Eduardo Omar Becerril Garduño

Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Omar Becerril Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser conservable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, con apoyo en el artículo 17, fracción Ill, inciso b), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez de Primera Instancia Especializado de Control, del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos con residencia en Xochitepec, un anexo y un disco DVD, que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que no obra constancia de notificación de SILVIA SOLÓRZANO FLORES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA CARPETA TÉCNICA JC/1386/2019, aquí tercero interesada; en consecuencia, con el fin de evitar dilaciones innecesarias, gírese oficio para notificar la sentencia dictada en autos a dicho tercero. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dichas actuaciones, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra en los mismos, la notificación realizada de manera personal a la parte quejosa, de la sentencia dictada en autos. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que, a la brevedad, realice la diligencia aludida, remita la constancia respectiva y de ser posible la registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Eduardo Omar Becerril Garduño, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos y Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Acto reclamado: ".La ilegal resolución de fecha 26 de marzo de 2021, donde dictó en mi contra auto de vinculación a proceso, por el hecho delictivo EXTORSIÓN AGRAVADA, ilícito previsto y sancionado por el artículo 146, del Código Penal vigente para el Estado de Morelos.". SEGUNDO. El veinte de abril de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, declaró su incompetencia por antecedente para conocer del asunto, y ordenó remitir el juicio de amparo 357/2021, a esta autoridad. TERCERO. Por oficio 673-7, de treinta de abril de dos mil veintiuno, ingresado en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el tres de mayo del año en curso, al que anexó el juicio de amparo 357/2021, turnado a esta autoridad al día hábil siguiente. CUARTO. El seis de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el consecutivo 877/2021, y previo auto aclaratorio el dieciocho de mayo siguiente, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de la autoridad responsable: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de uno de noviembre de dos mil diecinueve, que en diligencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, el juez de control en cumplimiento a la ejecutoria al juicio de amparo 1607/2019, del índice de esta autoridad federal, que ordenó que en diligencia formal la defensora oficial demostrara ser licenciada en derecho, en caso afirmativo como así ocurrió los términos para impugnar el auto de vinculación a proceso iniciarían a partir del día siguiente de esa diligencia, en la causa penal JC/1386/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias relativas a la causa penal JC/1386/2019, que acompañó el juez del proceso; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con la audiencia correspondiente a su emisión, contenida en el disco versátil digital (DVD), que dicha autoridad judicial remitió en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan del informe justificado del juez de control principalmente del disco DVD. 1.- En audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se calificó de legal la detención del aquí quejoso y otros; asimismo la agente del Ministerio Público, formuló imputación en contra de los imputados, entre ellos al aquí quejoso por el delito de extorsión; en esa misma audiencia los imputados solicitaron que se resolviera su situación jurídica en el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose las catorce horas con quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. En esa misma audiencia se le impuso al quejoso como medida cautelar prisión preventiva, y se ordenó girar oficio al Director del Centro Estatal de Reinserción Social para los trámites correspondientes. 2.-Por otra parte el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, data que se señaló para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso, se le hizo saber a los intervinientes que los imputados no estaban presentes en dicha audiencia debido a un código de seguridad que se activó en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", y que por tal motivo se cancelaron los traslados, señalándose las doce horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia inicial en su etapa de vinculación a proceso, todavía dentro del plazo constitucional que les corre a los imputados. 3.- El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, suspendió el plazo constitucional que les corría a los imputados en la causa penal JC/1386/2019, en atención a los hechos ocurridos en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y por la instrucción girada por la administración del Tribunal Superior de Justicia de Morelos de desalojar la sede judicial por motivos de seguridad. 4.- Posteriormente en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las diez horas con quince minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso; sin embargo en audiencia de esa misma data se hizo saber a las partes que los imputados no estarían presentes debido a que el área jurídica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos informó a la administración de Juicios Orales que no fue posible realizar el traslado de los mismos por cuestiones de seguridad. De esa audiencia se desprende que el defensor público del aquí quejoso solicitó que continuara suspendido el plazo constitucional y no se desahogara la audiencia de vinculación a proceso para que pudiera presentar su declaración. 5.-En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las nueve horas del día uno de noviembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. 6.- El uno de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, decretó vinculación a proceso en contra del aquí quejoso y otro, por el delito de extorsión agravada en agravio de la víctima de iniciales C.B.T. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Cabe señalar, que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el J.A, 1607/2019, los efectos de dicha concesión fueron únicamente para que se acreditara la calidad de licenciada en derecho de la defensora publica, y en caso de que así fuera, los términos para impugnar dicha vinculación, comenzarían a partir del día siguiente (lo cual así sucedió), y en caso de que no acreditara tal calidad, entonces sí se dejaría sin efectos desde la audiencia de imputación (no sucedió) Ahora bien, el quejoso argumenta en sus conceptos de violación lo siguiente: Aduce que la responsable tenía la obligación de resolver sobre su situación jurídica y ordenar su inmediata libertad, ya que a su decir el auto de vinculación a proceso que fue dictado en su contra se emitió fuera del término constitucional. Por otra parte, que respecto a los teléfonos celulares Samsung que le fue asegurado al ahora quejoso y el teléfono marca Huawei no se desprende de las actuaciones la cadena de custodia, que la determinación del juez de control contraviene lo dispuesto por los artículos 19 y 20 apartado B Constitucionales,. Refiere también que jamás desplegó la conducta que se le atribuye y que no se encuentran reunidos los elementos del cuerpo del delito de extorsión, además de que manifiesta que no existen indicios de que el quejoso hubiese desplegado la conducta que se le imputa, pues el hecho de haber sido asegurado con cierta cantidad de dinero no lo incrimina en los hechos. Insiste que no existen elementos suficientes para presumir su supuesta participación en el hecho delictivo que se le imputa. Manifiesta que fue inexacto que la autoridad responsable considerara que existió coautoría con los diversos imputados para la realización del hecho delictivo, pues no se acreditó el común acuerdo. Previo a dar contestación a los argumentos expuestos por el impetrante en los que refiere en esencia que no se resolvió su situación jurídica dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, lo que estima ilegal, además de que refiere que el plazo únicamente puede ser ampliado por los indiciados conforme el numeral 19 constitucional y no por el defensor, y que no existió justificación para que no se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso; resulta conveniente hacer una relatoría de lo acontecido en las audiencias celebradas en la carpeta penal JC/1386/2019 instruida en contra del quejoso. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia inicial, en donde se calificó de legal la detención del quejoso y otros por el delito de extorsión cometido en agravio de la víctima de iniciales C.BT.; asimismo en dicha audiencia los imputados solicitaron que se resolviera su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se señalaron las catorce horas con quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve; y se les impuso como medida cautelar prisión preventiva. Posteriormente el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la audiencia programada se le hizo saber a los intervinientes que los imputados no estaban presentes por un código de seguridad que se activó en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", y que por tal motivo se habían cancelado los traslados, por lo que el Juez señaló las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia inicial en su etapa de vinculación a proceso. Sin embargo, mediante proveído dictado a las once horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso suspendió el plazo constitucional hasta en tanto se tuvieran las condiciones de seguridad para la celebración de la misma. Posteriormente en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial, tuvo conocimiento por parte de la administración de juicios orales que el Centro de Reinserción Social Morelos había comunicado que se encontraba en condiciones de realizar los traslados de los imputados, por lo que señaló las diez horas con quince minutos de esa misma data para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, en audiencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial, hizo saber a las partes intervinientes que los imputados no se encontraban presentes debido a que el área jurídica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, informó a la administración de juicios orales que no era posible realizar el traslado de los imputados, aun y cuando a las ocho horas del día citado se había comunicado que estaban en condiciones de realizar los traslados con carácter de urgentes; sin embargo comunicaron que por cuestiones de seguridad cancelaron todos los traslados incluyendo los de carácter urgentes. En esa misma audiencia el Juez le hizo saber a los defensores que podía dictar el término constitucional aun con la ausencia de los imputados, por lo que les preguntó si deseaban que se resolviera la situación jurídica de los imputados en esa audiencia o si se continuaba con la suspensión del cómputo del plazo constitucional, por lo que la defensa pública del imputado solicitó se continuara con la suspensión para que pudiera estar presente su defendido, y la defensa pública de la diversa imputada refirió que privilegiando el derecho de ésta y de tener una defensa particular, se apegaba a la solicitud de su homóloga de que continuara suspendido el plazo constitucional privilegiando así el derecho de defensa técnica adecuada de la aquí quejosa. Posteriormente en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial, señaló las nueve horas del día uno de noviembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. Siendo así que el uno de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del quejoso y otra por el delito de extorsión agravada. En efecto, el quejoso arguye que se conculca en su perjuicio lo previsto por el artículo 19 Constitucional, toda vez que su detención excedió el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas previsto por dicho precepto, sin que exista auto de vinculación a proceso en su contra que justifique tal actuación. Lo anterior refiere porque a su decir el auto de vinculación a proceso dictado en su contra fue emitido fuera del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Al respecto, como ya se adelantó, son infundados los argumentos expuestos por el quejoso aún suplidos en su deficiencia y de su causa de pedir, en los que destaca dicha violación. Es cierto, como lo aduce el impetrante, que el artículo 19 de la Constitución Mexicana, dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas o su ampliación, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, como se ve a continuación: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)". Por su parte, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus párrafos cuarto y quinto, disponen: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso [.] La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." En el caso particular, de las constancias remitidas previamente valoradas, se evidencia que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que, a petición de la parte imputada, se concedió la duplicidad del término constitucional a fin de resolver su situación jurídica; por ello, se señaló como fecha y hora para la continuación de dicha audiencia, las catorce horas con quince minutos del veintinueve de octubre del citado año. Sin embargo, de las mismas constancias valoradas, se advierte que no se pudo llevar a cabo la celebración de dicha audiencia por que se cancelaron los traslados por un código de seguridad que se activó en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", por lo que aún dentro del término constitucional el Juez señaló