Eduardo Moreno Ocaranza
Expediente 1193/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2021
Partes del expediente
- Eduardo Moreno Ocaranza
- Coordinador de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Tijuana, Baja California (Efrén Medrano González Pola)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de febrero del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiséis de abril de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia de este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1193/2019, promovido por Eduardo Moreno Ocaranza, contra actos del Coordinador de la Oficina Foránea en Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de otra autoridad, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido vía electrónica el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Eduardo Moreno Ocaranza, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Coordinador de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, que hizo consistir en: "[.] De la autoridad reclamo el oficio 1576/2019, suscrito por el Lic. Efrén Medardo González Pola, Coordinador de la oficina foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Quinta Vsitaduría (sic), sede Tijuana [.]. [.] De la Responsable la Dra., Norma Elizabeth Luna Torres reclamo: el oficio sin número de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve [.]." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, registrándola con el número 1193/2019; mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previa suspensión y reanudación del procedimiento debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias obrantes en autos, se precisa que los actos de reclamo son: a) El comunicado sin número de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, signado por Norma Elizabeth Luna Torres, médico legista adscrita a la Oficina Foránea de Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. b) El oficio 1576/2019 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el coordinador responsable en el expediente de queja CNDH/5/2017/5319/Q a su cargo, mediante el cual atendió las manifestaciones vertidas por la víctima indirecta [aquí quejoso] en su escrito de objeciones a dictamen médico. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Ahora, toda vez que se advierte la estrecha relación que guarda este asunto con el diverso juicio de amparo 412/2019 del índice de este juzgado, se traen a la vista las actuaciones que integran el citado sumario constitucional, a fin de ser tomadas en consideración en esta sentencia. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. En estricto acatamiento con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el normativo 61, fracción XI, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.]." Del precepto trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria pronunciada en otro diverso, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Dicha causa de improcedencia tiene como finalidad, preservar la cosa juzgada, y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por idéntico objeto. En el presente asunto, el peticionario Eduardo Moreno Ocaranza señala como uno de los actos reclamados ?que se relaciona en el inciso a) del considerando segundo? el oficio sin número de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, signado por Norma Elizabeth Luna Torres, médico legista adscrita a la Oficina Foránea de Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tal contexto, de las actuaciones que se invocan como hecho notorio, se advierte que el impetrante Eduardo Moreno Ocaranza promovió un anterior juicio de amparo indirecto, registrado con el número 412/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo en el que, entre otras cosas, en vía de ampliación también reclamó el oficio sin número de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la médico legista adscrita a la comisión responsable, tal como se puede apreciar del punto vii inmerso en el inciso a) del considerando segundo de la sentencia dictada en dicho sumario constitucional. Sobre tal materia de reproche, en su oportunidad se resolvió sobreseer en tal juicio, por las consideraciones vertidas en el fallo ahí engrosado con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte; sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de noviembre del año próximo pasado. En esa tesitura, se acredita que el acto de reclamo destacado en el presente apartado, esto es, el oficio sin número de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, signado por Norma Elizabeth Luna Torres, médico legista adscrita a la Oficina Foránea de Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya fue combatido en un diverso juicio de amparo, promovido precisamente por el aquí quejoso, y que tal reproche fue abordado en una sentencia que quedó firme al haber causado ejecutoria, por lo que lo aquí demandado no puede ser sujeto a un nuevo ejercicio de control constitucional; de ahí que se actualice la causa de improcedencia planteada. Determinación que, además, se toma en ese sentido, pues considerar lo contrario implicaría que la parte quejosa tendría la posibilidad de promover tantos juicios de amparo indirecto le sean necesarios para realizar nuevos planteamientos y formular conceptos de violación, y así, tratar de conseguir la protección constitucional buscada. Escenario planteado que no resulta compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1107, libro 29, abril de 2016, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." [Énfasis añadido]. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación en cita. Por otra parte, respecto del acto reclamado que se identifica en el inciso b) del considerando segundo de este fallo, consistente en el oficio 1576/2019 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el coordinador responsable en el expediente de queja CNDH/5/2017/5319/Q a su cargo, mediante el cual atendió las manifestaciones vertidas por la víctima indirecta [aquí quejoso] en su escrito de objeciones a dictamen médico, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia además con los numerales 102, apartado B, 103 y 107 de la Carta Magna. Los preceptos antes mencionados prevén, respectivamente, lo siguiente: ?Ley de Amparo? "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ?Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? "Artículo 102 (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos (.)." "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal (.)." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los primeros dos artículos transcritos, se colige que el juicio biinstancial no será procedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución o de la propia ley, como por ejemplo, si los actos reclamados no son considerados como de autoridad para efectos del amparo, pues con independencia de su naturaleza formal, no corresponden a los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, en relación con los últimos dispositivos citados, se pone en relieve que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. En efecto, la Carta Magna previó una garantía instrumental o adjetiva conforme a dos procedimientos para la protección de las prerrogativas fundamentales, a saber: uno no jurisdiccional contemplado en su artículo 102, apartado B; y otro jurisdiccional, seguido ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como lo establecen los diversos 103 y 107 constitucionales. Sobre el tema, constituyen hechos notorios en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009 (en pleno), y los amparos en revisión 1066/2015 (segunda sala) y 742/2015 (segunda sala), en sesiones de nueve de marzo de dos mil diez, seis de abril y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, mismas que se toman en cuenta al momento de emitir el presente fallo. En relación con lo que establece el artículo 102, apartado B, del Pacto Federal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, estableció lo siguiente: 1.- El artículo 102, apartado B de la Constitución establece en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. 2.- En el precepto mencionado se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. 3.- Así como los artículos 14 y 17 de la Constitución prevén una "garantía judicial" y un debido proceso legal, el artículo 102, apartado B, del mismo cuerpo jurídico establece una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales. 4.