Eduardo Palafox Martíne
Expediente 1607/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eduardo Palafox Martíne
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite el expediente D.C. 495/2021, en el que obra la demanda de amparo formulada por Eduardo Palafox Martínez, cuatro copias de ésta y un legajo de constancias de la controversia del orden familiar, guardia y custodia 9/2021; en virtud de que en sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se declaró incompetente para su conocimiento. Acúsese el recibo de estilo. Competencia. Con fundamento en lo previsto por los numerales 41 y 45 de la Ley de Amparo y 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Generalidades. Vista la demanda de amparo formulada por Eduardo Palafox Martínez, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Décimo Noveno de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente físico y electrónico, regístrese con el número 1607/2021-III en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo. En principio es menester señalar que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, con base en el citado numeral, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. De ese modo, la garantía a la tutela jurisdiccional se erige como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, registro 172759, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXV. abril de 2007. materia constitucional, página 124, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS unidos MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Así, ese derecho comprende tres etapas, a las que, a su vez, corresponden tres derechos: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, registro 2015591, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48. noviembre de 2017, tomo I, materia constitucional, página 151. de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Ahora, del análisis al oficio y anexos proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que acompaña el expediente D.C. 495/2021, en el que obra la demanda de amparo formulada por Eduardo Palafox Martínez, se declaró competente a este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda. Tales anexos al comunicado de cuenta, van dirigidos al expediente 1591/2021 del índice de este juzgado federal, con motivo de la resolución en la cual el órgano colegiado fincó la competencia al suscrito y dio origen al sumario referido en este párrafo. En tal virtud, con el propósito de salvaguardar el derecho de la quejosa a la tutela jurisdiccional previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, previa copia autorizada del expediente D.C. 495/2021 que obre en autos, remítase, el oficio de cuenta, los anexos originales y copia certificada del presente proveído al juicio de amparo 1591/2021, a fin de que se provea lo conducente. En mérito de las consideraciones expuestas, previas las anotaciones en el libro uno de Juzgado, Registro de Juicios de Amparo, dese de baja el presente expediente, pues es evidente que las partes harán valer su derecho en el sumario que corresponde. Constancias. Remítanse al sumario referido como tomo I el anexo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la citada ley, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle Oriente 67-A, número 2925, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Por otra parte, ténganse a José Antonio Ortiz Moreno, por autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En cambio, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Enrique Torres Lira, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el precitado sistema; y para los mismos efectos, así como recibir documentos y valores a las demás personas que menciona. Autorización para obtener imágenes. En términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos a fin de obtener imágenes. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal. Se faculta al actuario adscrito para que firme los oficios. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo proveyó y firma Hugo Roberto Pérez Lugo, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del secretario Sergio Raúl Núñez Cajigal, con quien actúa y da fe.
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