Eduardo Meza Vázquez

Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Meza Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo. Causa estado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído en el que se desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Cuaderno incidental. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a la valoración del cuaderno incidental, al no haber sido tramitado en este expediente. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Acepta cargo defensor público. Vista la diligencia de notificación personal que antecede realizada al licenciado ********************, de la que se advierte que aceptó y protestó el cargo conferido como defensor público y autorizado del quejoso ********************. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se tiene al mencionado profesionista aceptando y protestando el cargo de defensor del referido quejoso en el presente sumario. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento del impetrante de amparo que su defensa en el presente sumario constitucional estará a cargo del licenciado ********************; asimismo, infórmesele que al momento de la notificación se hizo sabedor de lo determinado por este juzgado el dieciocho de septiembre pasado, con relación a su demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso recluido en el Centro Estatal de Reinserción con sede en esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos el oficio del Coordinador General de la Defensoría del Estado de San Luis Potosí, por el que designa al licenciado ********************, Defensor Público para que represente al quejoso. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se tiene al mencionado profesionista con el carácter de defensor en el presente sumario. Por tanto, por conducto de los actuarios de la adscripción, notifíquese personalmente el presente proveído al Defensor Público ********************, en el domicilio ubicado en calle ********************, de esta ciudad, haciéndole saber el cargo conferido y requiérasele para que al momento de la notificación manifieste si acepta y protesta el cargo conferido, y para que exprese si tiene algún impedimento legal o material para hacerlo. De igual manera, córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como copia autorizada del proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, a efecto de que haga el pronunciamiento respectivo. Por lo que ve a los profesionistas señalados para que funjan como autorizados del quejoso en la ciudad de San Luis Potosí, una vez que el licenciado ******************** acepte y proteste el cargo de defensor y de considerarlo necesario hará la designación correspondiente; de igual manera respecto al domicilio para oír y recibir notificaciones. Esto es así, debido a que la autoridad oficiante tiene el carácter de auxiliar para la designación de la persona profesionista que pueda desempeñar el cargo requerido por este juzgado federal, siendo dicho representante quien en su caso, se encontrará en aptitud de realizar la solicitud correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Aceptación de competencia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, y anexos que al mismo acompaña, consistente en el juicio de amparo 478/2023 de su índice, promovido por ........ contra actos del Juez Primero Familiar antes Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí; y copias de la citada demanda. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo que se recibe, se advierte que el doce de septiembre del año en curso, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, ordenó la remisión de dicho expediente al considerar que corresponde a este Juzgado Federal el conocimiento de la demanda de que se trata por razón de turno, al existir como antecedentes en este órgano jurisdiccional los juicios de amparo 197/2017 y 48/2020, promovido por el citado quejoso ..... en los que reclamó actos que derivados de la causa penal 130/2012. En ese sentido, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que ante este Juzgado de Distrito se encuentran registrados los referidos juicios de amparo, en los que por lo que respecta al numerado 197/20217, el quejoso reclamó el auto de formal prisión emitido en ese juicio origen; y en el juicio constitucional 48/2020, reclamó su libertad por violaciones a su derechos humanos y al procedimiento en la citada causa penal. Lo cual se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, al guardar relación el acto aquí reclamado con los analizados en los autos de los expedientes 197/2017 y 48/2020, de la propia estadística, y atento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción II, penúltimo y último párrafos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acepta el conocimiento del asunto. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 462/2023-I-E. Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y comuníquese lo aquí determinado a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Oficio a la OCC. Con motivo de lo anterior, y toda vez que el asunto que nos ocupa fue remitido directamente a este órgano jurisdiccional por parte del juzgado declinante, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, a efecto de que realice una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales con sede en esta ciudad, lo anterior con fundamento el artículo 46 del citado Acuerdo General. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio biinstancial tiene la potestad para desechar de plano la demanda, siempre que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, es decir, que sea evidente y que no pueda ponerse en duda su actualización, al grado que, aun de admitirla a trámite, en la sentencia definitiva se llegaría a la misma conclusión y generaría el sobreseimiento en el juicio. Así, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y de los anexos que se pudieran acompañar, para así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aún en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Por su parte, el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, establece: ........ Ahora bien, del contenido del numeral 61, fracción XI, de la ley de la materia enunciado, se desprende la improcedencia del juicio constitucional cuando es promovido contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Luego, la causa de improcedencia analizada garantiza la institución de la cosa juzgada y establece que esta se actualizará cuando en una controversia sometida a un órgano de control jurisdiccional, éste resuelve aspectos de fondo o sustanciales; por ende, adquiere firmeza, de tal manera que la cosa juzgada constituye la verdad legal e impide que el tema materia de la decisión vuelva a someterse a discusión en un diverso juicio. Lo anterior se advierte con mayor claridad en la fracción X, del artículo 61 de la misma ley, la que contempla una hipótesis de litispendencia entre dos juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; esta figura jurídica entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos; se trata de dos juicios de garantías iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. ....... De lo que se colige, que cuando en un juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, y por el propio acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, la sentencia firme en que se analice la constitucionalidad del acto, actualiza la causal mencionada en la citada fracción; por tanto, resulta obvio que una vez que dicha sentencia causa ejecutoria, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del citado numeral 61 de la Ley de Amparo. La razón de ser de la figura procesal de "cosa juzgada" es la seguridad jurídica a las decisiones o resoluciones que establezcan situaciones de derecho concretas, mediante el proceso de individualización de normas a través del procedimiento respectivo que se concluye con la sentencia definitiva. De esta manera, se impide toda posibilidad mediante el sometimiento de la misma litis a una nueva controversia. De suerte tal, que su finalidad es evitar el pronunciamiento de sentencias que pueden ser contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios de amparo enderezados con idéntico objeto. Por tanto, la cosa juzgada constituye la verdad legal, lo que significa que si en un diverso juicio de amparo se ha emitido un fallo en el cual se encuentra resuelto el fondo sustancial controvertido es improcedente someter nuevamente a un análisis el mismo punto en un proceso distinto. Tiene aplicación la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Así pues, del contenido de la fracción XI del artículo 61, y su remisión a la fracción X del citado numeral de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: 1. Ambos juicios de amparo se hayan promovido por el mismo quejoso. 2. En los dos juicios biinstanciales analizados, las autoridades señaladas con el carácter de responsables sean las mismas. 3. Las normas generales o actos que se reclamen en ambos juicios de amparo sean los mismos, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 4. El diverso juicio de amparo ya resuelto haya causado ejecutoria. Resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. ........ Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista las constancias del juicio de amparo 48/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional, como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en rubro y texto dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. ........ Y la diversa sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). ....... Así, de la sentencia del juicio de amparo 48/2020, de la estadística de este juzgado federal, se aprecia que los actos reclamados consistieron en: ....... Asimismo, se advierte que el once de febrero de dos mil veintiuno, se pronunció la sentencia definitiva correspondiente, en la que se sobreseyó y negó el amparo solicitado; determinación que fue impugnada por la parte quejosa mediante recurso de revisión, el cual, en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio relativo del toca 25/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que se tuvo por desistido a .......de dicho medio de impugnación; por ende, quedó firme el fallo en mención y se ordenó el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido. Expuesto lo anterior, se tiene que efectivamente el quejoso de referencia promovió el diverso juicio de amparo 48/2020, en el cual reclamó sustancialmente los mismos actos que en el presente juicio constitucional, pues del contenido de la demanda que se analiza se aprecia que expresamente señaló: .......... De lo anterior, es dable establecer que el acto reclamado por el aquí quejoso deriva de la causa penal 130/2012 del índice del entonces Juez Primero Penal de esta ciudad, ahora 89/2016 del índice del Juzgado Segundo Familiar en esta ciudad, autorizado para seguir conociendo de los asuntos de materia penal hasta su total conclusión. En las relatadas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). ....... No se desatiende que el quejoso reclama como preceptos constitucionales vulnerados entre otros el artículo 22, sin embargo de la lectura integral de la demanda no se advierte que al momento de su interposición se ubique en alguno de los supuestos previstos en el citado numeral; esto es así, toda vez que reclama su inmediata libertad por considerar que existen cuestiones dentro del procedimiento que no se atendieron y por lo que fue sentenciado, refiere como tortura al momento de su aprehensión y puesta a disposición ante la autoridad conducente; por tanto, es factible establecer que no se trata de un acto que afecte la libertad personal fuera de un procedimiento tal y como lo previene el aludido precepto constitucional; aunado a que no se trata de hechos actuales y reales que se encuentre padeciendo. Lo mismo acontece con relación a la desaparición forzosa que refiere fue inferida por los elementos aprehensores en el mes de agosto de dos mil doce, y tampoco se trata de un hecho actual para que sea procedente emitir disposición alguna a efecto de que cese de manera inmediata. Notificaciones al quejoso. Ahora bien, en razón de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social en esta ciudad, notifíquesele personalmente esta determinación, así como las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. Provee petición de defensor. En otro aspecto, el quejoso solicita se le asigne un defensor para que lo represente en este juicio constitucional; por tanto, dado que se trata de una persona privada de su libertad, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y que le sea proporcionada la asistencia jurídica conducente, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 14 de la Ley de Amparo, 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera procedente solicitar a la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo y de no existir impedimento legal para ello, designe a un licenciado en derecho que pueda fungir como abogado representante del quejoso, para lo cual se anexa copia simple de la demanda de amparo; se hace del conocimiento a la autoridad en comento, que el oficio con el que dé respuesta a lo solicitado podrá remitirlo al correo institucional de este órgano jurisdiccional 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, visible en la página 1301, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. .......... Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente al quejoso recluido en el Centro Estatal de Reinserción con sede en esta ciudad.

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