Eduardo Ojeda Franco
Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Ojeda Franco
- Víctor Manuel Nava Casarrubias, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede de Acapulco, con Jurisdicción y Competencia en el Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, ...,
- Principal
...ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eduardo Ojeda Franco, en contra de la autoridad responsable y por el acto reclamado precisado en el resultando primero de este fallo, atento a las razones y fundamentos precisados en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por da cuenta con el escrito firmado por Atilano Lagunas Servantes, en su carácter de defensor particular de Eduardo Ojeda Franco; mediante el cual refiere que amplía la demanda de amparo, respecto de los siguientes actos reclamados y autoridades: " ... Asimismo, en la demanda de amparo se señaló un acto reclamado, por lo que a efecto de respetar el orden cronológico se amplía la demanda señalándose como acto reclamado el siguiente: ... Establecido lo anterior, a efecto de determinar si es procedente la pretensión de la parte quejosa, en cuanto a la admisión de la ampliación de demanda, es importante destacar que el amparo es un medio de control constitucional instituido para proteger a los gobernados que lo soliciten contra los actos de las autoridades que violan sus garantías individuales, cuya tramitación, decisión y ejecución está supeditada a la observancia de actos y formas concatenados entre sí, de modo que la estructura del juicio de amparo guarda particularidades que escapan al examen bajo las perspectivas o lineamientos del sistema de la teoría general del proceso o del derecho procesal clásico, en la medida en que está regulado por normas jurídicas especiales y distintas a las que rigen otros ordenamientos procesales. En esa tesitura, los elementos procesales que constituyen la materia del litigio se integran con los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda (y por extensión en el escrito de ampliación), los fundamentos del acto reclamado y los aducidos en el informe con justificación que vincula al órgano jurisdiccional a emitir pronunciamiento sobre las cuestiones debatidas. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del numeral transcrito se desprenden como reglas para la procedencia de la ampliación de demanda las siguientes: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no se hayan rendido los informes justificados. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda. 2. Después de rendidos los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de los informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama. La ampliación, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo previsto en la Ley de Amparo para la demanda principal. 3. Que en ninguno de los supuestos señalados se haya celebrado la audiencia constitucional. De lo anterior se obtiene que la condición fundamental para ejercer la ampliación de la demanda, por regla general, estriba en que no hubieran transcurrido los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, según se trate, a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, y de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora bien, la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, de lo expuesto en el escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolverse, siempre que su inclusión se estime indispensable para dar una solución adecuada al conflicto que se le plantea, por lo cual forma parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial. Asimismo, debe tenerse en consideración que los hechos sobrevenidos son aquéllos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; por tanto, debe determinarse si el hecho de que se trate se encuentra comprendido en el núcleo de los actos originalmente combatidos, surgido, incluso, de una autoridad distinta a las señaladas como demandadas, a efecto de establecer si efectivamente se trata de un hecho superveniente o de un acto derivado de un hecho nuevo, aun cuando se le atribuyan los mismos vicios de inconstitucionalidad que a los reclamados en la demanda relativa. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. ..." Ahora bien, como se apuntó en párrafos precedentes, en el presente juicio de garantías se advierte que el peticionario del amparo reclamó en su escrito inicial de demanda lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: ... Por tanto, se advierte que la ampliación de demanda que pretende el referido impetrante de garantías, no tiene relación con los actos reclamados en la demanda de amparo. Por lo cual, en este caso, debe promover un nuevo juicio de amparo y no ampliar la litis inicialmente propuesta, atendiendo básicamente a que se trata de actos desvinculados entre sí, pues es diverso el acto que le reclama; ya que son actos totalmente independientes uno del otro y no se pueden considerar estrechamente relacionados. Aunado a esto, no estamos en presencia de hechos supervenientes, entendidos como aquéllos susceptibles de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis; que pudieran presentarse o advertirse después de rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, sino como se ha señalado en el presente acuerdo, se reclaman actos distintos. En tales condiciones la ampliación es improcedente, pues el quejoso pretende impugnar un nuevo acto por considerarlo directamente vinculado con los señalados inicialmente, al que se atribuyen violaciones específicas e independientes de aquéllas planteadas en la demanda de amparo primigenia. Luego, lo que antecede es revelador de que los actos reclamados en la demanda de amparo como en la ampliación de que se trata, contrario a lo que señala el quejoso, no se encuentran vinculados entre sí, aun cuando guarden cierta relación, pues a cada acto se le atribuyen vicios propios; de modo que se está en presencia de planteamiento de nuevos conceptos vinculados con un acto distinto a los reclamados en la demanda de amparo, y respecto del cual no es legalmente factible considerar que pudiera formar parte de la litis constitucional ya integrada, sino que debió ser combatido a través de un nuevo juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación por analogía y en lo conducente, la tesis aislada I./9o.A.1 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1283, libro XV, Tomo 2, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, del texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO PRETENDEN IMPUGNARSE NUEVOS ACTOS POR CONSIDERARLOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL SEÑALADO INICIALMENTE, PERO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. Atendiendo a lo reseñado, y toda vez que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en sesión de 9 de diciembre de 2020, aprobó el punto de acuerdo 104/2020 relativo a la "Interpretación de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales". Una parte considerativa de la determinación señala: "De la justificación de [la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.)] se observa que, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, se debe enviar a la Oficina de Correspondencia Común (OCC) para que se le dé el trámite de una demanda nueva e independiente, ya que sólo puede desecharse ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. [.] Lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), plantea un cuestionamiento novedoso