EDUARDO MIGUEL RUSCONI TRUJILLO y Otros.
Expediente 677/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- EDUARDO MIGUEL RUSCONI TRUJILLO y Otros.
- Eduardo Miguel Rusconi Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que en actuación de veintiséis de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional Interino y a la Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informando en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa hubiere realizado manifestación alguna al respecto; por tanto, se provee: De autos se conoce que por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, realizara lo siguiente: Contestar la solicitud de acceso a la información presentada por ******** el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, con el número de folio *****, de manera congruente con lo solicitado, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determine. Notificar la resolución correspondiente vía la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, por ser el medio a través del cual el quejoso realizó la solicitud de información. En atención a ello, en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio de la autoridad responsable Presidente Municipal Interino, Síndico Procurador Municipal, Síndico Hacendario Interino, Secretario Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el que informaron que de una búsqueda en los archivos municipales, se detectó que el trienio municipal del periodo ***** no contaba con Dirección de Transparencia Municipal, siendo hasta el diverso periodo ***** que se implementó una Unidad de Transparencia e Información Pública, y que no existe información o datos digitales relacionados con la información solicitada por el quejoso, aunado a que en dos mil diecisiete la región de Istmo, fue afectada por los efectos devastadores de un terremoto ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en donde dicho municipio sufrió daños irreparables, entre ellos la Unidad de Transparencia Municipal, la cual fue totalmente devastada, y que tal información y anexos serían subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia de Oaxaca, para conocimiento del quejoso *******, a través de su solicitud número ******de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Por lo que en ese mismo auto se le requirió para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dar contestación a la solicitud de acceso a la información presentada por ****** el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, con el número de folio ******, de manera congruente con lo solicitado, y notificar la resolución correspondiente vía Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, por ser el medio a través del cual el quejoso realizó la solicitud de información. En ese orden, por auto de veintiséis de abril del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional Interino y la Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio con terminación *****, de veinticuatro de abril de la presente anualidad, manifestando que de una búsqueda en los archivos municipales, se detectó que en el trienio municipal del periodo ***** no se contaba con Dirección de Transparencia Municipal, siendo hasta el diverso periodo ****** que se implementó una Unidad de Trasparencia e Información Pública, y que no existe información o datos digitales relacionados con la información solicitada por el quejoso, aunado a que en el dos mil diecisiete la región de Istmo, fue afectada por los efectos devastadores de un terremoto ocurrido el siete de septiembre, en donde dicho municipio sufrió daños irreparables, entre ellos la Unidad de Transparencia Municipal, la cual fue totalmente devastada, por lo que en los archivos de ese municipio e incluso en los de cada regiduría, no se contaba con dicha información. Asimismo, señalaron que no les es posible subir la información en cita a la plataforma nacional de transparencia con el folio *****, al haber concluido el plazo perentorio respectivo y porque el sistema o plataforma en que fueron realizadas (INFOMEX), no se encuentra actualmente vigente; lo que les impide dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria de amparo. Respuesta, con la que se ordenó darle vista al quejoso, y que le fue notificada vía electrónica por el Actuario adscrito a este Juzgado, el veintisiete de abril del año en curso. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dio contestación la solicitud de acceso a la información presentada por ******* el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, con el número de folio ******, y si bien la notificación de tal determinación no se realizó vía la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, esa circunstancia no es obstáculo para determinar la ausencia de la misma, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento de tal determinación al notificársele el auto de veintiséis de abril de la presente anualidad, por el que se le dio vista con las consideraciones vertidas por la responsable en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con lo que se cumplieron los extremos exigidos por el artículo 8º Constitucional, atento que en la sentencia que nos ocupa, se concedió la protección de la Justicia Federal, únicamente respecto del derecho de petición que se consideró violado, cuyo espíritu es que se dé respuesta a las peticiones de los gobernados y se les haga del conocimiento la respuesta recaída a las mismas. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.4/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 352, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL). Si bien es cierto que los artículos 74 y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, así como los diversos 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 93 de su reglamento regulan, a través de un medio de defensa o mediante un procedimiento, cómo debe respetarse el derecho de acceso a la información, también lo es que cuando existe omisión de la dependencia o autoridad de responder a una solicitud de esa naturaleza, el gobernado puede estimar válidamente que se cometió en su perjuicio una transgresión al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza la obligación de las autoridades de responder cualquier solicitud en breve término y de dar a conocer la respuesta al interesado. En ese tenor, para el efecto de la procedencia del juicio de amparo promovido contra la omisión de una autoridad de responder sobre una solicitud de acceso a la información, en términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe determinarse en principio la violación o transgresión que el peticionario de amparo aduce que se cometió a sus derechos, lo que dará pauta al órgano de control constitucional para decidir si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia consistente en que no se agotó el medio o procedimiento establecido en la ley que rige al acto, antes de acudir al amparo. Así, cuando se aduce en la demanda de amparo una violación directa al derecho de petición, el juzgador no puede estimar que se actualiza la causal de improcedencia referida, pues en este caso el derecho de petición no se rige por las leyes de transparencia y de acceso a la información pública en las que sí se establece un recurso o medio de defensa por el que pueden ser revocados o nulificados los actos reclamados, pues debe tenerse presente que lo que busca el