las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve para la continuación de la audiencia inicial. No obstante de que se había programado a las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, la celebración de la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control tuvo conocimiento que no se podían llevar a cabo los traslados de los imputados y además que por cuestiones de seguridad se tenía que desalojar la sede judicial, por lo que a las once horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, ordenó suspender el plazo constitucional que le corría a los imputados, hasta en tanto se tuvieran las condiciones de seguridad para la celebración de la audiencia. Así, una vez superado el estado de suspensión de la carpeta de origen y al haberse restablecido las condiciones para llevar a cabo el desahogo de la audiencia respectiva; el uno de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada. Ahora, respecto a las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que dicho auto de vinculación se emitió fuera del plazo constitucional estipulado en el artículo 19, párrafo primero de la Carta Magna (en su duplicidad), cabe destacar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 94, dispone que los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que el mismo autorice. Asimismo, dicha legislación únicamente contempla la posibilidad de aplazar el inicio de la audiencia o suspender la misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la adecuada preparación de la intervención en el juicio del Ministerio Público sustituto o el nuevo Defensor, a petición de éstos, sin que contemple expresamente diversas causas materia de aplazamiento o suspensión. No obstante, la misma legislación, en su diverso numeral 351, contempla la suspensión en forma excepcional de la audiencia de juicio, cuando, entre otras causas, alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; cuestión que si bien está prevista para la referida audiencia de juicio y no para las diversas audiencias inicial y su continuación, se hace alusión a dicho supuesto, a fin de denotar que el ordenamiento aplicable no desconoce la posibilidad de casos repentinos, imprevisibles e irresistibles que teóricamente no encuadren en alguna de las hipótesis causantes del aplazamiento o suspensión aludida, pero que pudieran impedir el inicio o continuación de las audiencias o diligencias previstas para el desarrollo del proceso penal. Lo que permite, por ende, la aplicación analógica del precepto de mérito al caso particular. Por tanto, si se verifican circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, esto es, "imprevisibles" e "irresistibles", corresponderá al funcionario de la causa evaluarlas conforme a su legal competencia y discrecionalidad, a fin de determinar si generan, por vía de excepción, la reprogramación de la sesión o la interrupción procesal, según se acredite, previo a la iniciación del acto o después de él. En relación con el "caso fortuito" o "fuerza mayor", resulta orientadora la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 245709, que señala: "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo." De lo que se evidencia que, el caso fortuito o fuerza mayor, como conceptos, producen idénticas consecuencias, pero se puede distinguir el primero del segundo, para los hechos producidos por la naturaleza, mientras que el segundo para aquellos producidos por el hombre o, en su caso, por la autoridad. Si el acontecimiento proviene de cualquiera de esas fuentes y provoca la imposibilidad física o jurídica de una persona para cumplir sus obligaciones, traerá como consecuencia que el obligado no incurra en las sanciones contractuales o legales estipuladas o que derivan de la ley, al no poder considerarse como responsable de dicha situación. Ante dicho panorama, este juzgador constitucional considera que el juez A quo, responsable no violentó su derecho a la libertad, esto es que se resolviera su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, al declarar infundado el agravio puesto a su consideración. Ello es así toda vez que la continuación de la audiencia inicial fuera de término constitucional ampliado se encuentra justificada, ya que, si bien el Juzgador tenía el deber legal de observar el plazo constitucional estipulado en el artículo 19 constitucional, en relación con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de resolver la situación legal del impetrante de amparo, cierto es también que acontecieron circunstancias excepcionales, que impidieron el traslado de los imputados para la celebración de la audiencia, por lo que el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el A quo suspendió el plazo constitucional en virtud de la imposibilidad que se tuvo para trasladar a los imputados y así como también porque se ordenó desalojar la sede judicial. Por tanto, contrario a lo que refiere el quejoso el auto de vinculación a proceso no fue dictado fuera del plazo legal, en razón de que éste fue suspendido mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve. Por otra parte, respecto el argumento de la parte quejosa atinente a que no existió causa justificada para que no se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso, resulta infundado su dicho, en razón de que como ya fue relatado existió la imposibilidad de que los imputados el treinta de octubre de dos mil diecinueve (fecha de vencimiento del término) fueran trasladados al recinto judicial y además de ello se ordenó el desalojo de la sede judicial, por lo que justificadamente ante la existencia de dichos acontecimientos, a las once horas del día treinta de octubre del citado año, el Juez determinó suspender el término del plazo constitucional. Máxime que, de la disposición Constitucional en estudio, no se advierte que el dictado de un auto de vinculación a proceso fuera del término previsto en el mismo, por verificarse una causa justificada, implique como consecuencia que deje de producir efecto jurídico alguno; por tanto, al momento en que se emitió el auto vinculación a proceso, aún fuera del aludido término, pero por causa justificada, ello no puede llegar al extremo de considerarlo nulo, menos aún las actuaciones precedentes que llevaron a su emisión, ya que lo único impugnado es la detención prolongada derivada del mandamiento pronunciado fuera del término constitucional, no los actos de referencia. Además, el artículo 19 Constitucional establece los requisitos de forma y fondo del dictado del auto de vinculación a proceso, siendo que la temporalidad fijada para que se emita dicha determinación sólo incide en un aspecto formal y no sobre la validez de éste. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada X.1o.31 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1087, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 188681, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES NULO EL DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. La citada disposición constitucional establece en lo conducente: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión ..."; plazo que podrá prorrogarse únicamente a petición del mismo, en la forma que señala la ley; la prolongación de detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal; la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el inculpado, que dentro del plazo no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir, y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Ahora bien, si el auto de formal prisión fue dictado cinco horas después del momento en que feneció la ampliación del término solicitado por el inculpado, tal transgresión al artículo 19 de la Carta Magna no le causa ningún perjuicio, porque el dictado del auto de bien preso fuera del término ampliado, no implica que adolezca de nulidad, pues de considerarlo así debe decretarse ésta y su consecuencia sería la emisión de un nuevo auto, que de suyo también conlleva el vicio de haberse emitido fuera del término constitucional, pero aun dictándose un nuevo mandamiento no existe posibilidad de retrotraer el tiempo dentro del cual debió haberse emitido, por eso se estima que dicha formalidad, por ser sólo un vicio de forma que por no decretarse dentro del tiempo ordenado por la Carta Magna, quedó subsanada desde el momento en que se dictó. De esta disposición, sin embargo, no se advierte que el dictado de un auto de formal prisión fuera del término previsto en el precepto constitucional que se analiza, traiga como consecuencia que deje de producir efecto jurídico alguno; por tanto, como se indicó, al momento en que se emite el auto de formal prisión reclamado, queda consumada irreparablemente la transgresión de los derechos individuales del reo, pero tal circunstancia no puede llegar al extremo de considerarlo nulo, menos aún las actuaciones precedentes que llevaron a dictar la resolución en comento, pues lo único impugnado es el mandamiento pronunciado fuera del término constitucional, no los actos de referencia; por ello, si el procesado está privado de su libertad, y continúa en esa forma, será responsabilidad del carcelero no haberlo dejado libre dentro de las tres horas siguientes de concluido el plazo constitucional, por no haber recibido el auto de formal prisión." Ahora, respecto el argumento de la quejosa en el que refiere que no existe un precepto legal que ordene la suspensión del plazo constitucional, debe decirse que si bien no existe un precepto como tal que disponga la posibilidad de suspender el plazo constitucional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe el numeral 351 que contempla la suspensión en forma excepcional de la audiencia de juicio, cuando, entre otras causas, alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; cuestión que como ya se refirió si bien está prevista para la referida audiencia de juicio y no para las diversas audiencias inicial y su continuación, se hace alusión a dicho supuesto, a fin de denotar que el ordenamiento aplicable no desconoce la posibilidad de casos repentinos, imprevisibles e irresistibles que teóricamente no encuadren en alguna de las hipótesis causantes del aplazamiento o suspensión aludida, pero que pudieran impedir el inicio o continuación de las audiencias o diligencias previstas para el desarrollo del proceso penal. Por otro lado, el quejoso refiere que la Sala debió de ponerlo en inmediata libertad debido a que el auto de vinculación a proceso se emitió fuera del plazo legal, toda vez que conforme al numeral 47 del mencionado código el Juez pudo habilitar una sede alterna para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso y no lo hizo violándose con ello su derecho a que se le resolviera su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. El anterior argumento resulta infundado, toda vez que el Juez ordenó suspender el término constitucional por la imposibilidad de trasladar a los imputados, no solamente por el desalojo del recinto judicial; inclusive, aunque hubiese podido señalar dicho juzgador una sede alterna, se le comunicó que los traslados estaban cancelados; de ahí que el hecho de que no se hubiere señalado una sede alterna se encuentra justificado en razón a la imposibilidad de trasladar a los imputados por los hechos acontecidos en el interior del Centro de Reinserción Social. En ese tenor, este órgano constitucional comparte lo determinado por el juez responsable de que no se violó en perjuicio del quejoso su derecho a la libertad, en atención a que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra no se emitió fuera del plazo constitucional a virtud de que existió un acuerdo en donde se ordenó la suspensión de dicho término. Precisado lo anterior, ahora es dable analizar los argumentos expuestos por el quejoso en los que indica que no existen indicios de que hubiese desplegado la conducta que se le imputa, además de que el hecho de haber sido detenido con el supuesto dinero producto de la presumida extorsión por sí solo no es un hecho delictivo; insistiendo que no existen elementos suficientes para presumir su supuesta participación en el hecho delictivo que se le imputa y que es inexacto que la responsable considerara que existió coautoría con los diversos imputados para la realización del hecho delictivo. Los conceptos de violación, por razón de método, se analizarán de manera conjunta, en la medida que guardan relación entre sí, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, en términos de lo dispuesto por el numeral 76 de la Ley de Amparo. Dichos conceptos de violación resultan infundados, a consideración de lo siguiente. A manera de preámbulo, es conveniente acotar que en el nuevo esquema de juicios orales, el proceso penal se inicia con la etapa preliminar o de investigación, cuyo objeto es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Así, en el nuevo sistema penal, ya no tiene lugar, ante el Ministerio Público, un "mini proceso" en el que se recibían y desahogaban pruebas, sino que en esta fase la policía y el fiscal recaban datos de prueba que, posteriormente puedan ser expuestos para su desahogo o incorporación en el juicio oral, ante el juez, que es el director del proceso; ello, ajustado siempre a un principio de lealtad y buena fe; por tanto, lo que se integra es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policiacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. Acotado lo anterior, y con el objeto de dotar a la parte quejosa, en el conocimiento de lo que implica un auto de vinculación a proceso en el actual sistema de justicia penal y, con ello, evidenciar lo infundado de sus argumentos, debe precisarse que los requisitos necesarios para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, se encuentran contenidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que dicen literalmente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Entonces, del análisis de dichos numerales, se deduce que la resolución de vinculación a proceso debe reunir, esencialmente, los siguientes requisitos: 1. Debe emitirse por una autoridad judicial. 