Eduardo Mouett Espinoza

Expediente 283/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
283/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Mouett Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe María Dora Espinoza Ahumada, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/MDEA/jpct

  2. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Mouett Espinoza, contra actos del: 1. Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 283/2017-I. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: "Reclamo de la autoridad Responsable, el abstenerse de acordar y resolver el inicio de demanda solicitada desde el pasado 26 .de mayo del 2017, por si o por sus sub alternos, es decir, el no acordar dentro del término de TRES DÍAS que para tal efecto le otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado, tal y como lo regula el artículo 89 del Código en cita, transgrediendo así mismo el artículo 17 Constitucional, pues la justicia impartida por los tribunales debe ser pronta y expedida. Debido a lo antes señalado, se evidencia que la autoridad señala como responsable, viola en perjuicio de la quejosa y de las partes que intervienen en el juicio natural, las garantías establecidas dentro del artículo 17 Constitucional, que regula el que las autoridades impartan justicia ' de manera pronta y expedida dentro de los plazos y términos que establece el Código de adjetivo de las materia. Se reclaman así mismo, las demás consecuencias legales derivadas del anterior acto reclamado." Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Conviene destacar el texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se advierte que contra actos en juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en aquellos casos en los que el quejoso hubiese quedado sin defensa, trascendiendo al resultado de la resolución; o en contra de actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el quejoso se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del juicio ordinario civil 532/2017-C, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, específicamente de la abstención de la responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, de acordar y resolver el inicio de demanda promovida por el quejoso el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término que para tal efecto le otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos establecidos en el citado código procedimental; en razón de ello, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, ello en virtud de que, la abstención de acordar lo conducente respecto del escrito de demanda promovida por el peticionario del amparo, no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No se inadvierte que la parte quejosa señaló que se violó su derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional al no acordar y resolver el inicio de demanda solicitada desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término previsto en el código adjetivo estatal de la materia, ya que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en una interpretación armónica de los artículos 8, 14 y 17, la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir la resolución correspondiente a la petición pretendida de manera pronta y congruente, la cual se debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen el procedimiento; también señaló en diversa Jurisprudencia que por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad; por tanto, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. De tal manera que, si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que, en la especie, no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo por considerarse una violación procesal; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto que se reclama, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada ley. Son aplicables al caso, las tesis jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." (Décima Época; Registro 2008884; Tesis 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480) "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." (Décima Época; Registro 2008883; Tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; página 478). En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por Eduardo Mouett Espinoza. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Priscila Mouett Espinoza y Javier Ignacio Mariscal Romero, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

  3. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dos de junio de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal del quejoso Eduardo Mouett Espinoza, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la citada parte quejosa, publicada el siete de junio de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Mouett Espinoza, contra actos del: 1. Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 283/2017-I. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: "Reclamo de la autoridad Responsable, el abstenerse de acordar y resolver el inicio de demanda solicitada desde el pasado 26 .de mayo del 2017, por si o por sus sub alternos, es decir, el no acordar dentro del término de TRES DÍAS que para tal efecto le otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado, tal y como lo regula el artículo 89 del Código en cita, transgrediendo así mismo el artículo 17 Constitucional, pues la justicia impartida por los tribunales debe ser pronta y expedida. Debido a lo antes señalado, se evidencia que la autoridad señala como responsable, viola en perjuicio de la quejosa y de las partes que intervienen en el juicio natural, las garantías establecidas dentro del artículo 17 Constitucional, que regula el que las autoridades impartan justicia ' de manera pronta y expedida dentro de los plazos y términos que establece el Código de adjetivo de las materia. Se reclaman así mismo, las demás consecuencias legales derivadas del anterior acto reclamado." Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Conviene destacar el texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se advierte que contra actos en juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en aquellos casos en los que el quejoso hubiese quedado sin defensa, trascendiendo al resultado de la resolución; o en contra de actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el quejoso se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del juicio ordinario civil 532/2017-C, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, específicamente de la abstención de la responsable Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, de acordar y resolver el inicio de demanda promovida por el quejoso el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término que para tal efecto le otorga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos establecidos en el citado código procedimental; en razón de ello, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, ello en virtud de que, la abstención de acordar lo conducente respecto del escrito de demanda promovida por el peticionario del amparo, no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. No se inadvierte que la parte quejosa señaló que se violó su derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional al no acordar y resolver el inicio de demanda solicitada desde el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término previsto en el código adjetivo estatal de la materia, ya que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en una interpretación armónica de los artículos 8, 14 y 17, la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir la resolución correspondiente a la petición pretendida de manera pronta y congruente, la cual se debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen el procedimiento; también señaló en diversa Jurisprudencia que por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad; por tanto, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. De tal manera que, si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que, en la especie, no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo por considerarse una violación procesal; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto que se reclama, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada ley. Son aplicables al caso, las tesis jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." (Décima Época; Registro 2008884; Tesis 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480) "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." (Décima Época; Registro 2008883; Tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; página 478). En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por Eduardo Mouett Espinoza. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Priscila Mouett Espinoza y Javier Ignacio Mariscal Romero, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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