Eduardo Nicolás Ramírez Moreno

Expediente 1144/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Nicolás Ramírez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en su carácter de Juez de Coordinador, y el Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en representación del Fiscal General del Estado de Guerrero, ambos con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo su informe previo, que será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva el presente cuaderno incidental. Adicionalmente, téngase al Director General antes mencionado, designando como delegados de su parte a las personas que al efecto señala en su oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en su carácter de Juez Coordinador, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, y devuelve los autos del presente juicio de amparo; en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como se establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo expuesto por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esa ciudad, en el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, por el que no aceptó la competencia legal declinada por este órgano jurisdiccional. Ahora, la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, no comparte el criterio adoptado por este Juzgado Séptimo de Distrito, en razón de que el juicio 1135/2023, si bien es cierto se trata del mismo quejoso y acto reclamado, fue desechado por carecer de firma del promovente y archivado el once de septiembre de dos mil veintitrés. En relación a lo anterior, debe decirse a la homologa, con el debido respeto, que con el simple hecho de que la Oficina de Correspondencia Común le haya turnado una demanda, con eso ya le corresponde conocer de las demás que deriven del mismo juicio de origen o, como en este caso, si se trata de las mismas partes y acto reclamado, por lo que resulta innecesario saber el resultado que se haya emitido en el juicio de amparo de su índice, es decir, no es de interés para la competencia por turno, si previno, admitió, desechó, o resolvió el expediente que le fue turnado. Por ello, este juzgado difiere del argumento realizado por el Juzgado oficiante, e insiste y reitera lo argumentado en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso. Es así, ya que de las constancias se advierte, que será competente para conocer de determinado juicio de amparo, el juez de distrito que haya conocido o esté conociendo de algún asunto que tenga relación con el mismo, EN TANTO SE TRATE DE LAS MISMAS PARTES Y MISMO ACTO RECLAMADO, o bien, conlleve actos derivados del mismo procedimiento, establecido en el artículo 46 fracción XIII, como se le precisó en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que debe prevalecer el principio de seguridad jurídica a favor del quejoso, lo que se considera aplicable al caso que nos ocupa. Es aplicable por tratarse de un caso análogo, la resolución de turno adoptada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que dice: "- AMPARO INDIRECTO - CONSULTA DE TURNO, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, si el acto reclamado es el mismo en ambos juicios de amparo.Se actualiza la hipótesis de relación prevista por la fracción IV del artículo 46 del Acuerdo General que regula la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, si de los anexos o del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que los actos reclamados en los juicios de amparo que se pretende vincular, son los mismos. Elaboró: Zona II, en fecha 03/07/17 Promovente: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA Oficio de Salida: SECNO/1307/2017" En mérito de lo anterior, y al insistir este Juzgado en declinar la competencia para conocer la demanda promovida por el impetrante el amparo, por lo antes expuesto y fundado, así como lo asentado en auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés; se considera, que lo procedente es realizar consulta a efecto de que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por ser ésta la facultada para resolver la problemática planteada al no ser un conflicto competencial. Por tanto, remítase vía electrónica las constancias necesarias que acrediten lo antes argumentado, a la referida Comisión para que resuelva lo que en derecho corresponde. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. No obstante lo anterior y en cumplimiento a lo que ordena el normativo 46 quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se procede a proveer respecto a la demanda de amparo formulada por el quejoso Eduardo Nicolás Ramirez Moreno, hasta en tanto se dicte la resolución en la consulta planteada en párrafos que anteceden, en los siguientes términos: ADMISIÓN DE DEMANDA Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. INCIDENTE. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión que se solicita, con apoyo en el artículo 128 de la ley de la materia. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Es importante destacar que si bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que las audiencias constitucionales serán públicas, aquellas no están supeditadas para su desahogo, a que deban comparecer las partes. De ahí que pueda llevarse a cabo aún sin su asistencia. No obstante lo anterior, para el caso de que las partes requieran asistir a la audiencia constitucional, deberán solicitarlo con la anticipación debida, a fin de proveer lo conducente. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emanan los actos que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de que no rindan su informe justificado o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si omiten manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. TERCEROS INTERESADOS Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe justificado, precisen si por virtud del delito por el cual se le instruye el proceso penal existe alguna persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido, que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así proporcionen el nombre y domicilio de la misma, o en su defecto, digan si no le recae a persona alguna dicho carácter; ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de tercero interesado en el presente asunto, conforme a lo expuesto en el citado ordinal 5°, fracción III de la Ley de Amparo en vigor. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete, así como a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al juzgado señalado como autoridad responsable ordenadora. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se ordena al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante la razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