- El artículo 102, apartado B, constitucional prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, lo cual se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos; defensa que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. En la acción de inconstitucionalidad en comento, se precisó que el sistema no jurisdiccional de protección de prerrogativas fundamentales, a través de las comisiones de los derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. También se estableció que el precepto constitucional mencionado otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, así como la circunstancia de que las personas tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativos que la constitución le encomienda. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1066/2015, en donde sobreseyó en el juicio respecto de actos atribuidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, apuntó lo siguiente: 1. A través del juicio de amparo no es posible llevar a cabo un análisis de la validez de todo acto o norma emitidos por las autoridades, pues existen ciertos ámbitos de la actuación estatal que se encuentran exentos de control de regularidad vía juicio de amparo, y entre tales ámbitos se encuentran las resoluciones de las garantías constitucionales. 2.- A pesar de la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa, también tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. 3.- El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que esos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. 4.- Los procesos constitucionales, entre los cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran excluidos de los actos sujetos a análisis vía juicio de amparo, pues el diseño de cada garantía responde a cierta lógica y objetivos, por lo que el margen de protección asignado a cada mecanismo no puede sujetarse a otra garantía que responde a un esquema de protección diverso. 4.- La posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la Constitución. Como se puede apreciar, se determinó que no resultaba factible a través de la vía de amparo estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, entre las cuales se encuentran las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la posibilidad de analizar vía juicio de amparo la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías del mismo rango constitucional, se contrapondría al principio de complementariedad al que debe responder la defensa de la constitución. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 742/2015, en donde sobreseyó en el juicio respecto de actos atribuidos a la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Nogales, Sonora, sostuvo: "[.] Ahora bien, esta Segunda Sala estima que no son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la CNDH por la presunta violación de derechos humanos, incluyendo la omisión que deba recaer en los mismos, que pueden culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad, entre otras posibilidades (por ejemplo, la queja también podría ser desechada o tener algún otro destino procesal), con base en el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 103 constitucional. Así como de manera expresa, el artículo 102, apartado B, tercer párrafo de la Constitución, señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes "tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales", debe entenderse que las recomendaciones, o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo." [Énfasis añadido] De lo transcrito, se tiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 742/2015, determinó que no son impugnables vía amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la presunta violación de derechos fundamentales, incluyendo la omisión que deba recaer en su trámite que puede culminar con la emisión de una recomendación o con un acuerdo de no responsabilidad, entre otras posibilidades, ya que en esos supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, constitucional, dado que no era factible estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de las garantías constitucionales, es decir, en los que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de la constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, como lo es el juicio de amparo previsto en el artículo 103 de la Carta Magna. Lo que conlleva a establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en virtud de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. Sentado lo anterior, este juzgado de distrito considera que el presente juicio deviene improcedente, al no ser combatibles mediante esta vía constitucional los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluidas las actuaciones comprendidas en ellos, por no resultar actos de autoridad para efectos del amparo. Así, como en el caso acontece, el quejoso reclama el oficio 1576/2019 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, signado por el Coordinador de la Oficina Foránea en Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual le da respuesta a un escrito presentado para objetar un dictamen médico, dentro del expediente de queja CNDH/5/2017/5319/Q; de ahí que la actuación reprochada se verifique en un procedimiento no jurisdiccional en términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, y por ende, no sea un acto de autoridad sujeto a revisión en el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, lo conducente es sobreseer en el presente juicio, como al efecto lo establece la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Sin que este tribunal inadvierta la existencia de una hipótesis excepcional de procedencia para el juicio de amparo respecto de actos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto es, en el caso en que ese organismo deseche un recurso de impugnación por improcedente, toda vez que ello puede constituir un acto de autoridad, al tratarse de un acto intraprocesal que extingue situaciones jurídicas de forma unilateral, obligatoria y que puede generar la denegación al interesado del acceso a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, tal como lo señala la jurisprudencia 1a./J. 23/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 716, libro 59, octubre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE.". Empero, en el presente asunto, tal extremo no se configura, ya que lo reclamado tiene relación con las actuaciones generadas dentro del procedimiento de queja de origen, no así con la denegación de acceso a la tutela no jurisdiccional a cargo de la Oficina Foránea de Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues incluso debe apuntarse que el oficio reprochado se emitió al tiempo que el asunto primigenio ya se encontraba archivado, dado que el once de marzo de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo de conclusión por falta de materia; de ahí que se ponga en relieve la culminación de dicho procedimiento no jurisdiccional. Máxime que el propio quejoso promovió el diverso juicio de amparo 412/2019 del índice de este juzgado de distrito, en reclamo del desechamiento del escrito de impugnación que presentó en contra de la determinación definitiva de conclusión en comento; sumario constitucional en el cual causó ejecutoria la sentencia por la que le fue negada la protección de la Justicia Federal. QUINTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 103 y 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, fracción II, 61, fracciones XI y XXIII, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1193/2019, promovido por Eduardo Moreno Ocaranza, contra los actos que reclamó del Coordinador de la Oficina Foránea en Tijuana, Baja California, de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
...Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General Plenario 37/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena reanudar el procedimiento en el presente juicio, y en consecuencia, se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional...
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso, recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en atención a su contenido, se hace de su conocimiento que el acuerdo y publicación a que hace referencia, pertenecen al año dos mil diecinueve, en específico, al proveído en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Notifíquese.
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