Eduardo Mercado Jiménez

Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Mercado Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cambio de competencia y denominación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que partir del uno de septiembre pasado, se modificó la competencia de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por lo anterior, se hace del conocimiento a las partes que este órgano jurisdiccional cambió de competencia y se especializa en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales conforme a los artículos 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asimismo, su nueva denominación es Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, por el que se declaró cumplido el fallo protector, en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo ya que no realizó manifestación alguna al respecto. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por considerarse que no tiene relevancia documental. Por tanto, una vez transcurrido el plazo aludido, a partir de esta fecha, dentro de los noventa días siguientes se depurará el presente expediente y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al cuaderno principal, algún documento con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en la caratula, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    NPQyMPo. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Se ordena dar vista a las partes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, en esta fecha se NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, el auto y/o resolución de CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, cuya síntesis es del tenor siguiente: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad vinculada al mismo, sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. Consecuentemente, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene precisar los efectos del fallo protector: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Eduardo Mercado Jiménez, para los efectos siguientes. 1. Que el Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, o la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica del justiciable, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales; a saber: - Los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de transmisión de propiedad en ejecución parcial de fideicomiso y contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Lo anterior no implica que en el futuro deba exentarse al agraviado del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos de este considerando. 2. Que se deje insubsistente el primer acto de aplicación de los numerales 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre a la parte solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización por la referida operación. Consecuentemente, se ordena restituir a la parte agraviada el numerario excedente de la cantidad que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de transmisión de propiedad en ejecución parcial de fideicomiso y contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. La restitución en el goce del derecho violado sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En ese orden, desde este momento queda establecido que la devolución de los pagos fundados en las normas declaradas inconstitucionales, deberá realizarse respecto de todos aquellos comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que esta sentencia sea definitiva. Lo anterior es así, pues en el caso de que la parte quejosa acuda en vía de autoliquidación a erogar el tributo cuya inconstitucionalidad quedó demostrada, estará en aptitud de proceder conforme a las reglas tributarias fiscales, esto es, podrá solicitar ante la autoridad exactora la devolución del pago de lo indebido, y sólo en caso de que dicha autoridad se niegue ficta o expresamente a devolverle la cantidad que le corresponde, es que podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, y en su caso el juzgado de distrito, conminar a las autoridades renuentes a respetar la sentencia concesoria de amparo. El criterio expuesto obedece a que al tratarse del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable a alguna autoridad fiscal, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. Sirven de sustento a lo aquí determinado las jurisprudencias P./J. 73/2007 y P./J.74/2009, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época página 64 y 63 registros digitales 166796 y 166816 respectivamente de rubros: SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA; y, REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. En esa virtud el amparo se concede para el efecto de que el Notario Público número Treinta y Ocho de la demarcación notarial de Querétaro, quien en su carácter de auxiliar de la administración tributaria en la recaudación de los derechos de trato, retuvo a la parte quejosa por concepto de pago de derechos por las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, acorde a los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, conforme a la factura digital con número de serie y folio B-6915, de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, no lo entere en su totalidad a la autoridad de finanzas estatal respectiva, sino únicamente por cada uno de los derechos registrales retenidos la cantidad mínima que prevé el citado artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro (3.75 Unidad de Medida y Actualización -UMA- a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro) y devuelva a la parte quejosa el excedente. En la inteligencia de que, si a la fecha de ejecución de esta sentencia, la cantidad retenida por las contribuciones de trato, ya hubiesen sido entregadas a la autoridad exactora Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, ésta deberá dar cumplimiento en los términos precisados. De ahí que en ejecución de sentencia, de ser el caso, deberá requerirse a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, debido a que es la autoridad encargada de recaudar el pago de las contribuciones contempladas en los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; siempre y cuando el fedatario haya enterado las cantidades correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 178, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, página 145, registro 917712, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En el entendido de que en términos de los artículos 38 y 40 ambos del Código Fiscal del Estado de Querétaro, tal devolución debe realizarse debidamente actualizada. (.)" ACTO DE AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO. Por oficio agregado el siete de julio de dos mil veintidós, la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado desincorporó de la esfera jurídica del quejoso y dejó de aplicar los preceptos declarados inconstitucionales, esto es, los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de transmisión de propiedad en ejecución parcial de fideicomiso y contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Además, por auto de veintiuno de julio de los corrientes, el Titular de la Notaría número Treinta y Ocho (38) de la demarcación notarial de Querétaro puso a su disposición la cantidad de $24,543.00 (veinticuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al excedente del numerario retenido, en perjuicio de la parte quejosa por la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales. ANÁLISIS EVALUATIVO. De lo anterior, se concluye que la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y el Titular de la Notaría número Treinta y Ocho (38) de la demarcación notarial de Querétaro dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es así, ya que por una parte la autoridad respectiva desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y por otra el Fedatario Público dejó a su disposición la cantidad correspondiente al excedente del numerario retenido por la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales; lo anterior, sin que la parte quejosa hubiera manifestado su inconformidad al respecto, de ahí que se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante del amparo quedó subsanada. En esa virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que el cumplimiento de la responsable se ajusta a los lineamientos establecidos en los efectos para los que se concedió el amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por el Titular de la Notaría número Treinta y Ocho (38) de la demarcación notarial de Querétaro, a través del cual comparece en atención al requerimiento que le fue formulado en autos e informa que realizó las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio y anexos que se agregan en esta fecha y así como con la promoción 9457, relativos al cumplimento a la ejecutoria de amparo, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.

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