Eduardo Navarro Pulido
Expediente 1176/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Navarro Pulido
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio número 332/2018, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; mediante el cual devuelve diligenciado a este Juzgado Federal el despacho número 107/2018 (7/2018-D), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, emplazara a juicio a MIGUEL RESENDIZ PEDRAZA y/o quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo denominada EMPRESA DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA, denominada SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a quienes les resulta el carácter de terceros interesados; en razón a que mediante auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. ...
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 50/2018, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, no existe diverso amparo promovido por el ahora quejoso o alguna otra persona y adjunta como complemento a su informe de ley copias certificadas del expediente laboral 3B-1847/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, EDUARDO NAVARRO PULIDO, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: "EL ACTO RECLAMADO DE LA RESPONSABLE LO ES, EL QUE NO HA EMITIDO EL ACUERDO SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS.". Demanda que se admitió a trámite por auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, se advierte la inexistencia del acto de omisión reclamado, pues manifestó: "No son ciertos los actos que reclama el quejoso, virtud a que con fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete, se dictó el acuerdo de pruebas dentro del expediente laboral 3B-1847/2015, el cual fue notificado al quejoso el veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete". De lo anterior se advierte que se trata de un acto negativo, que por su propia naturaleza implica una omisión o abstención que se le atribuye a la mencionada autoridad, de ahí que la negativa emitida en su informe de ley propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye, por consiguiente, es a la autoridad responsable a quien corresponde la carga de la prueba, en el caso, de demostrar que emitió el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas y de que se señalaran diversas fechas para el desahogo de las mismas, lo que así hizo como se advierte de la copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, que obra en las constancias que adjuntó como complemento a su informe de ley. Tienen aplicación al respecto la jurisprudencia número I.3o.A. J/21 y tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; la primera, publicada en la página 660, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990 y la segunda, en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; ambas de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y textos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario". En el caso, ciertamente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil dieciséis), no existía el acto de omisión atribuido a la autoridad responsable, para lo cual se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. ".Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". El análisis del primero de los numerales transcritos permite conocer con claridad que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento en cita, pues de las constancias de autos se advierte que el quejoso, fue debidamente notificado del referido auto, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 3B-1847/2015, de donde emana el acto reclamado y se continúa con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. De las propias constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, mismas que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al dispositivo 2° de este último ordenamiento legal, se advierte que se emitió el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se admite la mayoría de las pruebas que ofrecieron las partes en el juicio laboral 3b-1847/2015, mismo que se le notificó al quejoso EDUARDO NAVARRO PULIDO, el veintinueve de agosto del citado año. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en efecto, no existe el acto de omisión reclamado a la autoridad responsable, pues como ya se dijo, antes de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio ya había emitido el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas (quince de agosto de dos mil diecisiete), de lo que se deriva que para cuando la parte quejosa presentó su demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil diecisiete), señalando como acto reclamado que la responsable no había emitido el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de pruebas, ya se había dado respuesta a su petición, lo que impide examinar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que procede decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XX.54 K, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANÁLISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del nueve de febrero de dos mil dieciocho. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio número 50/2018, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que dentro del juicio del que deriva el acto reclamado, no existe diverso amparo promovido por el ahora quejoso o alguna otra persona y adjunta como complemento a su informe de ley copias certificadas del expediente laboral 3B-1847/2015. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, EDUARDO NAVARRO PULIDO, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: "EL ACTO RECLAMADO DE LA RESPONSABLE LO ES, EL QUE NO HA EMITIDO EL ACUERDO SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE PRUEBAS.". Demanda que se admitió a trámite por auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, se advierte la inexistencia del acto de omisión reclamado, pues manifestó: "No son ciertos los actos que reclama el quejoso, virtud a que con fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete, se dictó el acuerdo de pruebas dentro del expediente laboral 3B-1847/2015, el cual fue notificado al quejoso el veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete". De lo anterior se advierte que se trata de un acto negativo, que por su propia naturaleza implica una omisión o abstención que se le atribuye a la mencionada autoridad, de ahí que la negativa emitida en su informe de ley propiamente encierra la afirmación de que no incurrió en la omisión que se le atribuye, por consiguiente, es a la autoridad responsable a quien corresponde la carga de la prueba, en el caso, de demostrar que emitió el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas y de que se señalaran diversas fechas para el desahogo de las mismas, lo que así hizo como se advierte de la copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, que obra en las constancias que adjuntó como complemento a su informe de ley. Tienen aplicación al respecto la jurisprudencia número I.3o.A. J/21 y tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; la primera, publicada en la página 660, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990 y la segunda, en la página 50, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; ambas de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y textos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario". En el caso, ciertamente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil dieciséis), no existía el acto de omisión atribuido a la autoridad responsable, para lo cual se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo. ".Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". El análisis del primero de los numerales transcritos permite conocer con claridad que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En la especie, se actualiza la causal de sobreseimiento en cita, pues de las constancias de autos se advierte que el quejoso, fue debidamente notificado del referido auto, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 3B-1847/2015, de donde emana el acto reclamado y se continúa con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. De las propias constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, mismas que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al dispositivo 2° de este último ordenamiento legal, se advierte que se emitió el auto de quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se admite la mayoría de las pruebas que ofrecieron las partes en el juicio laboral 3b-1847/2015, mismo que se le notificó al quejoso EDUARDO NAVARRO PULIDO, el veintinueve de agosto del citado año. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en efecto, no existe el acto de omisión reclamado a la autoridad responsable, pues como ya se dijo, antes de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio ya había emitido el acuerdo de admisión y desechamiento de pruebas (quince de agosto de dos mil diecisiete), de lo que se deriva que para cuando la parte quejosa presentó su demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil diecisiete), señalando como acto reclamado que la responsable no había emitido el acuerdo sobre la admisión o desechamiento de pruebas, ya se había dado respuesta a su petición, lo que impide examinar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues el juicio de amparo únicamente procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que procede decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XX.54 K, visible en la página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANÁLISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del nueve de febrero de dos mil dieciocho. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
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