Eduardo Mondragón Buenrostro

Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
217/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Mondragón Buenrostro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la constancia de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días hábiles que se le concedió al promovente mediante diverso auto de diecisiete de marzo último, para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada el dieciocho de enero de este año, a la petición que por esta vía se combate y, a que autoridad se lo reclama; término que transcurrió del veintitrés de marzo al diecisiete de abril, del año en curso, sin que realizara manifestación alguna; por tanto, precluyó su derecho para hacerlo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado por el mencionado auto de diecisiete de marzo pasado, y se resolverá el presente asunto constitucional, con los lineamientos planteados en el escrito inicial de demanda, esto es, se resolverá el presente sumario tomando en cuenta únicamente el acto reclamado primigenio, así como las autoridades responsables al que se atribuye. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, visto el estado que guardan los autos, es necesario precisar que mediante escrito inicial de demanda presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, **********, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Omisión de dar contestación al escrito presentado por el justiciable el cuatro de enero de dos mil veintitrés. Niega (se desvirtúa) 32 Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial CUH-8 acepta 25 La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc CUH-8, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 25);por su parte, el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, aun cuando negó el acto reclamado al rendir su respectivo informe, realizó diversas manifestaciones tendentes a confirmar la existencia del mismo (fojas 32 a 35), por tanto, dicho acto si existe. Asimismo, su existencia se corrobora con las constancias que se adjuntaron a dicho informe (fojas 36 a 56), las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o.. Sin embargo, no obstante la existencia del acto reclamado, no se abordará al estudio de fondo de éste, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora bien, de una interpretación sistemática a la norma legal citada, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: por revocación o sustitución procesal. La primera de las hipótesis -revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda -sustitución procesal- se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Así, de autos se aprecia lo siguiente: El dos de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso presentó la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Fiscalía General de Justicia recibió el escrito signado por el justiciable ********** (foja 55 a 57), por lo que mediante acuerdo de dieciocho de enero siguiente, se remitió a la Coordinación General de Investigación Territorial, para su atención correspondiente, al cual le recayó el número de folio 0000309 (foja 44 a 45). El nueve de enero siguiente, se remitió el aludido escrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, generándose un folio de turno ********(foja 50), para que se diera seguimiento y atención. Recibiéndolo María de la Luz Luna Jiménez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Territorial CUH-8, emitiendo el acuerdo de dieciocho de enero último (fojas 41 y 42). Atendiendo a los antecedentes destacados, se advierte que la cesación del acto reclamado se actualiza en el presente asunto, toda vez que la omisión de dar contestación al escrito presentado por el justiciable el cuatro de enero de dos mil veintitrés, de la que se duele dejó de existir, pues como se advirtió, el dieciocho de enero último, se dio respuesta al mismo. Lo anterior en virtud que, como se adelantó; el motivo de la promoción del presente juicio de amparo, fue superado por el auto de dieciocho de enero ulterior; por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón que es indudable que desapareció de manera tal y como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada en su contra. Máxime, que por auto de diecisiete de marzo siguiente, se le dio vista al justiciable de la aludida respuesta, y se le requirió para que en el término de quince días, manifestara su deseo de señalar la respuesta de dieciocho de enero de la presente anualidad, como acto reclamado, sin que realizara manifestación alguna, precluyendo su derecho para hacerlo, tal y como se desprende de la certificación de cuenta, y de los párrafos que anteceden. En virtud de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Audiencia Constitucional En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las doce horas con dos minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese mediante oficio lo anterior, a las autoridades responsables. Ocurso de la parte quejosa Agréguese únicamente para que obre como corresponda, esto es, sin que surta efecto legal alguno, el ocurso promovido por el directo quejoso, mediante el cual pretende desahogar la multicitado requerimiento de diecisiete de marzo último; lo anterior, atento a la certificación de cuenta marcada con el arábigo 3, de la que se desprende que fue hasta el día de hoy que pretendió desahogar dicha vista; sin embargo, como se determinó en párrafos precedentes, su derecho precluyó el día de ayer, diecisiete de abril último. Sise Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la constancia de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días hábiles que se le concedió al promovente mediante diverso auto de diecisiete de marzo último, para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la respuesta dada el dieciocho de enero de este año, a la petición que por esta vía se combate y, a que autoridad se lo reclama; término que transcurrió del veintitrés de marzo al diecisiete de abril, del año en curso, sin que realizara manifestación alguna; por tanto, precluyó su derecho para hacerlo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado por el mencionado auto de diecisiete de marzo pasado, y se resolverá el presente asunto constitucional, con los lineamientos planteados en el escrito inicial de demanda, esto es, se resolverá el presente sumario tomando en cuenta únicamente el acto reclamado primigenio, así como las autoridades responsables al que se atribuye. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, visto el estado que guardan los autos, es necesario precisar que mediante escrito inicial de demanda presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, **********, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Omisión de dar contestación al escrito presentado por el justiciable el cuatro de enero de dos mil veintitrés. Niega (se desvirtúa) 32 Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial CUH-8 acepta 25 La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc CUH-8, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 25);por su parte, el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, aun cuando negó el acto reclamado al rendir su respectivo informe, realizó diversas manifestaciones tendentes a confirmar la existencia del mismo (fojas 32 a 35), por tanto, dicho acto si existe. Asimismo, su existencia se corrobora con las constancias que se adjuntaron a dicho informe (fojas 36 a 56), las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o.. Sin embargo, no obstante la existencia del acto reclamado, no se abordará al estudio de fondo de éste, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora bien, de una interpretación sistemática a la norma legal citada, se deduce que dicha causa de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: por revocación o sustitución procesal. La primera de las hipótesis -revocación- se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por la autoridad responsable, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la segunda -sustitución procesal- se materializa cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Así, de autos se aprecia lo siguiente: El dos de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso presentó la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Fiscalía General de Justicia recibió el escrito signado por el justiciable ********** (foja 55 a 57), por lo que mediante acuerdo de dieciocho de enero siguiente, se remitió a la Coordinación General de Investigación Territorial, para su atención correspondiente, al cual le recayó el número de folio 0000309 (foja 44 a 45). El nueve de enero siguiente, se remitió el aludido escrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, generándose un folio de turno ********(foja 50), para que se diera seguimiento y atención. Recibiéndolo María de la Luz Luna Jiménez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Territorial CUH-8, emitiendo el acuerdo de dieciocho de enero último (fojas 41 y 42). Atendiendo a los antecedentes destacados, se advierte que la cesación del acto reclamado se actualiza en el presente asunto, toda vez que la omisión de dar contestación al escrito presentado por el justiciable el cuatro de enero de dos mil veintitrés, de la que se duele dejó de existir, pues como se advirtió, el dieciocho de enero último, se dio respuesta al mismo. Lo anterior en virtud que, como se adelantó; el motivo de la promoción del presente juicio de amparo, fue superado por el auto de dieciocho de enero ulterior; por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón que es indudable que desapareció de manera tal y como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada en su contra. Máxime, que por auto de diecisiete de marzo siguiente, se le dio vista al justiciable de la aludida respuesta, y se le requirió para que en el término de quince días, manifestara su deseo de señalar la respuesta de dieciocho de enero de la presente anualidad, como acto reclamado, sin que realizara manifestación alguna, precluyendo su derecho para hacerlo, tal y como se desprende de la certificación de cuenta, y de los párrafos que anteceden. En virtud de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Audiencia Constitucional En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las doce horas con dos minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. Comuníquese mediante oficio lo anterior, a las autoridades responsables. Ocurso de la parte quejosa Agréguese únicamente para que obre como corresponda, esto es, sin que surta efecto legal alguno, el ocurso promovido por el directo quejoso, mediante el cual pretende desahogar la multicitado requerimiento de diecisiete de marzo último; lo anterior, atento a la certificación de cuenta marcada con el arábigo 3, de la que se desprende que fue hasta el día de hoy que pretendió desahogar dicha vista; sin embargo, como se determinó en párrafos precedentes, su derecho precluyó el día de ayer, diecisiete de abril último. Sise Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ".

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta, que remite el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar la vista otorgada por diverso proveído de diecisiete de marzo último. Ahora bien, debe precisare que la actuación intentada por el autorizado de la parte quejosa es improcedente, pues el artículo 12 de la Ley de Amparo no prevé como una de las facultades de las personas designadas para la representación procesal en el juicio constitucional, la de ampliar la demanda de amparo; consecuentemente no ha lugar a acordar de conformidad el escrito que se atiende, toda vez que se trata de la ampliación de la acción constitucional del quejoso -principio de instancia de parte agraviada-. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". No obstante, queda a salvo el derecho de la parte quejosa para que, dentro del término legal, amplíe la demanda de amparo respecto a la autoridad responsable y acto reclamado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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