Eduardo Miranda Soriano

Expediente 265/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
265/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Miranda Soriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que únicamente a ésta afecta el sentido de la sentencia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. ARCHIVO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y en términos del punto 8.1.2 (3), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Debido a que el destino del original del incidente es el mismo que el expediente principal; glósese el original del incidente a los autos. GLOSAR COPIA AUTÓGRAFA Dado que el presente acuerdo califica el destino de los cuadernos incidentales, glósese copia autógrafa de éste a dichos expedientes. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que únicamente a ésta afecta el sentido de la sentencia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN En acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental. ARCHIVO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y en términos del punto 8.1.2 (3), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Debido a que el destino del original del incidente es el mismo que el expediente principal; glósese el original del incidente a los autos. GLOSAR COPIA AUTÓGRAFA Dado que el presente acuerdo califica el destino de los cuadernos incidentales, glósese copia autógrafa de éste a dichos expedientes. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 265/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Substanciación del juicio. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en este Juzgado de Distrito, Eduardo Miranda Soriano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda de amparo, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvieron como inexistentes a las autoridades responsables "Coordinador General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento" y "Titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación". Previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos que tienen ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados y autoridades responsables. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Jueces de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial El Oro, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, Jueces de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México; y, Jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12 Especializada en Órdenes de Aprehensión, Cateos y Actos de Investigación. Ejecutoras Fiscal General de Justicia del Estado de México, Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado de México, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Ciudad de México, Titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO A. La orden de aprehensión librada en contra del quejoso. B. La ejecución de dicho mandato. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por técnica jurídica, ahora procede analizar la inexistencia o certeza de las actuaciones controvertidas. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone las hipótesis normativas para decretar la inexistencia de los actos reclamados, a saber: a) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados; o b) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, cuando no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. En el caso concreto, son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, porque así lo manifestaron al rendir informe justificado, y en autos no obran constancias que desvirtúen dicha negativa. Sobre este punto conviene precisar que en el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestado por las autoridades responsables, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alegan, ya que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.J/308 (registro digital 210769), del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 680, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Como se hace patente, la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad antes mencionada, respecto de la existencia de los actos reclamados, por lo que dichos actos deben tenerse por inexistentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 72, 73 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Miranda Soriano, contra los actos y las autoridades precisados en el segundo considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las doce horas con cinco minutos del doce de abril de dos mil veintitrés

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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