2. Contener la precisión del o los delito (s) que se imputa. 3. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del ilícito. 4. Los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito; y, 5. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, como requisito de todo acto de autoridad, en términos del numeral 16 de la Constitución Federal, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que en el acto de autoridad han de señalarse con detalle las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. En ese sentido, la autoridad responsable hizo una síntesis de los datos de pruebas presentados por la representación social, así como que ante los argumentos de la defensa oficial tanto del quejoso como de la defensa particular de diversa imputada, en cuanto a que los teléfonos celulares Samsung y Huawei, asegurados al quejoso y a la imputada Karla Jaqueline, respectivamente no existe en la copia de la carpeta de investigación con la que les corrió traslado la agente del Ministerio Público la cadena de custodia, por ello, determinó no considerarlas para emitir su resolución así como los dictámenes de informática relacionados con dichos aparatos telefónicos, y abordó su estudio, considerando la declaración de la víctima de iniciales C.B.T., el informe homologado de los policías aprehensores quienes observar la forma en como el ahora quejoso entra a la farmacia Azteca, y recoge el dinero producto de la extorsión y salir del local comercial es detenido en posesión del dinero asegurado. Lo cual de manera alguna implica que se hubiese violado en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues como lo consideró el A quo, responsable, sí existen elementos suficientes y razonables para considerar que el aquí quejoso probablemente participó en el hecho delictivo que se le imputa. Del contenido de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte esencialmente que el juez responsable, determinó dictar el auto de vinculación a proceso en contra del impetrante el uno de noviembre de dos mil diecinueve. En principio estimó que se encontraban acreditados los elementos para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues se hallaron satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, estableció que se encontraba acreditado el hecho delictivo extorsión agravada previsto en el numeral 146 párrafo tercero fracción I, del Código Penal vigente en la época de la comisión de los hechos. Sostuvo que los elementos integradores del hecho delictivo se encontraban acreditados con el informe policial homologado del que se advertía que con fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía Especializada la víctima de iniciales C.B.T., para denunciar el delito de extorsión cometido en su agravio, dando inicio la carpeta de investigación FE/UECS/2ª/400/2019, refiriendo el denunciante que se desempeñaba como propietario de un taller mecánico y que es concesionario de taxis y que tiene dos farmacias, una ubicada en Avenida Estado de Puebla, número 148, colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, Morelos, siendo que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, a las ocho con cuarenta y cuatro minutos recibió una llamada telefónica en su número celular 7774518170 registrándose el número 7774421702 en donde un sujeto del sexo masculino dijo tenerlo ubicado, que sabía todos sus movimientos y le pregunta si quería arreglarse por las buenas o por las malas, colgando la llamada la víctima por el temor que le causó, recibiendo tres llamadas más registrándose el mismo número de origen, las cuales ya no contestó la víctima, siendo las nueve horas con diez minutos la víctima comenzó a recibir diversos mensajes de texto del mismo número de origen en los que decían que contestara y se arreglaran, porque de otra forma quemarían sus farmacias y sus taxis, es así que la víctima al estar en las instalaciones de la Fiscalía Especializada, esto es a las diez horas con cincuenta minutos recibió una llamada telefónica del número de origen en la que el mismo masculino de la llamada anterior le reclamó que por qué no le estaba contestando las llamadas, pidiéndole que quitara el alta voz y que no escuchara la policía, proporcionándole un número de cuenta siendo el 49156674559286417 exigiéndole que en media hora le hiciera un depósito por la cantidad de treinta y cinco mil pesos, argumentando que en un inicio sería la cantidad de treinta mil pesos pero que como no había contestado y no había querido negociar tendría que pagar la cantidad de treinta y cinco mil pesos, indicándole que empeñara uno de sus coches, y que no le dijera a nadie, dándole una hora para realizar el depósito, es así como los agentes de la policía de investigación criminal reciben la orden de investigación respectiva en donde se solicita la asesoría en materia de negociación y manejo de crisis a la víctima y quien fungió en dicho carácter fue el agente de investigación criminal Miguel Lázaro Osorio, es así como empieza la negociación en las instalaciones de la Fiscalía Especializada indicando a la víctima que se haría tiempo para realizar la investigación y determinar la identidad de los sujetos activos, de manera que se le indicó a la víctima que acudiera a una sucursal bancaria a realizar un depósito por una cantidad mínima con el propósito de conocer la identidad del titular de la cuenta proporcionada, realizado dicha circunstancia la víctima y se arrojó el nombre en ese depósito de Karla Jaqueline Álvarez Martínez, cuyo comprobante se anexó al informe policial, a las quince horas el agente Miguel Lázaro Osorio informó que la víctima tenía que trasladarse a su farmacia con razón social "Azteca" manifestando que tenía miedo de que los sujetos activos le fueran a quemar su farmacia así como sus taxis porque no reunían el monto exigido porque sólo contaba con cuatro mil pesos, además que las personas que le habían llamado acudieron a su farmacia lo que le generó más temor, es así que una vez que la cantidad fue reunida por la víctima esto es ocho billetes de quinientos pesos, se implementó vigilancia alrededor de la farmacia, y el agente Lázaro le presentó a la víctima al agente quien coordinaría la seguridad que se implementaría. Asimismo, de dicho informe se advierte que los agentes aprehensores se organizaron en tres bloques, el agente Omar Sánchez Sánchez fue en compañía de David Santiago, Miguel Martínez, y Ángel Eduardo Navarrete Huesca en otro bloque y el tercer bloque César García Ayala, Giselle Bolaños y Miguel Arizmendi Estrada. A las quince horas con veinte minutos los agentes se trasladaron a la farmacia "Azteca", para la vigilancia fija y móvil ubicados en posiciones estratégicas para evitar ser detectados encontrándose a pie-tierra los agentes Omar Sánchez