Eduardo Olguin Mulia

Expediente 1554/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1554/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Olguin Mulia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Olguín Mulia, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Calificador del Tercer Turno adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1554/2021-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a la Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el juez calificador responsable, relativo a la boleta de infracción 025853, en que negó al aquí quejoso la imposición de multa equivalente a un salario mínimo, como lo pretendió hacer valer de conformidad con lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". De la correcta interpretación del dispositivo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la especie se actualiza la citada causal de improcedencia, en virtud de que los artículos 67 y 68, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como 1 y 81 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, establecen: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. "Artículo 67. Corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo dirimir, con plena autonomía, las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Descentralizados con funciones de autoridad. En ningún caso el Tribunal podrá sustituir a la autoridad administrativa." "Artículo 68. Las salas del Tribunal Fiscal Administrativo serán competentes para conocer, substanciar y resolver los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos siguientes: B) En materia administrativa: I. Resoluciones o actos definitivos que las autoridades del Ejecutivo Estatal, municipales u organismos descentralizados dicten, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de particulares. Se consideran resoluciones o actos administrativos definitivos aquellos que no admitan recurso o que, habiéndose interpuesto, fuere negativa la resolución para el gobernado; (.).". Ley Estatal del Procedimiento Administrativo. "Artículo 1. La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos.". "Artículo 81. El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo.". De estos preceptos se desprende que el Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo es el facultado para dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre la administración pública estatal, municipal y los organismos descentralizados y los particulares. Además, la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, siendo que el afectado por las resoluciones administrativas que dicten dichas autoridades, podrá interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. De lo anterior, se advierte con claridad que contra la infracción de tránsito número 025853, de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, que reclama el quejoso, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Ahora, se afirma que el juicio de nulidad debe agotarse, porque la expresión "podrá" contenida en el tercer párrafo del artículo que se analiza, debe entenderse como obligatoriedad, pues en el ámbito legislativo el verbo "poder" no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, alternatividad u opción sino que, en ocasiones, como en el caso, se utiliza en el sentido connotativo de "obligatoriedad", pues en tal hipótesis se entiende como un deber, ya que de no ejercer la facultad impugnativa, tiene efectos preclusivos y de consentimiento del acto que pudo ser cuestionado. Cobra aplicación al caso por analogía la jurisprudencia XX.1o. J/48, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 598, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA ESTAR EN APTITUD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA QUEJOSA DEBE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD AUN CUANDO HAYA HECHO VALER EN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, en sus artículos primero y tercero, da la opción a la interesada para interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución administrativa reclamada, antes de acudir al juicio de nulidad; pero de cualquier manera, si se opta por este recurso, una vez resuelto en contra de la quejosa, tiene que controvertir la resolución en comento a través del juicio de nulidad a que se ha hecho referencia, que constituye un medio de defensa legal por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama, habida cuenta de que dicha ley estatuye la suspensión del acto en forma semejante a la que establece el ordenamiento regulador del juicio de amparo; por tanto, si la quejosa hizo valer el recurso de reconsideración, debió agotar el juicio de nulidad ya citado para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías; caso contrario, éste resulta improcedente.". Por otra parte, los artículos 69, 70 y 73, relativos al Capítulo Séptimo "De la suspensión", de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, prevén: "Artículo 69. La suspensión de los actos impugnados, podrá concederse en el mismo auto en que se admite la demanda para su cumplimiento." "Artículo 70. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto, el mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. No se otorgará la suspensión, si sigue el perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio.". "Artículo 73. Tratándose de multas, impuestos, derechos y en general cualquier otro crédito fiscal se concederá la suspensión si quien lo solicita, garantiza su importe ante la autoridad fiscal correspondiente, en alguna de las formas siguientes: I. En efectivo. II. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite su solvencia con bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. III. Prenda. IV. Hipoteca. V. Embargo de bienes; o VI. Procedimientos administrativos de ejecución.". Como se ve, la ley que rige al juicio de nulidad no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues aquella legislación establece que la medida cautelar puede concederse en el mismo auto que admite la demanda y para ello, sólo debe solicitarla el actor del juicio de nulidad que se promueve ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio. Y cuando se trate de créditos fiscales, la suspensión se concederá cuando quien lo solicita, garantiza su importe ante la autoridad fiscal correspondiente. Así, los mencionados requisitos no son mayores que los previstos por los artículos 128 y 135 de la Ley de Amparo, este último tratándose de créditos fiscales. Por lo que no se actualiza la diversa excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Todo lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 115/99 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448 de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.". Al haber quedado demostrado que en contra de la determinación administrativa aquí reclamada procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es incuestionable que al no haberse agotado dicho medio de defensa, la parte quejosa no cumple con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sin que sea óbice a la anterior conclusión el hecho de que el juicio de nulidad mediante el cual el promovente debió impugnar el acto reclamado, en su caso, se encuentre previsto en ordenamiento legal diverso a aquel en cuya emisión se fundó la responsable para dictarlo, pues para la actualización de la causa de improcedencia en estudio basta con que en alguna ley formal y material, se prevenga de manera directa e inmediata la interposición de algún juicio, recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 116/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Eduardo Olguín Mulia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Máxime que, a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Santiago Hernández Macías (5182621), así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que señala, por no haber acreditado contar con el registro de sus cédulas en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA ... NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano