Eduardo Ortiz Beltrán
Expediente 137/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2017
Partes del expediente
- Eduardo Ortiz Beltrán
- Yasmin Elizabeth Vázquez Morales
Actuaciones
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ***...V
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....I
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Titular de la Notaría Pública número 38 de la ciudad de Querétaro, y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 137/2017-I, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ante todo, independientemente de que se advierte una irregularidad, en vez de prevenir al promovente para que la subsane, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia en estricto acatamiento de lo consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procede a proveer sobre la demanda planteada; y, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. PRIMER DESECHAMIENTO Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto" debemos entender lo que es claro o evidente; y por "indudable", lo que es cierto, seguro, y que no puede dudarse. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente señalar lo que disponen los artículos 1°, 5°, fracción II, 6° y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor: "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] " En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que la parte quejosa, señala como acto reclamado, los siguientes: la celebración de un contrato de compraventa, entre la hoy tercera interesada respecto de un bien inmueble ubicado en calle Licenciado Federico Reyes número 551, fraccionamiento Nuevo San Juan, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, ante la fe del Notario adscrito a la Notaría Pública número 38 de la ciudad de Querétaro; Derivado de ello, la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro de un aviso preventivo de venta, solicitado por la aquí responsable, respecto del bien inmueble antes descrito. ANTECEDENTES Los antecedentes del acto reclamado, a saber son: Que el aquí quejoso demandó en la vía civil a la aquí tercero interesada, por la acción, firma y otorgamiento de escritura respecto del bien inmueble ubicado en calle Licenciado Federico Reyes número 551, fraccionamiento Nuevo San Juan en la ciudad de San Juan del Río, mismo que quedó registrado bajo el número de expediente 980/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro. Seguida la secuela procesal, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia definitiva a favor del aquí quejoso, condenando a la tercero interesada a firmar la escritura correspondiente ante el fedatario público respecto de la propiedad antes descrita, misma que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre de dos mil quince. Que el tres de noviembre de dos mil dieciséis el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, emitió un acuerdo en el cual le concedió a la aquí tercero interesada el plazo de cinco días para dar cumplimiento con la sentencia. Que la hoy tercera interesada pretendiendo evadir su condena ha celebrado con persona diversa del quejoso ante el Notario Público número 38 de la ciudad de Querétaro, un contrato privado de compraventa respecto de la propiedad ubicada en calle Licenciado Federico Reyes número 551, fraccionamiento Nuevo San Juan en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, mismo que se ordenó la inscripción de un aviso preventivo de venta. Siendo este último el acto que en esta vía se combate Sin embargo, a juicio de este Juzgador, con la impugnación de los citados actos, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo vigente, ya que los actos combatidos tienen su origen en una relación entre particulares, por lo que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es conveniente precisar, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Lo anterior tiene apoyo, en la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, con Registro: 161133, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, el hecho de que el notario señalado como autoridad responsable haya autenticado un contrato de compraventa, y, derivado de ello ordenado su inscripción preventiva; no es razón suficiente para que dichas actuaciones deban considerarse actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que cuando un notario celebra una escritura no actúa como autoridad, sino sólo da fe de los actos celebrados ante particulares. Es aplicable la tesis aislada XXVII.3o 36 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con número de registro 2007186, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de dos mil catorce, visible en el página 1852, que a la letra dice: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. " Derivado de lo anterior, y aun cuando es suficiente lo ya establecido para sostener el desechamiento de la demanda de amparo intentada, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos se desprende que los actos que reclama la promovente de mérito, se encuentran en el ámbito estrictamente particular y no bajo una relación de supra a subordinación, toda vez que en el caso el notario tampoco actúa como particular en actos equivalentes a los de autoridad porque no sustituye a algún órgano jurisdiccional (como sucede por ejemplo cuando ante él se tramita un juicio sucesorio). Efectivamente, una autoridad para los efectos del juicio de amparo es aquella que, entre otros requisitos, establece una relación de supra a subordinación, (lo cual en el caso brilla por su ausencia), y que emita actos unilaterales (lo cual tampoco se actualiza, pues el notario al dar fe de un contrato de compraventa no actúa de motu proprio, sino como consecuencia de la voluntad de las partes contratantes), y para considerarse al notario como particular que realice actos equivalentes a los de autoridad debe realizar actos que, ante sí y por sí, de forma unilateral y obligatoria cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, extremos que no se colman en el caso porque, se insiste, no actúa de motu proprio sino sólo como autenticador de actos celebrados entre particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a/J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala, Novena Época, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" SEGUNDO DESECHAMIENTO Así también, resulta notoriamente improcedente la demanda que intenta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando la ley ordinaria que regula el procedimiento conceda algún recurso mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Así es, atendiendo a la causa de pedir del quejoso al promover el presente juicio de amparo indirecto, lo que pretende es atacar la eficacia y, por lo tanto, nulificar el acto jurídico contenido en la escritura pública, tirada por el Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 38 del Estado de Querétaro, respecto del bien inmueble ubicado en calle Licenciado Federico Reyes número 551, fraccionamiento Nuevo San Juan, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, y sus consecuencias. Al respecto, conviene traer a la cita el contenido de los artículos 2110 a 2128 y 2900, 2902, 2906 y 2907 del Código Civil, así como 85, 88 y 89 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, ambos del Estado de Querétaro, que establecen: "Artículo 2110. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado." "Artículo 2111. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto, produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley." "Artículo 2112. La nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción." "Artículo 2113. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en los artículos que anteceden. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. "Artículo 2114. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo." "Artículo 2115. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma, competen a todos los interesados." "Artículo 2116. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz." "Artículo 2117. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación de ese acto hecha en la forma omitida." "Artículo 2118. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley." "Artículo 2119. Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación." "Artículo 2120. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad." "Artículo 2121. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicará los derechos de tercero. "Artículo 2122. La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos referidos en el artículo 637. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los seis meses, contados desde que el error fue conocido." "Artículo 2123. La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento." "Artículo 2124. El acto jurídico viciado parcialmente de nulidad, no es totalmente nulo si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera." "Artículo 2125. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado." "Artículo 2126. Si el acto fuera bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí." "Artículo 2127. Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte." "Artículo 2128. Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietaria de él en virtud del acto anulado, queda sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe." "Artículo 2900. La institución será pública. Los encargados de ésta, tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que obren en los folios o libros del Registro Público y de los documentos relacionados con los mismos, que estén archivados. También tienen la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los libros y folios del Registro, así como certificaciones de existir o no anotaciones relativas a los bienes señalados o a cargo de ciertas personas. Tratándose de testamentos, el Registro Público deberá remitir, vía electrónica, al Registro Nacional de Avisos de Testamento, el aviso de su depósito, con los datos conducentes. Cualquier consulta, trámite o solicitud que las autoridades locales o los habitantes en el Estado requieran hacer al Registro Nacional de Avisos de Testamento, se hará por conducto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Para los testamentos ológrafos depositados en el Registro Público, se observará lo dispuesto en el artículo 1457." "Artículo 2902. Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharse en cuanto le fueren favorables." "Artículo 2906. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el Registro Público aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán, en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés público." "Artículo 2907. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular, en la forma expresada por el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio del inmueble o derechos reales sobre los mismos o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada, sin que previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. En caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales, se sobreseerá el procedimiento respectivo de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos por manifestación auténtica del Registro Público, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece dueño en el Registro Público." "Artículo 85. La cancelación de una inscripción se hará mediante una nueva inscripción, en la que se exprese que queda extinguido o transmitido el derecho inscrito, en todo o en parte." "Artículo 88. La cancelación de inscripción de un embargo, secuestro, intervención de inmuebles o cédulas hipotecarias, sólo sé hará por mandamiento escrito de la Autoridad que lo hubiere ordenado o de la que legalmente lo substituya en el conocimiento del negocio, archivándose la orden en el apéndice respectivo. La cancelación también podrá hacerse por el consentimiento del acreedor, hecho constar en forma auténtica." "Artículo 89. Las cancelaciones a que se refieren los Artículos anteriores, además de la tildación de la partida respectiva, en la Sección Segunda, se harán constar en el mismo margen en que obre la nota relativa a dicha partida, en el Libro de la Sección Primera, y en su caso en el folio correspondiente." Así, de los artículos 2110 a 2128 transcritos se aprecia la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos, así como las acciones y excepciones correspondientes para cada caso, y, el procedimiento a seguir. Mientras que del resto de los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que interesa que, mediante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio se da publicidad a los actos jurídicos; que sus efectos son declarativos y no constitutivos; además se prevé expresamente como acción civil autónoma la cancelación de las inscripciones y anotaciones efectuadas en dicho registro. En el caso, como ya se precisó, la pretensión de la parte quejosa estriba en que se deje sin efectos el contrato de privado de compraventa, tirado por el Notario Público adscrito a la Notaría Pública número 38 del Estado de Querétaro, así como la inscripción de un aviso preventivo de venta, lo cual, se puede advertir, sucedió a virtud de la voluntad de las partes contratantes en esos actos jurídicos, lo que evidencia, que la finalidad que se persigue con el presente juicio constitucional, es la de nulificar o cancelar actos que provienen de particulares y no de autoridades. Ahora, respecto del acto que la parte quejosa le atribuye al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, dicha autoridad sólo cumplió con su obligación de dar publicidad a los actos que fueron presentados ante su potestad para tal efecto. Es aplicable por los motivos que la sustentan, la tesis VIII.2º.45 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1452, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente." Por tanto, este juzgador estima que las cuestiones que la parte quejosa intenta sean resueltas por esta vía, deben ser dilucidadas por la autoridad ordinaria a través del juicio ordinario de nulidad de escrituras, en el que se ejercite la acción civil correspondiente, a fin de que sea en dicha instancia en donde se determine si procede o no la ineficacia jurídica de los actos jurídicos contenidos en dicho contrato de compraventa, y como consecuencia la cancelación de la inscripción de un aviso preventivo de venta, así como sus consecuencias, en el que se podrá alegar lo que se estime pertinente, tal y como que los documentos inscritos resulten nulos o inexistentes por cuestiones que ven el fondo de los actos jurídicos contenidos en éstos, tales como la personalidad del contratante, la forma de transmitir la propiedad de los bienes o las facultades para contratar, etcétera En el cual puede pedir la suspensión como medida cautelar, tal y como lo establece el artículo 234, fracciones VI y VII del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Querétaro, mismo que a la letra reza: (.) "Artículo 234. Pueden decretarse las siguientes medidas precautorias: VI. Suspensión de una obra, de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato; y VII. La inscripción preventiva de la demanda" (.) Con lo anterior se evidencia aún más que no se está ante la presencia de un acto de autoridad pues en contra de la celebración de una escritura pública procede la acción de nulidad ante la institución civil. De lo expuesto, se deja en evidencia que el peticionario de amparo, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió interponer juicio ordinario de nulidad de escrituras, al ser parte en el juicio natural. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 182901, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, noviembre de 2003, visible en la página 765, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Conviene señalar, que el análisis efectuado se realiza por estar ante una hipótesis insuperable de inejercitabilidad del juicio de amparo, dado que no podría arribarse a un resultado contrario con la tramitación del juicio, ya que la naturaleza de la relación existente no cambiaría, toda vez que emana de una celebración de escritura ante fedatario público. Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracciones XXIII y XX, con relación a los artículos 1°, 5° fracción II y 6°, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el 24, de la ley de amparo, se le tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse en autos a las demás personas que refiere en su escrito, sin perjuicio que una vez que acrediten estar legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el multicitado artículo 12. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal....I Notifíquese personalmente.
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