Sánchez y David Hurio Santiago, mientras que los demás compañeros se encontraban en las unidades oficiales en una Ford Ranger blanca y un Ford Focus blanco en vigilancia móvil sobre avenida Estado de Puebla, manteniendo siempre contacto vía radio tetra, la negociación continuó se llevó a cabo en los mismos número telefónicos. A las dieciséis horas con treinta minutos la víctima le dice al sujeto activo que ya tenía su dinero y que no había podido depositarlo en el Oxxo porque no le recibían tanta cantidad y que el banco se encontraba cerrado, es por eso que la víctima ofrece entregarlo en su negociación referida como farmacia "Azteca", quedando el extorsionador de llegar a ese punto para recogerlo y todo era informado a través de Miguel Lázaro Osorio, es así que a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, los agentes aprehensores que se encontraban pie-tierra tienen a la vista un vehículo nissan, Tsuru, tipo taxi, con letras verdes "Metropolitano Temixco", con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, el cual se orilló frente al negocio de la víctima en la acera de enfrente, con dos masculinos y una femenina a bordo, descendiendo del lado del copiloto un sujeto joven, de complexión robusta, tez morena, cabello corto, con una playera de manga larga color obscuro entre negro y azul marino, con pantalón de mezclilla color azul, calzado blanco, dejando la puerta abierta, cruzando de manera apresurada y se acerca al mostrador donde la víctima le entrega de mano al sujeto la bolsa de papel estraza color café que contiene en su interior la cantidad de cuatro mil pesos, mientras que el conductor y la femenina que venía en el asiento trasero del taxi se notaban alertas, volteando a todos lados realizando actos de vigilancia, al percatarse de esa situación es como el agente Omar Sánchez Sánchez, reporta vía radio tetra a los compañeros y comienzan a aproximarse al establecimiento, momento en que la víctima sale a la calle y comienza a pedir auxilio advirtiendo la presencia de los agentes tanto el sujeto activo como el propio taxista, sacando el sujeto el dinero de la bolsa de papel estraza con su mano derecha mientras aceleraba su paso tirando la bolsa al suelo, mientras que el taxi de forma inesperada arranca con la puerta del copiloto abierta, emprendiendo la huida, por lo que el agente Omar Sánchez Sánchez mediante comandos verbales le indica al masculino que pusiera las manos en alto, que detuviera su marcha y empiezan a forcejear ante la negativa de acatar los mandos verbales apoyando el agente David Hurio Santiago logrando mediante técnica de control de contacto y sometiendo entre ambos. A las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos el agente Omar Sánchez Sánchez realiza la formal detención de quien dijo responder al nombre de Eduardo Omar Becerril Garduño, dando lectura a sus derechos en calidad de detenido, y es cuando David Hurio Santiago realiza una inspección encontrándole en el bolsillo delantero del pantalón un teléfono celular marca Samsung; la víctima le informa al agente Omar Sánchez Sánchez que el sujeto que conducía el taxi era Ezequiel Bahena quien había sido su chofer de taxi con quien terminó la relación laboral porque este no le pagaba las cuentas y le robaba piezas de su taller mecánico, que también pudo ver que en la parte trasera del taxi iba la esposa de Ezequiel Bahena, por lo que de manera inmediata se realizó el reporte vía radio tetra y con lo anterior genera una sospecha razonable objetiva respecto la manera en que se habían suscitado los hechos, ya que el taxi había huido de forma evasiva y la víctima había reconocido a su conductor y pasajero, alertando así vía radio tetra con las características del vehículo de interés, mientras trasladaban al diverso detenido a la unidad Toyota Linux blanca para su resguardo y traslado a la Fiscalía Especializada para su certificación médica. Es así que de manera simultánea los agentes César Ayala, César Bolaños Soriano y Miguel Arizmendi Estrada a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos se aproximan al punto con dirección norte sur y es cuando tienen a la vista sobre la avenida Estado de Puebla con dirección hacia al norte de Cuernavaca al vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco tipo taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco" con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, el cual los rebasaba a toda velocidad teniendo que dar los agentes vuelta en "u" sobre la misma vialidad e iniciar la persecución, informando vía radio el contacto visual, el cual se desarrolla sobre toda la avenida Estado de Puebla, con dirección norte, pudiendo percatarse de como el conductor iba realizando rebases en sentido contrario, ignorando topes, sumándose a la persecución los compañeros a bordo de la unidad Ranger blanca, quienes venían con dirección sur-norte, el vehículo toma dirección norte sobre el paso exprés continuando esa conducción imprudente y es hasta la altura de la colonia Satélite, Cuernavaca que se dan las condiciones de seguridad mínimas necesarias para implementar las técnicas de manejo a la defensiva con la unidad Ford Focus blanco con el propósito de reducir la velocidad del taxi y detener su marca, lo cual se logra con el apoyo de diversa unidad Ford Ranger blanca, forzando se orille el vehículo, identificándose como elementos para practicar una entrevista e inspección al conductor y pasajeros del vehículo, mientras que el conductor que era un sujeto de aproximadamente treinta y cinco años, con playera tipo polo roja, pantalón de mezclilla, calcetines blancos y calzado café, cabello chino corto, tez morena, complexión media intenta huir pie-tierra dando alcance Ángel Eduardo Navarrete Huesca, logrando su formal detención a las diecisiete horas con siete minutos, dándole lectura a sus derechos, de forma simultánea el agente Miguel Martínez Hernández practica una inspección descubriéndole en su bolsillo delantero derecho un teléfono azul marino Motorola; a las diecisiete horas con diez minutos en paralelo la agente Giselle Bolaños Soriano indica mediante comandos verbales a la femenina que desciende del vehículo y se identifica notando que en brazos portaba una menor de edad de aproximadamente seis meses y junto a ella una menor de dos años, negándose a descender del vehículo, por lo que al verse rodeada se baja y deja en el vehículo a las menores, por lo que se le indica que proporcione su nombre negándose a hacerlo, procediendo a realizarle una inspección descubriéndole fajada en su cintura su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional para votar a nombre de Karla Jaqueline Álvarez Martínez y empalmada con esta una tarjeta bancaria Banorte nómina con número 4915667459286417 coincidiendo con el número bancario que los extorsionadores proporcionaron a la víctima para el depósito del pago de la extorsión, asimismo aseguraron un teléfono celular marca