Eduardo Misael Castrejon Nogueron
Expediente 1509/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1509/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Misael Castrejon Nogueron
- Luis Alejandro Castrejon Nogueron
- EDUARDO MISAEL CASTREJON NOGUERON y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica al representante especial del menor quejoso el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés ...Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido a fin de que la respectiva parte manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Así, a fin de contextualizar la resolución aquí emitida, se tiene que en el presente asunto se concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables cumplieran con los siguientes efectos: "VII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto es que, una vez que estén notificadas las autoridades responsables de que el presente fallo cause ejecutoria, en su respectivo ámbito competencial: 1) Apliquen en favor del adolescente de identidad reservada con iniciales L.A.C.N. [quien cuenta con doce años de edad], la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; 2) Se le aplique la vacuna respectiva PfizerBioNTech cuya aplicación es posible en menores a partir de los doce años sin comorbilidades, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Lo anterior, con la precisión de que, por el rango etario al que pertenece el quejoso menor de edad, es necesario que cuente con una valoración médica que determine la aptitud para recibir la vacuna, para que la parte promovente del amparo tenga conocimiento sobre la existencia de algún riesgo colateral que eventualmente podría derivar de la aplicación de la misma. Por tanto, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables lo concerniente a establecer los requisitos para la acreditación de la valoración médica y que la aplicación de la vacuna se realice, únicamente, si de acuerdo a su estado de salud, es apto para ello y se determine la dosis que le corresponda. (.)" En acatamiento a lo anterior, de las constancias que obran en autos, se desprende que en acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Coordinador de Brigadas Especiales en el Estado de Morelos, hizo del conocimiento que fijó fecha a efecto de que el menor quejoso se presentara en las instalaciones del nosocomio correspondiente a recibir la dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2. Asimismo, se realizaron diversos requerimientos a la parte promovente a efecto de que manifestara si el infante quejoso fue inoculado con las dosis correspondiente de la vacuna en cuestión, sin que haya dado contestación a los mismos; razón por la cual, no obra documento alguno que acredite que el menor quejoso fue inoculado contra el virus SARS-CoV2. En ese orden de ideas, en acuerdo de veintisiete de julio del presente año, se indicó que, a la fecha, ya cesó la omisión que fue materia de reclamo en este juicio constitucional y que dio pauta a la concesión del amparo en los términos antes precisados, pues el menor quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Ello, quedó demostrado con el avance en la política nacional de vacunación y, en particular, la estrategia adoptada para inocular a las personas del rango de edad al que pertenece el infante -quien a la fecha cuenta con trece años-, asimismo, se advierte que se ha cumplido el núcleo básico de la concesión de amparo pues, como se indicó, el Plan Nacional de Vacunación sí contempla al grupo etario al que pertenece el menor quejoso y, por ende, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea vacunado. Por lo que ha estado en aptitud de acudir para recibir el biológico. Con lo que se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna. Sentado lo anterior, se advierte que, en el caso, cesó la omisión de las autoridades responsables de contemplar a las personas a cuyo grupo etario pertenece el infante quejoso para la vacuna contra el virus del covid-19; y, por ende, la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso se dolió del acto tendiente a excluirlo de la política nacional de vacunación y en consecuencia, la falta de inoculación contra el virus del covid-19. En ese sentido, de acuerdo al documento rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV2, para la prevención de la Covid-19, en México", el Gobierno de México definió cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS CoV2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia; La edad era el primer eje de priorización, ya que el etario es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente, se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación recomendó vacunar a las personas por grupo de edad de 50 (cincuenta) años y más, independientemente de las comorbilidades. Esto significa que, como eje de priorización, se puso especial cuidado a que el acceso a la vacuna esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad, las personas deban vacunarse y, por último, al resto de la población -actualmente incluyendo a los niños mayores de cinco años-. En ese sentido, en lo que interesa, resulta un hecho notorio que, atendiendo al desarrollo del plan de vacunación que existe en México, seguido por la Secretaría de Salud Federal, a la fecha, ya está contemplada la posibilidad de inoculación de manera general incluyendo a los niños mayores de cinco años. Esto, tal como deriva, entre otros datos, de la página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que, en efecto, es factible registrarse con el fin de ser candidato a recibir la vacuna. De modo que, una vez registradas las personas que quieran vacunarse, las autoridades sanitarias proporcionan o suministran la vacuna que corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tanto, resulta incuestionable que, a la fecha, ya cesó la omisión que fue materia de reclamo en este juicio constitucional y que dio pauta a la concesión del amparo en los términos antes precisados, pues el infante quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. De todo ello, queda demostrado que, con el avance en la política nacional de vacunación y, en particular, la estrategia adoptada para inocular a las personas del rango de edad al que pertenece el menor -trece años-, se advierte que se ha cumplido el núcleo básico de la concesión de amparo pues, como