  4. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de esta fecha, en el cuaderno principal del juicio de amparo 1144/2023-II, promovido por **, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, se forma por duplicado y separado el incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándole al efecto copia simple de la demanda de garantías. Se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); se apercibe al quejoso que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y el principio de la celeridad procesal. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa. "PRIMERO: LA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO. SEGUNDO: ATAQUES A MI LIBERTAD PERSONAL. TERCERO: LA CONFISCACIÓN DE BIENES CONSISTENTES EN DOS TELEFONOS CELULARES DE ALTA GAMMA." En congruencia con lo anterior, se advierte que el quejoso solicita la medida cautelar para lo siguiente: ".SE ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS COMO PRIMERO Y SEGUNDO a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y se eviten actos de consumación y de difícil reparación..." Precisado lo anterior, y al estimar que en el presente caso se satisfacen los requisitos previstos en los dispositivos antes transcritos, para conceder la suspensión solicitada; tocante al primero de ellos (que lo solicite el agraviado), cobra relevancia la manifestación que bajo protesta de decir verdad, vierte la parte quejosa incidentista en su escrito de demanda, así como la petición expresa que formuló en el capítulo respectivo del ocurso aludido. De la misma forma, se satisface el segundo de los elementos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues es evidente que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público; lo anterior en la medida de que solo a los directamente agraviados les interesa que no se ejecute la orden que reclama de las autoridades responsables. Así, toda vez que los actos reclamados en el presente sumario pueden tener efectos restrictivos de la libertad de la parte quejosa incidentista, este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 124, 128, 130, 136 y 166 de la Ley de Amparo, determina lo siguiente: En cuanto a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y ataques a la libertad personal, así como su ejecución se CONCEDE la suspensión provisional solicitada por el quejoso incidentista, para el efecto de que no sea privado de su libertad personal el quejoso Eduardo Nicolás Ramírez Moreno; medida cautelar que surte sus efectos desde este momento, toda vez que como ha quedado asentado con antelación, se satisface los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que fue solicitada en su ocurso inicial, y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, y de efectuarse la ejecución de los actos reclamados se causaría al solicitante de amparo perjuicios de difícil reparación, al ser molestado en su libertad personal. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que recaiga sobre la suspensión definitiva, quedando la parte quejosa incidentista a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento. Significando a las autoridades responsables que la presente medida cautelar de modo alguno tiene el alcance de suspender el procedimiento que en su caso, se instruya al aquí quejoso. Apoya lo anterior por identidad de razón jurídica, el criterio de jurisprudencia 1a./J. 86/2010, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): Común, página 573, Novena Época, con registro 162694, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." Por tanto, con fundamento en los artículos 132, 136 y 138 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, no otorga garantía por la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, y a entera satisfacción de este Juzgado, suma que se fija como medida de aseguramiento y en atención a que en este momento procesal no se cuenta con mayores datos para determinar la naturaleza, modalidad y característica del delito imputado al aquí quejoso, ni su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, se estima que es económicamente activo al no hacer manifestación en contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Página 226, Novena Época, con registro 198729, de la siguiente literalidad: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." [Énfasis añadido] Al igual, robustece lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 188725, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, página 434, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." [Énfasis añadido] REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos.", en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan, para el caso de que sean varios quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso o quejosa; el concepto deberá decir: Para garantizar la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, y precisando como autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Por otro lado, con apoyo en el artículo 166, fracción II de la ley de la materia, también se impone al impetrante como medida de aseguramiento la prevista en el párrafo primero del numeral 162 de la misma ley, consistente en la obligación de comparecer ante las autoridades responsables ordenadoras para la continuación del procedimiento, según sea el caso; es decir, se previene a la parte quejosa, para que, se presente ante la autoridad responsable, que en su caso, haya girado la orden de aprehensión, así como su ejecución, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los numerales precitados, lo que deberá hacer dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del auto por el en que se tenga rendido el informe de la autoridad que acepte el acto reclamado, y una vez que comparezca ante dicha autoridad, lo deberá acreditar con la certificación que solicite a la autoridad ante quien se presente, a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo fijado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Penal, Página 371, Novena Época, con registro 170432, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." En la inteligencia de que la medida decretada no surtirá