Eduardo Mex Canche

Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
860/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Mex Canche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III-Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guarda el presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho lapso se hubiese interpuesto recurso de revisión alguno contra la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Comisariado Ejidal del NCPE José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, Quintana Roo, notificado por lista el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 35, párrafo tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos entre el expediente electrónico y el impreso. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense los oficios y anexo de cuenta, firmados por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, rinde informe justificado y exhibe la siguiente documental: - Copias certificadas del expediente de la solicitud de trámite 23220005351. Es de puntualizarse que las documentales anexas, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. En ese mismo tenor, se procede a analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio este juzgador las advierta, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese contexto, cobra vigencia la causa de improcedencia, prevista el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Se estima actualizada dicha causa de inejercitabilidad, cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando, como en el caso, sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Esto es, conforme al criterio citado se tiene que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos opera cuando durante la tramitación del juicio se hubiese colmado la violación alegada, volviéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del mismo, como si se hubiere otorgado el amparo y protección constitucional. Cabe destacar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente; hasta este momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente, sino que, ello en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. En el caso, se advierte que la demanda de amparo fue recibida el veintitrés de octubre de este año, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por medio del cual, los quejosos Eduardo Mex Canche, Ana Fabiola Chávez Calderón y Héctor Apolinar Huesca Damián, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, del Comisariado Ejidal del N. C. P. E. José María Pino Suarez, Municipio de Tulum (antes Solidaridad), del Estado de Quintana Roo, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclamó del secretario o director general de la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estadio de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: - "a). De la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, reclamo la omisión reiterada, en el ámbito de su competencia, de calificar e inscribir el Punto 4 del acta de asamblea ejidatarios celebrada en fecha 21 de febrero de 2021 en el ejido N.C.P.E José María Pino Suárez.." Asimismo, con las constancias que en copia certificada se recibieron en esta propia fecha, se advierte el aviso de inscripción de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, mediante el cual, se advierte que la solicitud No. 23220005351 de fecha 20 de mayo de dos mil veintidós, presentada por el C. Tah Ayala Mijail Natanael, en su carácter de gestor, se informa que ha quedado debidamente inscrito en el folio de ejidos y comunidades No. 23008005111121973R, de lo que se obtiene que con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional la omisión combatida a la autoridad responsable. Lo anterior, tomando en consideración que los quejosos reclaman la omisión de la inscripción de su solicitud, misma que se ha precisado que con posterioridad fue inscrita por la autoridad responsable; lo que pone de manifiesto que el acto reclamado quedó insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Puntualizando que el presente asunto se resuelve atendiendo al acto reclamado y en vista de los principios de congruencia previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente, como si se hubiera otorgado el amparo precisamente para el efecto de vencer esa abstención. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 184572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, página: 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como autorizados de las autoridades oficiantes a los profesionistas que citan y como domicilios para oír y recibir notificaciones los que señalan en sus informes de cuenta; así también el número de teléfono y correo electrónico, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por último, se ordena expedir a la parte quejosa, copia autorizada de la resolución de las constancias remitidas por las autoridades responsables, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la quejosa y agente del ministerio público adscrito a este juzgado, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    III-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que rinda informe justificado. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y tomado en consideración la carga de trabajo de este juzgado, se señala como nueva fecha y hora para su celebración las diez horas con quince minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    III-Agréguese el pedimento 313/2022, presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de que se trata, para ser tomados en consideración al momento de verificarse la audiencia constitucional, en el presente asunto. Por otra parte, una vez que se dicte la resolución respectiva, le serán otorgadas las copias certificadas que solicita, sin ser necesario que reitere su solicitud, dado que ello se ordenará en la propia resolución que se emita. Notifíquese por lista.

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