se indicó, el Plan Nacional de Vacunación sí contempla al grupo etario al que pertenece el quejoso y, por ende, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea vacunado. Ello, con independencia de que, en el caso en particular, no exista constancia de que ya se hubiera llevado a cabo la vacunación del citado quejoso pues, por una parte, es evidente que al estar abierto el registro e incluso llevarse a cabo jornadas para la vacunación de personas de su rango de edad, estuvo y está en aptitud de acudir para recibir el biológico. De lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones dio cumplimiento a la ejecutoria de mérito, al haberse fijado fechas dentro del programa de vacunación para ese efecto, sin que el quejoso -al parecer- hubiese acudido a alguna de ellas. Por tanto, debe tenerse por cumplida la sentencia amparadora, con independencia de que en el caso en particular no exista constancia de que ya se hubiera llevado a cabo la vacunación del infante quejoso ya que, se insiste, es evidente que al estar abierto el registro e incluso haberse llevado a cabo jornadas para la vacunación de personas de su rango de edad, está en aptitud de acudir para recibir el biológico. II. Determinación. Así, se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó al menor de identidad reservada con iniciales********************en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Archivo y devolución de documentos. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. 6. El cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, conforme al artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. 7. El duplicado de ese cuaderno es destruible, toda vez que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II inciso a) del Acuerdo en mención, y existe el original del cuaderno del incidente de suspensión, por lo que a juicio de este órgano de control constitucional no es de valor jurídico y carece de relevancia documental; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. En razón de lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. IV. Anotaciones Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintitrés de agosto del dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: ....Así, se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó al menor de identidad reservada con iniciales L.A.C.N., en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Archivo y devolución de documentos. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. 6. El cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, conforme al artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. 7. El duplicado de ese cuaderno es destruible, toda vez que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 19, fracción II inciso a) del Acuerdo en mención, y existe el original del cuaderno del incidente de suspensión, por lo que a juicio de este órgano de control constitucional no es de valor jurídico y carece de relevancia documental; por tanto, una vez transcurridos seis meses a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. En razón de lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. IV. Anotaciones Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. ...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a Guillermo Aranda Salazar y Víctor Manuel Ochoa Gallardo, autorizados del menor quejoso, a efecto de que informaran si al infante de iniciales L.A.C.N., le fue aplicada la dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, o bien, si se completó el esquema de vacunación; sin que se haya realizado manifestación al respecto. Ahora bien, es menester precisar que, en el presente juicio, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: "1) Apliquen en favor del adolescente de identidad reservada con iniciales L.A.C.N. [quien cuenta con doce años de edad], la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; 2) Se le aplique la vacuna respectiva PfizerBioNTech cuya aplicación es posible en menores a partir de los doce años sin comorbilidades, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios." En ese sentido, de las constancias que obran en autos se desprende que, en acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Coordinador de Brigadas Especiales en el Estado de Morelos, hizo del conocimiento que fijó una fecha a efecto de que el menor quejoso fuera presentada en las instalaciones del nosocomio correspondiente a recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2; asimismo, que se realizaron diversos requerimientos a la parte promovente a efecto de que manifestara si el infante quejoso fue inoculado con las dosis correspondientes de la vacuna en cuestión, sin que haya dado contestación a los mismos; razón por la cual, no obra documento alguno que acredite que el menor quejoso fue inoculadocontra el virus SARS-CoV2. No obstante lo anterior, cabe señalar que, de acuerdo al documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV2, para la prevención de la Covid-19, en México", el Gobierno de México definió cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS CoV2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia; De lo anterior, se aprecia que la edad era el primer eje de priorización, ya que el etario es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente, se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Luego, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación recomendó vacunar a las personas por grupo de edad de 40 (cuarenta) años y más, independientemente de las comorbilidades. Esto significa que, como eje de priorización, se puso especial cuidado a que el acceso a la vacuna esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad, las personas deban vacunarse y, por último, al resto de la población -actualmente incluyendo a los niños mayores de cinco años-. En ese sentido, en lo que interesa, resulta un hecho notorio que atendiendo al desarrollo del plan de vacunación que existe en México seguido por la Secretaría de Salud Federal, a la fecha, ya está contemplada la posibilidad de inoculación de manera general incluyendo a los niños mayores de cinco años. Esto, tal como deriva, entre otros datos, de la página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que, en efecto, es factible registrarse con el fin de ser candidato a recibir la vacuna. De modo que, una vez registradas