efectos, si el delito o delitos por los que se haya girado la orden de aprehensión, así como su ejecución, se trata de aquellos sobre los que el artículo 70 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establecen como graves, o de aquellos que el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, contempla como de prisión preventiva oficiosa o en los casos en que la prisión preventiva la solicite el ministerio público, tratándose de las circunstancias que refiere la primera parte de segundo párrafo del numeral Constitucional en cita, en cuyo caso, este mandamiento no impide que sean privados de su libertad, y la suspensión solo producirá el efecto de que, una vez ejecutadas dichas ordenes, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que el quejoso sea recluido o detenido, en cuanto a su libertad personal; quedando a disposición de la autoridad ordenadora, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso se le instruya, sin perjuicio de la facultad de las responsables ordenadoras para decretar su soltura en los casos en que legalmente proceda. Asimismo, la medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se detenga a la parte quejosa, por órdenes de autoridades distintas de las señaladas como responsables o dictadas con posterioridad a la presentación de la demanda. Ahora bien, no obstante que la parte quejosa incidentista señale que solicita la suspensión provisional únicamente en relación a los actos que señaló como primero y segundo (orden de aprehensión y ataques a la libertad personal), este juzgador considera oportuno realizar también el análisis de los restantes actos reclamados consistentes en la Confiscación de Bienes y la omisión de dar acceso a la carpeta iniciada en contra del quejoso, siendo como sigue: En lo que respecta al acto reclamado relativo a la confiscación de bienes consistentes en dos teléfonos celulares de alta gama, este juzgado concluye que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR la suspensión provisional, toda vez que no acredita ni aun presuntivamente el interés suspensional que dice ostentar. Por tanto, en el cuaderno incidental en que se actúa, no queda de manifiesto ni de manera presuntiva que el acto cuya suspensión provisional se solicita, afecta el derecho subjetivo cuya violación reclama, por el cual pretende que se conceda la medida cautelar que solicita, ya que corresponde al peticionario incidentista la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer, al menos, indiciaria o presuntivamente, a efecto de estar en condiciones de determinar si en el caso resulta procedente dictar una medida cautelar, pues la sola manifestación vertida en el sentido que el acto reclamado le causa agravio es insuficiente para otorgarle la medida cautelar solicitada, como se dijo previamente. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia visible a página 262, Tomo IX-Enero, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aún en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto reclamado en contra del cual se pide, no puede desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Finalmente, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades ministeriales para que el quejoso tenga acceso a la carpeta que se haya iniciado en su contra, este juzgado federal determina NEGAR la medida cautelar, dado que se trata de un acto omisivo y técnicamente es improcedente conceder la suspensión, acorde con lo dispuesto por el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, por lo que el acuerdo reclamado será analizado al dictarse la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquéllos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión." Por consiguiente tal conducta no es susceptible de ser paralizada ya que la medida cautelar es inoperante frente a dichos actos, pues no se puede suspender lo que está inactivo. Es decir, en tratándose de actos de los denominados omisivos por la jurisprudencia, conductas que se refieren a un no actuar, a un estado pasivo de las autoridades, las medidas cautelares no surten efecto alguno, pues por principio jurídico solo procede frente a acciones positivas o negativas pero con efectos positivos. Tiene aplicación al particular la tesis I.6o.T.3 K (10a.), consultable a página 1912, Tomo III, Octubre de 2013, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en calle Roble, Manzana 3, Lote 4, fraccionamiento René Juárez Cisneros, en esta ciudad; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gerardo Barreto Moreno, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alma Verenice Oropeza Tapia, por no contar con el anterior requisito Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "MOBAGE", que corresponde al nombre de Gerardo Barreto Moreno, la consulta y notificación vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA OFICIAL ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Ahora bien y toda vez que la parte quejosa señala domicilio para recibir notificaciones, y solicita se le notifique vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), para oír y recibir notificaciones, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y si por causa atribuible al sistema citado, no le es posible realizar la notificación correspondiente, la realice por cualquiera de los otros medios precisados por la parte quejosa. En otro orden, no ha lugar a tenerle proporcionado el número de teléfono y correo electrónico que refiere, para oír y recibir notificaciones, toda vez que en líneas precedentes, se le tuvo designado para tal efecto, el expediente electrónico mediante el usuario que proporcionó así como, el domicilio procesal a que hizo referencia. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes, mediante número de teléfono, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete, así como a los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al juzgado señalado como autoridad responsable ordenadora. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. Se ordena al actuario judicial adscrito que de existir imposibilidad para entregar cualquiera de los oficios que deriven del presente acuerdo, por encontrarse suspendidas las labores, levante la razón correspondiente y una vez reanudadas sin previo acuerdo, realice la entrega de dichas comunicaciones. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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