Eduardo Mex Canché
Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ana FAbiola Chávez Calderón
- Eduardo Mex Canché
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno contra dicha determinación; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto atendiendo a sus particularidades, es de relevancia documental, por ubicarse en el supuesto a que se refiere la fracción X del diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte QUEJOSA, el contenido de la resolución de dieciocho de noviembre del año en curso, que dice: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, adscrita a la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; con el que informa que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós inscribió el acta de asamblea celebrada el veinte de febrero de dos mil veintiuno en el ejido N.C.P.E. José María Pino Suárez del municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, bajo el folio registral *****, la cual se encuentra a disposición del promoverte. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable, las consistentes en: I. Copia certificada del expediente de la solicitud *****. II. Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. En ese contexto, conviene señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es1. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de calificar e inscribir el punto 4 del acta de asamblea de ejidatarios celebrada el veinte de febrero de dos mil veintiuno en el NCPE José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica únicamente la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso que se analiza, de las documentales aportadas por la autoridad responsable ocursante, se advierte que dejó de surtir efectos en la esfera jurídica de la quejosa el acto reclamado consistente en la omisión de calificar e inscribir el punto 4 del acta de asamblea de ejidatarios celebrada el veinte de febrero de dos mil veintiuno en el NCPE José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Se afirma lo anterior pues el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós emitió calificación registral positiva respecto a la solicitud de tramite **** relativa a la inscripción de acta de asamblea correspondiente al ejido denominado N.C.P.E. José María Pino Suárez, ubicado en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, por lo que procedió a su inscripción en el folio de ejidos y comunidades número *****. Asimismo, emitió el aviso inscripción de esa propia data dirigido al gestor de la solitud de trámite, en el que informó que la solicitud de diecinueve de mayo de dos mil veintidós quedó inscrita en el folio de ejidos y comunidades número **** el tramite do servicio SEDATU-04-009 relativo al acuerdo de asamblea de aceptación/separación de ejidatarios o comuneros. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia en cita, pues el acto reclamado dejó de existir, en razón de que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió la calificación registral positiva respecto a la solicitud de trámite de inscripción de acta de asamblea de ejidatarios celebrada el veinte de febrero de dos mil veintiuno en el NCPE José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo y procedió a su inscripción con el folio de ejidos y comunidades número *****; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se tienen por designados con el carácter de delegados a los profesionistas que menciona la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe de cuenta. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, ****y ****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 838/2022, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata, sin tramitarse el incidente de suspensión al no haberlo solicitado expresamente. En la inteligencia de que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: "******." Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2022 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de veintinueve de junio del año en curso, se ordenó agregar el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de causas penales y juicios de amparo a su cuenta de FIREL "****", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito vía electrónica, por medio de su usuario "*****". En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, la parte quejosa promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo contra el acto que por esta vía constitucional reclama, en el entendido de que, en caso de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa aportando como medio de convicción las documentales que acompaña a su escrito inicial de demanda, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278, 279 y 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos que indica, previa toma de razón que se asiente y copia certificada que de los mismos se deje en autos. Asimismo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** y ****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado número a**** y ****, por así solicitarlo expresamente. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, como es un hecho notorio que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables, de conformidad con los artículos 20 y 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se dispuso que no se permitirá la entrada libre a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicaran en internet conforme a los previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por tanto, se instruye a la actuaría de esta adscripción para que la notificación de esta determinación la lleve a cabo en tales términos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a)El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b)Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c)El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d)Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e)Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f)Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g)En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Eduardo Ismael Ortega Martell491/2022
- Eduardo José Munive Vázquez484/2023
- Eduardo José Nínive Vázquez483/2020
- Eduardo José Ojeda Sosa289/2014
- Eduardo José Torres Maldonado117/2014
- Eduardo Lorenzo Castillo Leal185/2014
- Eduardo Padrón Suárez802/2022
- Eduardo Palacios Ramírez542/2023
- Eduardo Rafael Rodríguez Bernes176/2022
- Eduardo René Lizama Sánchez527/2016
- Eduardo Rene Lizama Sánchez935/2019
- Eduardo Sánchez Aguilar185/2017