Eduardo Miguel Rusconi Trujillo

Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
225/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Miguel Rusconi Trujillo
  • Congreso de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, en que el actuario judicial adscrito al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, acusa recibo del recurso de queja interpuesto en autos e informa que se admitió a trámite quedando registrado con el toca Q.A.406/2023, de su índice. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, firmado únicamente por los quejosos Eduardo Miguel Rusconi Trujillo, Beatriz Hidalgo Montiel y Osiris Coronado Pérez, por el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, y 100 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que es cierto el acto que se reclama y remítase electrónicamente, vía interconexión, el escrito original de expresión de agravios para que tenga a bien resolver lo que en derecho proceda, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a los quejosos, para atender la prevención formulada en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto mencionado y, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO únicamente por lo que hace a los promoventes citados en el párrafo que antecede. Por otra parte, vista el acta de comparecencia de cuenta, así como la diversa agregada en auto de veinticinco del mes y año en curso, veinticinco de los corrientes, en que los quejosos, ratifican el contenido del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho del mes y año en curso, suscrito por los demás quejosos, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, se acuerda lo conducente exclusivamente respecto de los quejosos, que suscribieron el aludido escrito de desahogo, Eduardo Miguel Rusconi Trujillo, Beatriz Hidalgo Montiel, Osiris Coronado Pérez, Alejandro Ángeles Palma y Aldo Alejandro Salmerón Becerra. Ahora, acorde con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. ????? Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" De la reproducción de los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que una vez emitidos o ejecutados, sea materialmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado aun concediéndose la protección constitucional, por no ser materialmente posible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Esto es, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional consumación de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la existencia de una imposibilidad jurídica o material para volver a las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos fundamentales, la reparación constitucional carezca de materia. Es importante precisar, que la causal de improcedencia de mérito, se refiere a un acto que al consumarse, por su propia naturaleza, hace imposible volver las cosas al estado que guardaban antes de tal circunstancia, ya que aún con el otorgamiento de la protección constitucional en contra de dicho acto irregular, no se lograría restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, en los términos del artículo 77 de la misma ley; por lo que es improcedente la acción de amparo ejercitada en contra de este tipo de actos, en virtud de que el objetivo del juicio de amparo, en términos del dispositivo legal invocado, es destruir el acto violatorio de derechos que se combate por la vía constitucional, es decir, obligar a la autoridad a actuar como debió hacerlo, y con ello, restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales; de ahí que si esa finalidad no puede obtenerse por existir una imposibilidad jurídica o material por haberse consumado, el amparo debe ser improcedente. Es así, que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violentado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate, esto es, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haberse producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En ese sentido, la naturaleza de los actos consumados para efectos de una controversia de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídicamente y de nueva cuenta, del derecho que tiene tutelado, en la misma forma que antes de las violaciones cometidas, por ende, si física y materialmente no puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, porque el fin que con ellos se pretendía se consumó de modo irreparable, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Ahora, respecto al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio dos mil veintitrés, es conveniente acudir al contenido de los artículos 21, Apartado C numerales 1 y 2 y 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de la Constitución Política de la Ciudad de México y 44 y 50 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que son del tenor siguiente: d) Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta Constitución; El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre. Cuando dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 27 de diciembre. Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año siguiente no exista una Ley de Ingresos y/o Decreto aprobado, con el propósito de no interrumpir la prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la Secretaría procederá a actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del Código, del ejercicio fiscal del año anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación y la ejecución de obras en proceso. Artículo 50. El Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe el Congreso a iniciativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para expensar, durante el periodo de un año contado a partir del 1ro de enero del ejercicio fiscal correspondiente, el gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, clasificación funcional y económica y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades Responsables del Gasto que el propio presupuesto señale. De los anteriores preceptos legales, se obtiene, en lo que interesa, que la Hacienda Pública de la Ciudad de México, estará a cargo del Jefe de Gobierno de dicha entidad federativa, quien tiene la facultad de presentar al Congreso de la Ciudad de el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por dicha Constitución, que estará sujeto a las normativa general y local aplicable, el cual regirá anualmente a partir del primero de enero de cada año. Dicha iniciativa deberá ser presentada anualmente, por el titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el día treinta de noviembre o hasta el veinte de diciembre de cada año, el cual deberá ser aprobado por el Congreso a más tardar el quince de diciembre del año en que se presente, siendo que el Presupuesto de Egresos será el que contenga el Decreto que apruebe el Congreso a iniciativa de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para expensar, durante el periodo de un año contado a partir del primero de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Es así que la iniciativa del Presupuesto de Egresos, deberá ser presente anualmente por el Ejecutivo de la Ciudad de México, a más tardar el día treinta de noviembre o hasta el veinte de diciembre de cada año, el cual deberá ser aprobado por el Congreso a más tardar el quince de diciembre del año en que se presente, el cual deberá regir durante el periodo de un año contado a partir del primero de enero del ejercicio fiscal correspondiente. Es así que la vida jurídica del Presupuesto de Egresos es efímera por estar vigente durante un ejercicio fiscal, el cual solamente podrá ser presentado y discutido durante el treinta de noviembre y hasta el veinte de diciembre de cada anualidad. En el caso particular, se actualiza dicho supuesto, toda vez que, se reitera, que los impetrantes de amparo señalaron como acto reclamado la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, lo que se traduce que dicha partida presupuestal, específicamente destinada al transporte público, aplicada al Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya se encuentra ejerciendo para este año, en razón de que a la fecha se considera que ya se está aplicando y destinado para ciertas obras u operaciones determinadas por el propio organismo, y más aún, cuando estamos próximos a concluir el presente ejercicio fiscal, en términos del artículo 21, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en relación con los invocados artículos 44 y 50, pues solamente tendrá vigente durante este año. Además, es innegable si los quejosos se duelen de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, el cual ya fue discutido aprobado dentro del período comprendido del treinta de noviembre y hasta el veinte de diciembre del año pasado, mismo que no puede ser incluido para su análisis en el presente ejercicio fiscal. Por lo tanto, es inconcuso que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, de tal manera que este órgano de control constitucional estima que debe desecharse la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia en atención a que se está ante la presencia de un acto consumado de manera irreparable, pues el Presupuesto de Egresos parar el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, no podrá ser incluido el que se presente y autorice para esta anualidad. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el indicado numeral 77, fracción I, de la propia norma, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, en atención a las razonamientos expuestos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por. De conformidad con lo anterior, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista el acta de comparecencia de cuenta, en que el quejoso Alejandro Ángeles Palma, ratifica el contenido del escrito de desahogo remitido a este Juzgado el dieciocho de los corrientes, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, resérvese de acordar lo conducente hasta en tanto se cumpla con lo ordenado en dicho auto de diecinueve de septiembre del año en curso, respecto del quejoso. Notifíquese.

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