Huawei; y se realizó la detención correspondiente, las detenciones se realizan sobre el paso exprés Tlahuica, con dirección Norte, como referencia a la altura de calle Bugambilias, colonia Satélite, en Cuernavaca, Morelos; es así que el agente Miguel Arizmendi Estrada a las diecisiete horas con quince minutos realiza el aseguramiento del vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco, tipo taxi, con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco", con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, y se realiza el traslado a la Fiscalía Especializada y se pone a disposición a Eduardo Omar Becerril Garduño, Ezequiel Bahena López y Karla Jaquelina Álvarez Martínez en calidad de detenidos en flagrancia por la posible comisión del delito de extorsión agravada en agravio de la víctima C.B.T. De igual manera el juez responsable concatenó dicho dato de prueba con la denuncia de la víctima, así como también con la ampliación de la declaración del denunciante; con el informe del agente Miguel Lázaro Osorio de veintidós de octubre de dos mil diecinueve; el dictamen de psicología practicado a la víctima de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; el dictamen en materia de criminalística de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; el informe de Miguel Lázaro de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. En ese tenor los datos de prueba que la autoridad responsable tomó en consideración les otorgó valor probatorio conforme a los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que crearon la convicción de que el día veintidós de octubre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos y en diversos horario la víctima de iniciales C.B.T., comenzó a recibir diversas llamadas y mensajes en su número de teléfono, exigiéndole la cantidad de treinta y cinco mil pesos a cambio de no quemarle su farmacia, sus vehículos del servicio público de taxis, o que se atentara en contra de la integridad de su familia, proporcionándole uno de los sujetos activos el número de cuenta 4915667459286417 para que depositara la cantidad exigida, por lo que ese mismo día veintidós de octubre de dos mil diecinueve aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos la víctima de iniciales C.B.T., pacta con uno de los sujetos activos el lugar de entrega de la extorsión siendo precisamente en la farmacia de la víctima, es así que aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos arriba hasta el negocio un vehículo marca Nissan tipo Tsuru Color Blanco tipo Taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco", del cual desciende del lado del copiloto uno de los sujetos activos que se dirige al interior de la farmacia donde se encontraba la víctima a quien le refirió que iba por el encargo, entregándole la víctima una bolsa de estraza color café que en su interior contenía cuatro mil pesos, mientras que los otros dos sujetos activos realizaban actos de vigilancia, esperándolo a bordo del vehículo a su coautor mientras realizaba el cobro de la extorsión, por lo que una vez que obtuvo el pago, el sujeto activo es señalado por la víctima siendo asegurado, y al darse cuenta de eso el sujeto activo que conducía el vehículo marca Nissan tipo Tsuru Color Blanco tipo Taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco" así como la diversa activo del delito, emprenden la huida, siendo alcanzados por los agentes aprehensores por el señalamiento que la víctima realizó del sujeto activo quien conducía el taxi como la persona que había sido su trabajador siendo asegurados de manera simultánea, mientras que a la sujeto activo le encuentran en su poder diversas identificaciones y una tarjeta bancaria Banorte de nómina con número 419566745928617, siendo la portadora de la cuenta bancaria que los extorsionadores proporcionan a la víctima para que deposite el pago de la extorsión. Así, del contenido del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que en el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, en tanto indica que sólo debe justificarse la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión. En ese tenor, en la resolución reclamada el juez responsable determinó con los datos de prueba considerados emitir auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve en la causa penal JC/1386/2019, debido a que los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público con motivo de la formulación de imputación son idóneos, bastantes y suficientes para establecer la existencia del hecho tipificado como extorsión agravada, ya que de su valoración individual y conjunta se puede concluir razonadamente que se encuentra acreditada la conducta de acción desplegada por la sujeto activo del delito. Por tanto, se estima que el juez de control responsable actuó correctamente al considerar que los datos de pruebas aportados por la Agente del Ministerio Publico resultan aptos y suficientes para dictar vinculación a proceso ya que los datos de prueba relatados se estiman hasta este momento idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes, para establecer la existencia del delito de extorsión agravada en agravio de la víctima del delito. Ahora bien, por cuanto a la probable participación del ahora quejoso en el hecho ilícito que se le imputa, se estima que la apreciación del juez responsable, no vulnera ningún derecho humano de éste y se encuentra ajustada a derecho, pues de los datos de prueba, los antecedentes, los argumentos vertidos por la fiscalía y la defensa, se concluye que el quejoso probablemente participó en la comisión del hecho que se le atribuye, lo cual se acreditó con los siguientes datos: - Con el Informe policial homologado suscrito y firmado por los agentes aprehensores Omar Sánchez Sánchez, César García Ayala, Giselle Bolaños Soriano, Miguel Martínez Hernández, Ángel Eduardo Navarrete Huesca, David Santiago y Miguel Arizmendi Estrada, todos ellos elementos adscritos a la Unidad Especializada de combate al Secuestro y Extorsión. - La denuncia de la víctima de iniciales C.B.T.; así como la ampliación de su declaración. - El informe del agente Miguel Lázaro Osorio de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. - El dictamen en materia de psicología suscrito y firmado por la psicóloga Ketzalmeztli García Arellano, de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. - Los dictámenes en materia de criminalística de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. - El informe de Miguel Lázaro de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Datos de prueba que esta potestad federal, estima que son suficientes y eficaces para tener por acreditada la probabilidad de que el imputado aquí quejoso, posiblemente participó en la comisión del ilícito que se trata. Ello es así, toda vez que la víctima le informó al agente Omar Sánchez Sánchez que el sujeto que conducía el taxi era Ezequiel Bahena quien había sido su trabajador y que vio