Eduardo Moises De la Torre Alarcón

Expediente 874/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
874/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Moises De la Torre Alarcón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    agréguese el escrito de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por quien se ostenta como apoderado especial de ****, con el cual interpone recurso de revisión contra el proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se consideró se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo y se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y formula los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 88 y 89 de la ley de la materia, para los fines del recurso de revisión hecho valer contra el referido acuerdo, córrase traslado a las partes con las copias correspondientes.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado al promovente ********************en auto de dieciocho de octubre del año en curso, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de ese proveído, exhibiera el documento idóneo para acreditar la personalidad con la que comparece a instar en el presente juicio, sin que pase desapercibido para este juzgador que mediante escrito presentado el treinta de octubre último, el promovente pretendió desahogar dicho requerimiento, sin embargo, no fue así. Ahora bien, atendiendo al estudio integral de la demanda y documentos anexos, es de destacarse que el promovente del amparo se ostenta como apoderado especial del quejoso ********************y con el fin de acreditar tal carácter anexó a su escrito de demanda los siguientes documentos: 1. Poder especial para la tramitación especial y exclusiva de promover juicio de amparo específico de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, respecto del cual, en su escrito de demanda, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es original por tratarse de un documento digital. 2. Firma en medio digital de ********************3. Firma en medio digital de ********************4. Firma en medio digital de ******************** 5. Constancia de Conservación emitida por Prestador de Servicios Certificado Advantage Security, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ahora bien, a efecto de acreditar que el directo quejoso le otorga carta poder, anexa una firma a través de un medio digital y en el cual, se observa lo siguiente: "El presente documento fue firmado conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, reglamento del Código de Comercio en materia de Prestadores de Servicios de Certificación y la NORMA Oficial mexicana NOM-151-SCFI-2016, el Código de Comercio, utilizando certificados emitidos por un prestador de servicios de certificación (PSC), la ley le confiere la misma validez jurídica que la firma autógrafa, asi como presunción de integridad y presunción de atribución de las firmas". Contrario a lo que se indica, la firma que se adjuntó en medio digital, para otorgar el mandato con el que se pretende acreditar la personalidad en el presente juicio de amparo, no puede ser utilizada para suscribirlo. Se afirma lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el acuerdo 1/2013 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en sus artículos tercero y sexto, que en lo que interesa, disponen: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados." "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." De los dispositivos, antes transcritos, expresamente señalan, que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de Federación (FIREL) sólo puede ser utilizada como instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico, para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos; y no así para suscribir o firmar documento externos a un juicio de amparo; además que las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los juicios de garantías a través de la citada firma electrónica, siempre y cuando, mediante proveído judicial previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin, por lo que se estima que el mandato otorgado en escrito privado ante dos testigos, el cual se acompañó a la demanda de amparo, de manera alguna reúne los requisitos que para su validez establecen los artículos 2556 y 2557 del Código Civil Federal. Por otra parte, es de indicarse que el artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; en consecuencia, en cumplimiento a lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la ley de la materia, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, lo que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el Órgano Jurisdiccional a demandar el cese de esa violación y es, por consecuencia, ese derecho protegido lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio constitucional. A su vez el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia, condiciona la procedencia de la acción a la existencia de una afectación a la esfera jurídica del quejoso como consecuencia del acto de autoridad. Precisa señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular que se concreta en forma individual y que otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para la procedencia del juicio de amparo, que quien lo promueva acredite fehacientemente ser titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 72, página 55, que se transcribe a continuación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En ese tenor, es preciso señalar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que se refiere a la titularidad de los derechos afectados con la ley o el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de tales derechos puede ocurrir al juicio de garantías y no otra persona, por lo que el peticionario debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que es titular del derecho que la ley o el acto de autoridad reclamados vulneran en su perjuicio, es decir, del derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, mismo que le causa un daño, perjuicio o menoscabo, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio resulta improcedente. Por ello, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acuden los quejosos al juicio de derechos fundamentales, por lo que deben acreditar fehacientemente ser los titulares del derecho que se estima vulnerado por el acto de autoridad. En tales condiciones, es necesario que el quejoso acredite plenamente que los actos reclamados le causan un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, sin perder de vista que es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de la prueba para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de derechos humanos fundamentales. Lo que se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, página 15, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Ahora bien, en este asunto, del escrito de demanda de amparo se advierte que el licenciado ******************** se ostenta como apoderado especial del quejoso ********************empero es inconcuso que los actos de la autoridad que aquí se impugnan, no transgreden la esfera jurídica del primero en mención, al haberse acreditado la causal de improcedencia en estudio establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada ley en cita. Ilustra al particular la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 386, Tomo XVIII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la siguiente literalidad: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por las razones asentadas con anterioridad, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la realización de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos veintitres; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    De los dispositivos, antes transcritos, expresamente señalan, que la firma electrónica certificada del poder Judicial de Federación (FIREL) sólo puede ser utilizada como instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico, para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos; y no así para suscribir o firmar documento externos a un juicio de amparo; además que las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los juicios de garantías a través de la citada firma electrónica, siempre y cuando, mediante proveído judicial previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin, por lo que se estima que el mandato otorgado en escrito privado ante dos testigos, el cual se acompañó a la demanda de amparo, de manera alguna reúne los requisitos que para su validez establecen los artículos 2556 y 2557 del Código Civil Federal. Por lo que, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento realizado en proveído de dieciocho de los actuales. Con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, se le requiere para que desahogue la prevención a que se hizo referencia, lo cual deberá realizar dentro del plazo que se concedió en proveído de dieciocho de los corrientes, el cual se interrumpió con motivo de la presentación del escrito aclaratorio, y se reanudará al día siguiente al que en surta efectos la notificación que de este acuerdo se le realice.

  4. Principal

    se difiere la audiencia constitucional señalada para esa fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.

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