Eduardo Montellano Resendiz
Expediente 457/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Montellano Resendiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por *********, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado.
- Principal
Téngase recibido el escrito de cuenta firmado por el promovente ****, a través del cual, da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veinticinco de abril actual, narra los antecedentes del acto reclamado que le fueron requeridos; a lo que se acuerda: Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia; y, Juez Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato. De la interpretación armónica tanto del escrito inicial de demanda constitucional como del diverso aclaratorio, se deprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ***, del índice de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la cual se declaró improcedente la denegada apelación interpuesta contra el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la lectura del testamento del juicio sucesorio C ***, del índice del Juzgado Cuarto Civil, en esta ciudad. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*** Causa de improcedencia. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto legal citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:*** Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales.*** Ahora bien, debe agregarse que debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado, los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos, testamentarios e intestados. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589, establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, a saber: La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Caso concreto**** En consecuencia, esta juzgadora considera que, contrario a lo aducido por el quejoso, tal situación no transgrede sus derechos constitucionales ya que no le priva de alguno, tampoco le impone obligación, ni modifica alguna situación jurídica creada con anterioridad y, por tanto, no puede considerarse como invasiva de su esfera jurídica. Entonces, las supuestas violaciones al debido proceso que alude, por sí solas no justifican la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que los actos reclamados constituyen un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de Los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con la imposibilidad para probar su estado de salud mental como prueba en el procedimiento se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con las omisiones reclamadas no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Lo anterior es así porque, de considerar que efectivamente a la fecha no se ha informado al órgano jurisdiccional que tramita el proceso penal que se le sigue, su estado de salud mental, no significa que la sentencia que en su caso llegue a dictarse, se emita en forma desfavorable a sus intereses. Pues de acuerdo con lo narrado en el escrito aclaratorio, todavía no se dicta sentencia definitiva, sino que se está en la etapa intermedia, pendiente de la verificación de la audiencia respectiva. Por tanto, la eventual violación procesal quedará inocua si se obtiene sentencia favorable. No obstante, en caso de continuar dicha violación, la puede hacer valer como agravio en el recurso correspondiente que interponga contra esta última determinación y, finalmente, hacerla valer como violación procesal en amparo directo que se llegue a interponer en su caso, frente al fallo definitivo de segundo grado, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Protesta de ley. *** Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.*** Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable.
- Principal
EN ESTA FECHA SE CONTONUÓ CON LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: Único. La Justicia Federal no ampara ni protege al ***, contra los actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario adscrita a ésta; por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de esta sentencia
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), CON LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DEL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, PRONUNCIADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO: Visto el escrito que suscribe el quejoso ***, a través del cual aduce dar cumplimiento a la prevención efectuada en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, a lo que se acuerda: Por acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa, en los siguientes términos: «.Prevención. Previo a determinar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, cumplan con lo siguiente: Único: Informe los datos del juicio sucesorio del índice del Juzgado Cuarto Civil de Celaya, Guanajuato, como son: número del expediente y en qué etapa se encuentra el referido sumario; así como mencionar, si en el mismo ya se realizó la declaración de herederos y nombramiento de albacea..» Al respecto, en el ocurso de cuenta la promovente al pretender dar cumplimiento a la prevención en cita; empero, como se desprende de su contenido, se limita a realizar manifestaciones sin sustentarlas con la protesta de ley, requisito establecido en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y que se le precisó en el auto preventivo de mérito. En ese sentido, se desprende que el ocursante incumple con la prevención formulada, toda vez que omite precisar que su escrito de desahogo lo formula bajo protesta de decir verdad. Lo anterior en virtud de que dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Por tanto, al no haber dado cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós; infórmesele que subsiste el término concedido en el señalado proveído, y continúa vigente el apercibimiento contenido en el mismo; se hace de su conocimiento que cuenta con cuatro de los cinco días otorgados -En razón que el citado proveído le fue notificado el dos de los actuales, por medio de lista-, los cuales comenzará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación de este auto.
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