39 y 40) lo que así realizó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; fecha en la que además, ordenó correr traslado a la parte contraria Ma. Griselda López González (fojas 43 y 44). Luego, el once de enero de dos mil dieciocho, la diligenciaria adscrita al juzgado responsable, asentó la imposibilidad de lograr el emplazamiento de Ma. Griselda López González, por no corresponder el domicilio precisado en autos; en consecuencia, mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil dieciocho, el incidentista Eduardo Paul Aguilar Gómez -aquí quejoso- señaló nuevo domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de su contraparte (fojas 60 y 61). El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en cumplimiento al auto de seis del mes y año indicados, la diligenciaría se constituyó en el nuevo domicilio aportado por el ahora quejoso, en el que asentó que después de esperar no encontró a persona alguna que la atendiera (foja 64). El treinta de abril del año actual, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tuvo por recibido escrito a través del cual Ma. Griselda López González señaló domicilio para ir y recibir notificaciones (foja 69), sin que de la notificación del acuerdo que recayó a dicha promoción se advierta que ésta haya sido emplazada a juicio y tampoco se le corriera traslado con copias del incidente planteado por el mencionado Eduardo Paul Aguilar Gómez. El tres de julio de dos mil dieciocho, la diligenciaria nuevamente se constituyó en el domicilio procesal, sin llevar a cabo la diligencia ordenada, dado que no encontró persona en el inmueble (fojas 74 y 75). Siendo ésta la última actuación que consta en autos. Ahora, resulta conveniente señalar, que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en: La omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte con la demanda incidental de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente 1741/2011 relativo a las diligencias de consignación de pensión alimenticia. En ese sentido, del análisis de la documental aportada por la autoridad responsable, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, compareció Ma. Griselda López González ante ese Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc, por lo que la diligenciaria procedió a dar cumplimiento al proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y ocho de marzo de dos mil dieciocho, ya que le hizo saber de la tramitación del incidente dentro del expediente 1741/2011, corriéndole traslado con las copias simples y documentos que se acompañaron, emplazándola a juicio, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; firmando para constancia (fojas 100 y 101) Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al practicarse el emplazamiento cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a Ma. Griselda López González con la demanda incidental de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente número 1741/2011, del oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte con la demanda incidental dentro del expediente 1741/, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Sin embargo, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la responsable, a través del oficio 2456 adjuntó copia certificada de la constancia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente número 1741/2011 relativo a las diligencias de consignación de pensión alimenticia, de la que se aprecia el emplazamiento de la contraparte Ma. Griselda López González. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión y dilación de que se duele la parte quejosa se subsanó al practicarse el emplazamiento, en los términos apuntados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual informa que en diligencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, compareció de manera voluntaria a ese órgano jurisdiccional Ma. Griselda López González, a emplazarse dentro del expediente 1741/2011 de su índice, por lo cual corrió traslado con el escrito de demanda del incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Eduardo Paul Aguilar Gómez; circunstancia de la cual se toma conocimiento. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del informe que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir el acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte del quejoso dentro del expediente 1741/2011, del que se advierte como antecedentes: El nueve de agosto de dos mil diecisiete, se presentó ante el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el incidente relativo a la cancelación de la pensión alimenticia que hasta entonces proporcionaba a la señora Ma. Griselda López González y sus hijas de nombres M.G.A.L. y D. M.A.L. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, solicitó el expediente al archivo judicial para darle el trámite correspondiente, (fojas 39 y 40) lo que así realizó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete; fecha en la que además, ordenó correr traslado a la parte contraria Ma. Griselda López González (fojas 43 y 44). Luego, el once de enero de dos mil dieciocho, la diligenciaria adscrita al juzgado responsable, asentó la imposibilidad de lograr el emplazamiento de Ma. Griselda López González, por no corresponder el domicilio precisado en autos; en consecuencia, mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil dieciocho, el incidentista Eduardo Paul Aguilar Gómez -aquí quejoso- señaló nuevo domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de su contraparte (fojas 60 y 61). El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en cumplimiento al auto de seis del mes y año indicados, la diligenciaría se constituyó en el nuevo domicilio aportado por el ahora quejoso, en el que asentó que después de esperar no encontró a persona alguna que la atendiera (foja 64). El treinta de abril del año actual, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, tuvo por recibido escrito a través del cual Ma. Griselda López González señaló domicilio para ir y recibir notificaciones (foja 69), sin que de la notificación del acuerdo que recayó a dicha promoción se advierta que ésta haya sido emplazada a juicio y tampoco se le corriera traslado con copias del incidente planteado por el mencionado Eduardo Paul Aguilar Gómez. El tres de julio de dos mil dieciocho, la diligenciaria nuevamente se constituyó en el domicilio procesal, sin llevar a cabo la diligencia ordenada, dado que no encontró persona en el inmueble (fojas 74 y 75). Siendo ésta la última actuación que consta en autos. Ahora, resulta conveniente señalar, que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se hizo consistir en: La omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte con la demanda incidental de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente 1741/2011 relativo a las diligencias de consignación de pensión alimenticia. En ese sentido, del análisis de la documental aportada por la autoridad responsable, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, compareció Ma. Griselda López González ante ese Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc, por lo que la diligenciaria procedió a dar cumplimiento al proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y ocho de marzo de dos mil dieciocho, ya que le hizo saber de la tramitación del incidente dentro del expediente 1741/2011, corriéndole traslado con las copias simples y documentos que se acompañaron, emplazándola a juicio, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera; firmando para constancia (fojas 100 y 101) Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al practicarse el emplazamiento cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a Ma. Griselda López González con la demanda incidental de cancelación de pensión alimenticia derivado del expediente número 1741/2011, del oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión y dilación procesal de correr traslado a la contraparte con la demanda incidental dentro del expediente 1741/, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Sin embargo, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la responsable, a través del oficio 2456 adjuntó copia certificada de la constancia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente número 1741/2011 relativo a las diligencias de consignación de pensión alimenticia, de la que se aprecia el emplazamiento de la contraparte Ma. Griselda López González. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión y dilación de que se duele la parte quejosa se subsanó al practicarse el emplazamiento, en los términos apuntados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada Ma. Griselda López González en representación de sus menores hijas M.G.A.L. y D.M.A.L.,, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 82 a 84), en el sentido de que señalaran domicilio en la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que los referidos terceros interesados no dieron cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Eduardo Miguel Palma Solís926/2019
- Eduardo Moreno García571/2022
- Eduardo Moreno García1266/2022
- Eduardo Padilla Vega1105/2015
- Eduardo Paul Aguilar Gómez285/2018
- Eduardo Paul Aguilar Gomez608/2017
- Eduardo Paul Aguilar Gomez688/2017
- Eduardo Paul Aguilar Gomez901/2017
- Eduardo Pedraza Ramírez510/2019
- Eduardo Pedraza Ramírez1014/2018
- Eduardo Pérez Herrera1483/2023
- Eduardo Pluma Zamora1393/2023