Eduardo Ortiz Núñez
Expediente 1128/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Ortiz Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en el término legalmente establecido; por tal motivo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia con la cual se sobreseyó en este juicio de amparo CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eduardo Ortiz Núñez, por las autoridades mencionadas en el resultando único, respecto de los actos reclamados destacados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz, remite copia certificada de las constancias requeridas en autos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante oficio de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 22), el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, anexó constancias remitidas por la Encargada de Servicios Médicos, en la que establece que iniciaron las gestiones necesarias para proporcionarle la valoración psiquiátrica al quejoso; sin embargo, hasta la fecha no existen constancias que acrediten lo señalado; por lo tanto, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informe y remita copia certificada de la constancias que acrediten las gestiones que llevó a cabo a fin de proporcionarle la atención médica especializada al quejoso; apercibido que, en caso de no hacerlo se les impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de la autoridad requerida. Resulta aplicable al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011012 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Materia(s): Constitucional Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Página: 1966 "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento". En consecuencia, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo, la cual se fija atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.
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