peticionario de amparo es que la autoridad conteste su solicitud en breve término y que haga de su conocimiento la respuesta. Y si bien, la responsable tuvo imposibilidad para notificar la respuesta recaída a la petición del aquí quejoso, vía la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, por las razones que al efecto expuso; lo cierto es, que el promovente del amparo ya tuvo conocimiento de tal respuesta, al ser notificado por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la vista ordenada en autos; por tanto, se le restauró el derecho violado. Se invoca al respecto, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.36/99 de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 469, Tomo IX, Mayo de 1999, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Así como la tesis aislada 2ª. LXXXXII/96 de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 287, Tomo IV, Septiembre de 1996, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: EJECUCION DE SENTENCIA QUE OTORGO EL AMPARO POR VIOLACION AL DERECHO DE PETICION. SE DA POR SATISFECHA SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AGOTO LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA NOTIFICAR LA CONTESTACION AL QUEJOSO. Cuando se concede la Protección Federal por violación al derecho de petición, determinándose que la autoridad responsable, desde luego, debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, en su domicilio, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, de modo que ante esa circunstancia y a fin de no demorar el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito determina darle vista al quejoso con la contestación; de esta manera, se estiman satisfechos los extremos del artículo 8o. constitucional, sin que para arribar a tal conclusión sea óbice que el quejoso haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de garantías por medio del juzgador de amparo y no a través de la autoridad responsable, ya que ello no le es reprochable a ésta, dada la circunstancia advertida con antelación, que es reveladora de que la responsable agotó los medios a su alcance encaminados a cumplimentar en su integridad el fallo protector. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Presidente Municipal Constitucional Interino y la Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y anexo que acompañan, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibieron vía correo electrónico oficial-, por los cuales informan el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos de cuenta, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, no ha cumplido a cabalidad con la ejecutoria de amparo, no obstante los diversos requerimientos formulados en autos; por tanto, antes de imponer la multa correspondiente a cada uno de los integrantes del ayuntamiento responsable e iniciar el trámite de inejecución de sentencia, con apoyo en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el improrrogable plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es: "Contestar la solicitud de acceso a la información presentada por ******************** el veintiocho de octubre de dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, con el número de folio ********************, de manera congruente con lo solicitado, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determine. Notificar la resolución correspondiente vía la Plataforma Nacional de Transparencia en el Estado de Oaxaca, por ser el medio a través del cual el quejoso realizó la solicitud de información." Y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Ahora bien, como se dijo hasta esta fecha la autoridad responsable se conduce con rebeldía y contumacia ante los múltiples requerimientos de esta potestad de amparo, ocasionándole perjuicio a la parte quejosa por el incumplimiento a la sentencia constitucional; soslayando que con su conducta se podría tipificar el ilícito que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo, mismo que se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público a la autoridad, relativo al incumplimiento a una sentencia de amparo, por tanto, APERCÍBASE A CADA UNO de los integrantes del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca: 1 ) Presidente Municipal Interino (********************) 2 ) Síndico Procurador (********************) 3 ) Síndico Hacendario Municipal Interino (********************) 4) Regidora de Hacienda (********************) 5) Regidor de Obras Públicas (********************) 6) Regidora de Imagen Urbana y Proyecto Estratégicos (********************) 7) Regidor de Gobernación (********************) 8) Regidora de Educación (********************) 9) Regidor de Desarrollo Agropecuario (********************) 10) Regidora de Ecología (********************) 11) Regidora de Parques y Panteones (********************) 12) Regidora de Energía Renovable y Gestión Social (********************) 13) Regidora de Bienestar (********************) 14) Regidora de Asuntos Indígenas (********************) 15) Regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos (********************) 16) Tesorero Municipal (********************) 17) Secretario Municipal (********************) 18) Regidor de Desarrollo Económico y Turismo (********************) Además hágase de su conocimiento que de incumplir sin causa justificada (informen el impedimento legal o material que tengan para ello), se les IMPONDRÁ A CADA UNO, multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En virtud de que la Ley de Amparo otorga facultades a los Jueces Federales para agotar todos los medios a su alcance para hacer cumplir el fallo protector, ya sea dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias en términos de lo dispone numeral 211 de la Ley de Amparo, DE CONTINUAR CON ESA ACTITUD PUEDEN INCURRIR EN UN DELITO, MISMO QUE SE CASTIGA CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, pudiendo esta autoridad de amparo dar vista al MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, a efecto de que inicie las carpetas de investigación correspondientes. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a las autoridades responsables, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la autoridad responsable, esto es, el Ayuntamiento Constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, no tiene superior jerárquico, pues un municipio libre es un nivel de Gobierno investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propios, autónomo en su régimen interior, con capacidad económica propia y con la libre administración de su hacienda; con una población asentada en una circunscripción territorial y gobernado por un Ayuntamiento, y que dentro de sus atribuciones se encuentran presupuestar de forma inmediata y transparente, la partida que cubra el pago de las obligaciones condenadas en sentencias o laudos. Notifíquese.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Eduardo Luis Ramírez Martell y Otros.717/2016
- Eduardo Martín Zardain Borbola499/2017
- Eduardo Martín Zardaín Borbolla y Otros.338/2019
- Eduardo Matías Luis1962/2015
- EDUARDO MENDOZA PULIDO y Otros.1111/2017
- Eduardo Miguel González Hernández147/2017
- Eduardo Modesto Navarro Cruz770/2015
- Eduardo Molina Farias y Otros.945/2016
- Eduardo Mora Bedolla y Otros.772/2016
- EDUARDO MORALES GARCÍA y otros y Otros.81/2019
- EDUARDO PADILLA SIERRA y Otros.429/2021
- EDUARDO PALMA CRUZ y Otros.1096/2017