que en la parte trasera iba su esposa; además cuando es detenido el aquí impetrante por los agentes aprehensores, le fue asegurado el dinero producto de la extorsión. En ese contexto, como lo expuso la autoridad responsable, los datos de prueba aportados resultan suficientes para establecer en esa etapa inicial, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existen indicios razonables que permitan suponer, al menos para esta etapa procesal, que el imputado, probablemente participó en la comisión del mismo, lo que verificó la autoridad responsable en la resolución reclamada, con los antecedentes narrados por el órgano investigador; además, estableció los razonamientos lógicos jurídicos, así como los fundamentos legales en los cuales se apoyó para su emisión, lo cual se estima correcto, pues como se destacó, con los datos de prueba incorporados por la fiscalía y que la responsable tomó en consideración, se acreditó que el aquí solicitante del amparo, de manera probable participó en el hecho que se les atribuye. Además de lo expuesto, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requieren de pruebas fehacientes ni evidentemente claras para su emisión, aunado a que los datos de prueba que fueron considerados por el juez responsable se estiman suficientes para ello, es decir, sólo se requiere que en la resolución de vinculación a proceso se exprese el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; esto es, el constituyente reformador estableció que para el dictado de auto de vinculación a proceso ya no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable. Ahora bien, respecto los argumentos expuestos por la impetrante en los que refiere que no existen elementos suficientes para presumir su supuesta participación en el hecho delictivo que se le imputa, como ya se precisó resultan infundados, toda vez que existen datos de prueba los cuales ya fueron reseñados en párrafos antecedentes, de los que se desprende que hasta este estado procesal probablemente fue la persona que junto con los diversos imputados participaron en el hecho delictivo de extorsión agravada, en virtud de que con su intervención compartida se llevó a cabo la comisión del ilícito, y de dichos datos se desprende que el ahora quejoso al arribar a la farmacia denominada Azteca, descendió del vehículo marca Tsuru lugar del copiloto dejo la puerta abierta se introduce a la farmacia y recibe de la víctima el dinero producto de la extorsión al retirarse del lugar es asegurado por los policías aprehensores en posesión del dinero producto del delito, lo que hasta este momento es suficiente para considerar que probablemente el quejoso participó en el hecho delictivo que se le atribuyó, como coautor. Por otro lado, también resulta infundado su argumento en el que expresa que fue inexacto que la autoridad responsable considerara que existió coautoría con los diversos imputados para la realización del hecho delictivo. Ello es así, toda vez que como lo precisó la autoridad responsable la coautoría se actualiza cuando varias personas en consenso y con condominio funcional del hecho, dividiéndose las acciones delictiva y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso concurren a la ejecución de un hecho punible. En ese tenor, el juez responsable indicó que el aquí quejoso es probable responsable en igualdad de condiciones con los diversos imputados, ya que su intervención fue necesaria para la realización del hecho delictivo, en virtud de que fue la persona que realizó el cobro del dinero producto de la extorsión. También resulta infundado el argumento del quejoso de que no existe cadena de custodia de los teléfonos celulares Samsung y Huawei, lo anterior es así, en razón a que el juez responsable ante dichos argumentos defensivos determinó no considerar tales datos de prueba para emitir su resolución. Por otra parte, este órgano constitucional advierte que la resolución reclamada sí está debidamente fundada y motivada, y para justificar esta postura, es necesario señalar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual dispone textualmente en su párrafo primero lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De dicho apartado, se advierte los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. Por cuanto hace a los dos primeros incisos, éstos están acreditados, pues de las constancias remitidas junto con el informe justificado, se desprende que la resolución que hoy constituye el acto reclamado, se encuentra por escrito del tomo de pruebas. Y por cuanto hace al inciso de estar fundado y motivado el acto, se constata que la autoridad responsable fundó y motivó debidamente la resolución que por esta vía se combate, esto es, citó los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión, colmando con ello los requisitos que exigen los arábigos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, resulta correcta la determinación que emitió la autoridad responsable ya que de los datos de prueba se advierten que el ahora quejoso probablemente cometió el hecho delictivo que se le imputa, pues para ello no se exigen pruebas plenas de la participación del quejoso, sino que únicamente se aporten datos que hagan estimar con base en la razón prudente que la sujeto activo probablemente participó en la comisión del ilícito en comento, lo que en la especie aconteció, pues existen datos suficientes que corroborados entre sí hacen suponer hasta este momento procesal que el quejoso probablemente cometió el delito que se le atribuye. De ahí que, es incontrovertible que la resolución reclamada se emitió, cumpliendo a cabalidad con los requisitos constitucionales y legales establecidos para su dictado, tomando en consideración datos de prueba objetivos, que analizados en su conjunto permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada y la probabilidad que el imputado aquí quejoso lo cometió y, en esa medida, es palpable que no se quebrantó en contra del quejoso, ninguna formalidad procesal en desacato a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, al resultar infundados los argumentos aducidos por el quejoso, y no haberse advertido deficiencia alguna que deba suplirse de oficio en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la resolución de uno de noviembre de dos mil diecinueve. Por último, la negativa se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, dado que el acto de esta fue reclamado en vía de consecuencia y sin alegar vicios propios. Ello de conformidad con la jurisprudencial 88, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917622, página 70, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eduardo Omar Becerril Garduño, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de uno de noviembre de dos mil diecinueve, atento a las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy tres de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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