las personas que quieran vacunarse, las autoridades sanitarias proporcionan o suministran la vacuna que corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. Por tanto, resulta incuestionable que, a la fecha, ya cesó la omisión que fue materia de reclamo en este juicio constitucional y que dio pauta a la concesión del amparo en los términos antes precisados, pues el menor quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. De todo ello, queda demostrado que, con el avance en la política nacional de vacunación y, en particular, la estrategia adoptada para inocular a las personas del rango de edad al que pertenece el infante -quien actualmente cuenta con trece años-, se advierte que se ha cumplido el núcleo básico de la concesión de amparo, pues, como se indicó, el Plan Nacional de Vacunación sí contempla al grupo etario al que pertenece el infante quejoso y, por ende, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea vacunado. Ello, con independencia de que en el caso en particular no exista constancia de que ya se hubiera llevado a cabo la vacunación del quejoso pues, por una parte, es evidente que al estar abierto el registro e incluso llevarse a cabo jornadas para la vacunación de personas de su rango de edad, estuvo y está en aptitud de acudir para recibir el biológico. SE DA VISTA En tales condiciones, con el contenido de este proveído, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad, este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa por conducto de su representante especial el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. ...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a Guillermo Aranda Salazar y Víctor Manuel Ochoa Gallardo, autorizados del menor quejoso, a efecto de que informaran si al infante de iniciales L.A.C.N., le fue aplicada la dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, o bien, si se completó el esquema de vacunación; sin que se haya realizado manifestación al respecto. Ahora bien, es menester precisar que, en el presente juicio, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: "1) Apliquen en favor del adolescente de identidad reservada con iniciales L.A.C.N. [quien cuenta con doce años de edad], la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2 para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México; 2) Se le aplique la vacuna respectiva PfizerBioNTech cuya aplicación es posible en menores a partir de los doce años sin comorbilidades, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios." En ese sentido, de las constancias que obran en autos se desprende que, en acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Coordinador de Brigadas Especiales en el Estado de Morelos, hizo del conocimiento que fijó una fecha a efecto de que el menor quejoso fuera presentada en las instalaciones del nosocomio correspondiente a recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2; asimismo, que se realizaron diversos requerimientos a la parte promovente a efecto de que manifestara si el infante quejoso fue inoculado con las dosis correspondientes de la vacuna en cuestión, sin que haya dado contestación a los mismos; razón por la cual, no obra documento alguno que acredite que el menor quejoso fue inoculadocontra el virus SARS-CoV2. No obstante lo anterior, cabe señalar que, de acuerdo al documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV2, para la prevención de la Covid-19, en México", el Gobierno de México definió cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS CoV2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia; De lo anterior, se aprecia que la edad era el primer eje de priorización, ya que el etario es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente, se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Luego, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación recomendó vacunar a las personas por grupo de edad de 40 (cuarenta) años y más, independientemente de las comorbilidades. Esto significa que, como eje de priorización, se puso especial cuidado a que el acceso a la vacuna esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad, las personas deban vacunarse y, por último, al resto de la población -actualmente incluyendo a los niños mayores de cinco años-. En ese sentido, en lo que interesa, resulta un hecho notorio que atendiendo al desarrollo del plan de vacunación que existe en México seguido por la Secretaría de Salud Federal, a la fecha, ya está contemplada la posibilidad de inoculación de manera general incluyendo a los niños mayores de cinco años. Esto, tal como deriva, entre otros datos, de la página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que, en efecto, es factible registrarse con el fin de ser candidato a recibir la vacuna. De modo que, una vez registradas las personas que quieran vacunarse, las autoridades sanitarias proporcionan o suministran la vacuna que corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. Por tanto, resulta incuestionable que, a la fecha, ya cesó la omisión que fue materia de reclamo en este juicio constitucional y que dio pauta a la concesión del amparo en los términos antes precisados, pues el menor quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. De todo ello, queda demostrado que, con el avance en la política nacional de vacunación y, en particular, la estrategia adoptada para inocular a las personas del rango de edad al que pertenece el infante -quien actualmente cuenta con trece años-, se advierte que se ha cumplido el núcleo básico de la concesión de amparo, pues, como se indicó, el Plan Nacional de Vacunación sí contempla al grupo etario al que pertenece el infante quejoso y, por ende, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea vacunado. Ello, con independencia de que en el caso en particular no exista constancia de que ya se hubiera llevado a cabo la vacunación del quejoso pues, por una parte, es evidente que al estar abierto el registro e incluso llevarse a cabo jornadas para la vacunación de personas de su rango de edad, estuvo y está en aptitud de acudir para recibir el biológico. SE DA VISTA En tales condiciones, con el contenido de este proveído, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad, este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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