Eduardo Olvera Y Sánchez

Expediente 929/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
929/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Olvera Y Sánchez
  • EDGAR AMBRIZ MEDINA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Edgar Ambriz Medina y Eduardo Olvera Y Sánchez, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del trece de junio del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos trece de junio de dos mil dieciocho Vista la demanda de garantías que promueve EDGAR AMBRIZ MEDINA y EDUARDO OLVERA Y SÁNCHEZ, por su propio derecho, contra actos del GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 929/2018-III que por orden le corresponde. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a EDGAR AMBRIZ MEDINA. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. ACTO RECLAMADO. En el caso concreto se tiene que los quejosos reclaman la omisión de aplicar los preceptos de los códigos derivados de la Carta Magna, en relación con el volumen de ruido de las "sirenas policiacas" que portan los vehículos expendedores de gas doméstico que operan en el estado de Morelos, durante el silencio que existe a horas tempranas de la mañana, todo el día e incluso sábados y domingos; señalan que su afectación se da en la avenida Díaz Ordaz, la que usan para hacer caminatas, debido a la acumulación excesiva que ahí se da, de gases tóxicos emanados de los vehículos automotores, cuya circulación, al carecer de fluidez, marchan a paso de rueda, en virtud de que la avenida Teopanzolco no se ha continuado porque existe un asentamiento ilegal consistente en unas canchas de tenis pertenecientes al fraccionamiento Las Quintas. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Por tanto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Desde esta perspectiva, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera es aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por su parte, la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." Así el interés legítimo es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo para que, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". Luego, se considera que los promoventes de amparo carecen de interés legítimo frente al acto reclamado, ya que su sola existencia -en caso de acreditarse- no implica que necesaria y forzosamente tenga las consecuencias que los quejosos le atribuyen (equiparación a un "asalto en batería"), aunado a que, en realidad, la sociedad en general tiene el mismo interés que ellos respecto a la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico. A mayor abundamiento, la parte quejosa no demuestra cómo la concesión del amparo los restituiría en el goce de su derecho humano violado, pues el interés simple que refieren -derivado de las manifestaciones vertidas en la demanda- no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera de derechos, en razón de que de los hechos y las razones expuestas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte quejosa frente a la omisión que señala de las autoridades responsables implica un mero interés simple, pues sus reclamos no demuestran ese daño actual y real, ya que únicamente se refieren a comportamientos de particulares indeterminados que de ninguna manera actúan como autoridades, lo que no es impugnable en el amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, de la Décima Época, del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.". De ahí que también nos encontramos ante la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es procedente el juicio de garantías, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observara, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, siendo que en el caso que nos ocupa, los quejosos reclaman los actos omisivos de las autoridades, haciéndolos depender de comportamientos de particulares indeterminados, que de ninguna manera tienen características de actos de autoridad ni pudieran atribuírseles a las que señalan como responsables, los cuales no son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, toda vez que manifiestamente carece de las notas distintivas de acto autoritario, las cuales son, con independencia de que en la realización del mismo intervenga una autoridad, que se emita ordene o disponga por esta en ejercicio de las facultades y competencia que le están legalmente reconocidas en su condición de autoridad; que los mismos impacten o afecten la esfera jurídica de los particulares al imponerse sobre los mismos, por encima de su voluntad, por tratarse de una determinación basada en el imperio de que goza la propia autoridad; y, finalmente, que dicho impacto se traduzca en una afectación manifiesta patente actual o inminente en dicha esfera jurídica del particular de que se trata. En otras palabras es menester, para que se repute como autoritario con todas sus características, que el acto que provenga de una entidad del Estado, se caracterice por materializar una relación jurídica de supra a subordinación, que correlativamente al poder de que ordena o dispone, suponga el sometimiento inexorable de quien es el objeto de la orden o disposición, en definitiva, el sometimiento total del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis III.4o.C.10 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, página 1828, de la Décima Época, del rubro "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL.". Aunado a todo lo anterior, los quejosos aluden en su demanda a normatividades emitidas por las autoridades administrativas que tienden a regular el tipo de hechos de que se duelen, como lo es el ruido, cuya finalidad es proteger el bienestar de la población en general, por lo que en su caso, la infracción que de éstas se cometa, será materia de la queja y sanción correspondientes ante la autoridad administrativa y no materia de un juicio de amparo; ya que su naturaleza no se trata de un acto de autoridad, sino de un actuar de un particular en su vida diaria. Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia de referencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por EDGAR AMBRIZ MEDINA y EDUARDO OLVERA Y SÁNCHEZ. Ahora bien, quedan a salvo los derechos de los promoventes para que, de considerarlo necesario, acudan ante las autoridades administrativas y, de ser el caso, que exista una infracción a la normatividad que regula el comportamiento civil se apliquen las sanciones correspondientes, ya que de acuerdo a lo narrado en la demanda de lo que se duelen los solicitantes del amparo es del ruido excesivo que se produce en los lugares en que transitan, actos que, en su caso, de ser contrario a lo establecido en las normas correspondientes no serán de una autoridad en su carácter de entes soberanos sino de otro particular que no actúa como autoridad, ello en el entendido que conforme a lo expuesto en su demanda las autoridades administrativas sí han regulado dichos supuestos en las disposiciones respectivas. DOMICILIO PROCESAL. Finalmente, téngase como domicilio procesal de los quejosos el que indican en la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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