en cuanto al turno administrativo que debe dársele a una nueva demanda cuyo trámite proviene de una determinación jurisdiccional consistente en que la materia de la ampliación en una demanda de amparo no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. [.] Al respecto, esta Comisión considera que el turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. Tal situación se justifica en el hecho de que el último antecedente registrado en la OCC será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En este sentido, es de la mayor relevancia tener presente que el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo señala que procede el recurso de queja en contra de las resoluciones que "admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación". En este sentido, en contra de la determinación a través de la cual se da tratamiento de demanda nueva a una ampliación de la demanda, procede el recurso de queja. En éste, el Tribunal Colegiado correspondiente podrá declarar infundada la pretensión del recurrente pero, si la declara fundada, la jueza o el juez tendrá que dejar insubsistente el auto que ordena el turno de la demanda como asunto nuevo y emitir uno nuevo, en el que tenga por ampliada la demanda. De ser así, conviene que sea el mismo órgano jurisdiccional el que tenga conocimiento de la nueva demanda, con la finalidad de que la misma Litis planteada sea resuelta por la misma juzgadora o juzgador. Aunado a ello, si la demanda nueva se turnara con base en el turno aleatorio, podría ser que una jueza o juez distinto al que tiene el juicio que originalmente se promovió (y que según la quejosa está relacionado con la demanda originaria) se pronuncie sobre la suspensión. Esto podría generar que, sobre la misma materia, hubiera dos pronunciamientos, que pudieran ser discordantes entre sí. Lo anterior es así, independientemente de si los actos reclamados son los mismos o no, pues esa cuestión es un tema de valoración jurisdiccional que corresponde al juzgado del conocimiento o, en su caso, al órgano revisor. En consecuencia, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción XIII, segundo y tercer párrafos, considera que corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua el conocimiento del juicio 350/2020, pues es éste el que tiene el último antecedente registrado. [.] Posteriormente, el punto de acuerdo concluyó con los siguientes resolutivos: "PRIMERO. El turno administrativo que corresponde a una nueva demanda proveniente de una determinación de tener por no interpuesta la ampliación es el relacionado. SEGUNDO. El último antecedente registrado en la Oficina de Correspondencia Común será el del Juez de Distrito que haya determinado que se tiene por no interpuesta la ampliación de la demanda. TERCERO. Corresponde el conocimiento del amparo [.], al Juzgado [.]. CUARTO. Comuníquese esta determinación por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a los titulares de los órganos jurisdiccionales involucrados, a los Titulares de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Tecnologías de la Información, a las Oficinas de Correspondencia Común que dan servicio a los mencionados órganos, para los efectos conducentes." QUINTO. Comuníquese la presente determinación mediante circular a todos los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación." En consecuencia, remítase el referido escrito de ampliación de demanda y la comparecencia que se provee a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que por su conducto sea enviada al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guerrero, residente en la ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, señalado en líneas que anteceden, lo remita al órgano jurisdiccional que corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con adscripción al Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad y anexo que acompaña, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Cabe destacar que el Juez responsable reconoció los actos reclamados que se le atribuyen, manifestando que el nueve de junio del año en curso, recibió escrito de esa misma data, suscrito por Xavier Oléa Trueheart, asesor jurídico particular de la víctima de identidad reservada D.B.L., dentro de la carpeta judicial C-421/2020, instruida al aquí quejoso Eduardo Ojeda Franco y otro, por su probable participación en la comisión del delito de violación, señalándose las dieciocho horas del quince de junio del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de control judicial contra actos u omisiones del Ministerio Público, ordenándose notificar a todas las partes dentro de la carpeta judicial antes referida, incluyendo al quejoso, argumentando que aun y cuando dictó la resolución de sobreseimiento bajo los supuestos de los artículos 327 fracción IV y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor de Eduardo Ojeda Franco, ésta fue apelada por las licenciadas Gloria Mendoza Escobar, María Gabriela Ramírez Morales y Braulia Vinalay Vargas, Fiscal Especializada, Titular y Agente del Ministerio Público, adscritas a la Fiscalía Especializada en atención al Turista, del Distrito Judicial de Tabares, así como por el asesor jurídico particular de la víctima, la cual no ha sido resuelta por el Tribunal de Alzada, por lo que dicha resolución no ha causado ejecutoria, precisando que el quejoso aún es parte del proceso penal; motivo por el cual había sido citado para que compareciera a la audiencia de Control Judicial, para que no se violaran sus derechos, esto último con fundamento en el artículo 20 Apartado A, fracción VI y Apartado B, fracción VI, constitucional, acompañados de los artículos 18 y 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, refiere que el diez de junio pasado, fue presentado un escrito por el asesor jurídico de la víctima de identidad reservada de iniciales D.B.L., comunicando desistirse de la petición de solicitud de audiencia de control judicial, dado que los actos que pretendía impugnar ante las omisiones de las agentes del ministerio público adscritas a la Fiscalía Especializada en Atención al Turista del Distrito Judicial de Tabares, serían subsanadas sin necesidad de la apertura de la aludida audiencia, por lo que dejó sin efectos la diligencia generada en auto de nueve de junio del presente año, ordenándose notificar dicho auto a todas las partes Ahora, visto el estado de autos y atendiendo a la reserva ordenada en acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, en relación al llamamiento a juicio del tercero interesado, se provee: tomando en consideración que lo expuesto en líneas que anteceden y, dado que el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevé que el carácter de tercero interesado le resulta a aquellas personas que tengan interés contrario a los de la parte quejosa y por lo mismo, interés en que subsista el acto reclamado, entre ellos, a la parte actora en el procedimiento del que emana dicho acto y que ésta debe llamarse al juicio para que tenga oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto o actos impugnados, ya que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, por tanto, es claro que el acto reclamado por el peticionario no afecta en modo alguno los intereses jurídicos de la citada parte procesal en comento, es decir, no irroga perjuicio alguno a la víctima en la carpeta de origen y por ende, resulta innecesario llamarla a juicio.
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